SAMUEL SCHMIDT PARA ENLACE JUDÍO
Legislación avanzada, sociedad retrasada
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Leo en el periódico que México tiene una legislación avanzada contra la opacidad, al mismo tiempo leo que los políticos encuentran el camino para no cumplir con la ley de transparencia. Encuentro que tenemos leyes contra la corrupción muy bien escritas, pero si en algo avanzamos es en corrupción, la gente reporta haber dado dinero en números crecientes; durante mucho tiempo tuvimos una ley del trabajo muy avanzada que lograba ser evadida con facilidad ya sea por complicidad de los sindicatos, por soborno a inspectores o tolerancia de la autoridad.
Recientemente fue cambiada para acercarse a la de Estados Unidos que es todo lo contrario, tal vez se reduzca el soborno pero ya está aumentando el abuso.
Se ha elevado el agua a la categoría de derecho humano en la constitución, tenemos una ley de protección ambiental, una ley de migración. Podría seguir con la lista de buenas leyes que se han aprobado a lo largo de los años y aburrir o sorprender a los lectores(as) que posiblemente no conozcan este ramillete de leyes que hacen a México un país de avanzada, sin embargo, no deja de llamarme la atención que si tenemos tantas leyes tan buenas ¿por qué el país retrocede en lugar de avanzar? ¿por qué no somos capaces de respetar nuestras leyes?, ¿por qué se ha insertado en lo más profundo de nuestra cultura el concepto de que “las leyes se hicieron para violarlas” y que “es mejor un mal arreglo que un buen pleito”? ¿Acaso México es un país avanzado y progresista en el papel?
México se caracteriza por la ausencia de cultura legal, más de uno está convencido que la frase “las leyes se hicieron para violarlas” es una síntesis de sabiduría popular. Estamos persuadidos que la influencia es un instrumento más poderoso que las leyes y la justicia, que se puede comprar jueces y eso todavía mucho antes de enterarnos de las porquerías que hizo el magistrado Genaro Góngora Pimentel, presidente de la Suprema Corte de Justicia de 1999 a 2003 (entre otras tomó como amante a una mujer a la que convirtió en magistrada y luego la protegió de malos manejos, luego metió a trabajar en la Corte a una amante con la que procreó dos hijos, o sea, que la nación pagaba las aventuras amorosas del juez que ha ensuciado el nombre de los cerdos, encarceló a una de las amantes y les regatea la pensión alimenticia a los hijos, porque ahora sale de su bolsillo).
No violamos las leyes porque los magistrados también lo hacen, tal vez ellos mantienen esa conducta como resultado de la cultura nacional, finalmente son magistrados mexicanos, no suecos. Y por lo visto aunque el cerdo se vista con toga cerdo se queda (alusión directa a los magistrados que alguna vez en su vida se han corrompido, a los otros no). Habrán notado que no hablo de comprar policías o agentes del ministerio público porque eso se da por sentado, hay quién justifica que esos funcionarios se vendan porque ganan poco. Más cinismo es difícil encontrar.
En varios ejercicios de encuesta se le preguntó a mexicanos si en el caso de tener un accidente con un influyente, este tuviera la culpa, que oportunidades tendrían que les den la razón frente al juez y la respuesta es descorazonadora, la gente se siente –y posiblemente es- inerme frente a los influyentes, o sea que las leyes y la justicia sirven de poco para normar las relaciones entre las personas, porque el elemento dominante parece ser el dinero, los conocidos, la posición social, mientras la razón jurídica podría calificarse en un lugar muy bajo. Pero además no se le puede pedir conocimiento de leyes a quién no lee.
Me rompe el corazón leer sobre la trata de mujeres VIP –en México hasta a la rueda de la fortuna en Puebla le metieron una sección VIP, no vaya a ser que se nos olvide que todavía hay clases sociales-, una de las víctimas denuncia que entre los clientes que le ponían había magistrados, diputados, senadores, en fin, aquellos que deberían haber cerrado ese negocio y hacer justicia.
Un periodista encuentra a un tratante de mujeres que las avienta a un cocodrilo cuando las descarta, pero las autoridades no lo encuentran porque otras lo protegen. Me entero que un funcionario de derechos humanos llevó a su hijo menor de edad con una prostituta, doble falta: corrompe a un menor y promueve la prostitución; para no perder la memoria recordemos que tras las infamias que sufrió Lydia Cacho estaba un gobernador y al parecer políticos de alto nivel.
¿En qué se diferencia un diputado pederasta de un cura que hace lo mismo?
En que la institución que lo protege es distinta. Y la sociedad, ¿hasta cuándo callará?
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