Enlace Judío México | 13 de octubre 2013.- La última ejecución de un preso por el régimen de Hamás ha despertado en Gaza el debate sobre esta práctica, que se ha ganado las condenas del Gobierno de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Ramala y de grupos pro derechos humanos.
La ejecución por ahorcamiento tuvo lugar en Gaza principios de mes después de que un tribunal de la franja condenara al reo Hani Abu Elian, de 28 años, culpable de la violación y asesinato en 2000 de un adolescente de 15 años de la localidad de Rafah, en el sur del territorio, y del asesinato de un conocido suyo en 2009.
El Ministerio del Interior de Hamás asegura que el condenado confesó haber abusado y asesinado al adolescente durante un interrogatorio por el segundo caso.
Al anunciar el veredicto en agosto pasado, las autoridades de la franja dijeron que la aplicación de la pena capital se realizaría ante una audiencia limitada, integrada por funcionarios de Hamás, representantes del clan del condenado y familiares de la víctima.
Jalil Abu Shamalan, director del centro A-Dameer con sede en Gaza, asegura que los grupos defensores de los derechos humanos en la franja “tienen una posición clara sobre las ejecuciones llevadas a cabo por las autoridades de Hamás y es la de rechazarlo de plano”.
“La pena de muerte y las ejecuciones en Gaza no son disuasorias y nunca acaban con los crímenes ni aquí ni en otras partes del mundo”, manifestó a Efe.
El director de la ONG arguyó que el hecho de que las ejecuciones “se lleven a cabo en público, supone una violación de los valores legales y morales y del espíritu de la ley”.
El citado Ministerio bajo autoridad de Hamás defendió en un comunicado difundido poco después de la ejecución, que Abu Elina fue condenado a cadena perpetua por el primer caso en el que asesinó al adolescente, y que la pena de muerte fue dictaminada por el segundo homicidio ocurrido en 2009.
Aparentemente la nota de Hamás trata de acallar las críticas de organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, que además de pedir reiteradamente el fin de las ejecuciones en Gaza, subrayaron que el condenado era menor de edad cuando cometió el primer crimen y por tanto, la ilegalidad que suponía condenarlo a la pena capital en esa circunstancia.
Conforme a los datos proporcionados por grupos pro-derechos humanos en Gaza y la ANP, desde 2010 el movimiento islamista -que tomó violentamente el control de la franja en 2007- ha ejecutado a 17 palestinos, la mayoría acusados de colaborar con Israel.
La Comisión Independiente para los Derechos Humanos en Gaza recuerda que en 2012 milicianos vinculados a Hamás ejecutaron extrajudicialmente por medio de disparos a siete individuos sospechosos de colaborar con los israelíes.
Estas ejecuciones sumarias se produjeron en las calles y a plena luz del día durante la semana que se prolongó el último conflicto bélico entre Israel y Hamás en noviembre del año pasado.
De acuerdo a la Ley Básica palestina, toda ejecución en el territorio palestino requiere la aprobación del presidente de la ANP, quien tiene potestad para autorizarla o conceder el perdón al condenado.
No obstante, el Ejecutivo de Hamás en Gaza ha ignorado este punto en las 17 ejecuciones tanto de colaboradores como delincuentes y no reconoce la autoridad de Mahmud Abás como presidente palestino aduciendo que su mandato legal como presidente expiró en 2010.
Bajo la legislación palestina, colaborar con Israel, asesinar o realizar tráfico de estupefacientes son delitos que pueden ser castigados con la pena capital.
Mustafa Ibrahim, activista de la Comisión Independiente en Gaza dijo a Efe que “de acuerdo al procedimiento penal, la aprobación de las ejecuciones es una de las mayores potestades del presidente palestino y cualquier ejecución sin su aprobación es ilegal”.
Insiste además en que tanto el Gobierno de Hamás en Gaza como el leal a la ANP en Cisjordania cometen el error de “llevar a los criminales ante tribunales militares en lugar de cortes civiles, lo que en sí supone otra violación de la ley”.
La ANP en Ramala calificó en un comunicado de “ilegales” las ejecuciones en Gaza y sostiene que “en lugar de violar los derechos humanos, las autoridades de Hamás deben acabar con la división interna e ir a elecciones, entonces tendremos un gobierno electo, y las ejecuciones serán llevadas a cabo en consonancia con la ley”.
En el territorio palestino de Cisjordania no hay ejecuciones desde hace años y el presidente Abás no ha autorizado ningún caso. Las últimas dos ejecuciones expedidas por la ANP ocurrieron durante la segunda Intifada (2000-2005).
Fuente:teinteresa.es
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