Enlace Judío México | El 10 de octubre, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) entregó una serie de recomendaciones al gobierno panista de Miguel Márquez Marquez para que investigara las violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades en contra de María de la Luz Salcedo Palacios, conocida como “Lucero”, y para investigar los 55 feminicidios cometidos en la entidad este año.
Las recomendaciones fueron entregadas unos meses después de que fuera negada por segunda vez la declaratoria de Alerta de Violencia de Género para el gobierno de Guanajuato.
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En cinco años de funcionamiento del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, nunca ha sido declarada una alerta de género en ningún estado.
La solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género se da cuando se considere que en un territorio determinado se perturba la paz social por la comisión de delitos contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres o cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
Guanajuato es el único estado que ha recibido dos solicitudes de Alerta de Violencia de Género. La primera la recibió en 2009 el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La segunda solicitud de declaratoria de Alerta para Guanajuato fue presentada en abril de este año.
Las dos se suman a las recibidas por los estados de México, Nuevo León e Hidalgo y todas han sido rechazadas.
Resulta que quienes integran al Sistema son representantes de los gobiernos estatales, y han votado en contra de las solicitudes, en aras de no convertir a sus estados en el primero en decretar la Alerta, y ante el temor de ser señalados políticamente.
Guanajuato este mes ha estado en la mira de los activistas a favor de los derechos de las mujeres y del Inmujeres, por los 55 feminicidios que este año se han cometido en la entidad, y los abusos cometidos de parte de autoridades de procuración de justicia en contra de “Lucero”, luego de que presentó una denuncia contra un sujeto que intentó violarla y matarla.
Ante el trabuco que representa declarar la Alerta de Violencia de Género, la Presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez ha optado por la figura de recomendar medidas emergentes, lo más cercano a lo que una declaratoria implicaría, y que en el caso de Guanajuato entregó el 10 de octubre.
Pero esta situación podría cambiar para el mes de noviembre, ya que el Instituto, en coordinación con otras entidades, planea modificar el mecanismo para declarar la Alerta de Violencia de Género.
En lugar de que sean los institutos de las mujeres de las 32 entidades los que voten si se debe declarar o no una alerta, el proyecto plantea que un grupo de expertas sea quienes la declaren, y así evitar que cada votación se politice.
“Estamos en el proceso casi terminado de multisesión al procedimiento de Alerta de Violencia de Género. Esta se ha enfrentado a una serie de obstáculos de carácter político, hay un gran temor desde el Sistema nacional que integran los propios estados para procesar las solicitudes, cuando justo la Alerta de Género busca ser una herramienta de intervención para hacer frente a una situación de violencia contra las mujeres, justo para superar esos obstáculos. En breve estaremos anunciando la modificación a la alerta”, dice en entrevista con SinEmbargo el Coordinador de Asuntos Jurídicos del Inmujeres, Pablo Navarrete.
Desconoce cuántas expertas formarían el grupo propuesto, pero será un número impar para destrabar votaciones “Con ese cambio esperemos se le quite el freno de mano a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género que no ha cumplido las expectativas para las cuales fue creada y en su momento incluso Naciones Unidas la consideró el instrumento jurídico de protección a la vida más innovador para las mujeres en América Latina y el mundo.
De poco nos sirve presumirla si no la hemos aplicado hasta ahora”, reconoce. La declaración de Alerta por Violencia de Género tiene por objeto fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por la existencia de un agravio comparado a través de acciones gubernamentales federales y de coordinación con las entidades federativas y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. Esto de acuerdo con el Reglamento, publicado el 11 de marzo de 2008.
BUSCAN DESPOLITIZAR ALERTA
Navarrete refiere el caso guanajuatense, en el que el Centro las Libres presentó una solicitud en abril de este año y la discusión se llevó a cabo por parte del sistema.
“Hay que recordar que el sistema está conformado por las 32 instancias de la mujer del país y nueve dependencias de la administración pública federal que tienen derecho a voz y voto, seis que sólo son invitadas, no tienen derecho a voz y voto, si tu sumas las nueve más seis son 15, el sistema colegiado es de 32 instancias de mujeres y 9 dependencias con derecho a voto, mas seis invitadas, si tu sumas son 15 contra 32, somos minoría como gobierno federal frente a un sistema que está mayoritariamente representado por los gobiernos locales y las votaciones han sido adversas”, explica.
Esa ocasión 20 votos se opusieron a investigar los feminicidios, 3 a favor y ocho abstenciones. El nuevo mecanismo implicaría que un grupo de expertas independientes nacionales e internacionales sean las que determinen si hay los elementos y condiciones para declarar una alerta de género en el estado y si no cuáles medidas tomar, añade el funcionario.
“Pero ya no entra un proceso de votación del Sistema, sino que se hace de manera directa e inmediata muy similar a como actúan los mecanismos de vigilancia de los tratados de la ONU que emiten recomendaciones al Estado en la materia, entonces ya se activaría un mecanismo. ¿A qué contribuiría esta fórmula? A despolitizar la herramienta y así hacerla mucho más ágil y eficiente frente a la situación de violencia contra las mujeres”, prevé Navarrete.
La nueva disposición formaría parte de una modificación al Reglamento de la Ley General de Acceso a de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El documento ha sido consultado con organizaciones de la sociedad civil, expertas en materia de género, diputadas federales y senadoras.
“Ha habido consenso, hay una plena concordancia que debemos sacar del sistema la discusión de la alerta y que ha llegado a politizarse a niveles que la han hecho inaplicable y segundo que sea un instrumento de análisis e intervención planteado desde un grupo de expertas donde no haya más que el razonamiento técnico y jurídico, no político”, expone.
La fecha elegida para dar a conocer la modificación al reglamento podría ser incluso antes del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
ESCEPTICISMO
Rodolfo Domínguez, abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio confirma que han sido consultados para modificar el reglamento, y ve viable que sea presentado el 25 de noviembre, ya que ve mucha presión hacia el gobierno federal en la materia. Las solicitudes de alerta de violencia de género no han prosperado porque las autoridades estatales las ven como mecanismo de presión o golpeteo político, o como si en caso de que avance fuera una etiqueta de estado fallido o mecanismo de golpeteo.
Recuerda el caso del Estado de México, donde la solicitud fue presentada en diciembre de 2010, cuando aún gobernaba quien a la postre se convertiría en Presidente de México, Enrique Peña Nieto. Ahí no pasó bajo el argumento de que la violencia feminicida no estaba comprobada, pero Domínguez considera que eso fue un pretexto.
“Vemos que son argumentos pobres que van en la misma línea de negar declaratoria por motivos políticos”
Por ello presentaron un amparo y esperan echar abajo el argumento.
Enterado de la modificación al reglamento, es escéptico al respecto.
“Preocupa que puedan estar poniendo nuevos obstáculos y es preocupante porque repetiríamos vicios”, dice.
Pide estar atento a que no sean las entidades las que condicionen la aceptación de la declaratoria, o a que puedan rechazarla.
“Los candados vienen después, se les da vista a los estados que acepten o no, y la investigación queda sin efectos y se burocratiza”, señala.
De acuerdo con Domínguez, las entidades donde hay discriminación o feminicidios y ameritan una declaratoria de Alerta de Violencia de Género son Chiapas, Sinaloa, Edomex, Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sonora, Oaxaca, Guerrero, Guanajuato y Morelos, concluye.
Fuente:sinembargo.mx
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