JAVIER EL-HAGE / ROBERTO GONZÁLEZ
Enlace Judío México | La asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encuentra celebrando su 68º período de sesiones en la ciudad de Nueva York. Como sucede todos los años, las diferentes delegaciones de los Estados miembros se reúnen para discutir, negociar y suscribir acuerdos de alto nivel. Ayer 12 de noviembre se llevó a cabo un evento de particular importancia: la elección por un periodo de tres años de 14 Estados que pasaron a formar parte del organismo más importante de defensa y promoción de los derechos humanos en la ONU, el Consejo de Derechos Humanos. Irónicamente, no fueron los Estados democráticos y respetuosos de las libertades fundamentales quienes salieron victoriosos en esta votación; por el contrario, fueron principalmente dictaduras y gobiernos autoritarios como Arabia Saudita, Argelia, China, Cuba, Rusia y Vietnam los electos para integrar este Consejo. Por América Latina, se eligió también al gobierno de México, que se une al elenco de naciones democráticas como Alemania, Austria, República Checa, Chile, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos y Japón que también integran el Consejo.
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En el año 2006, mediante la resolución 60/251, la asamblea general de la ONU creó el Consejo de Derechos Humanos como el órgano responsable de promover el respeto universal y la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales en el mundo. Entre las facultades confiadas al Consejo se encuentran la responsabilidad y designación de los procedimientos especiales (grupos de trabajo, expertos independientes, relatores especiales, etc.), la revisión de los exámenes periódicos universales sobre la situación de los derechos humanos en los 192 Estados miembros de la ONU, así como la recepción de denuncias individuales realizadas por personas —incluidas ONGs— que afirmen ser víctimas de violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales. Los 14 Estados que fueron electos ayer representan poco menos de un tercio del total de 47 miembros que tiene el Consejo de Derechos Humanos (un tercio de los cuales se eligen anualmente por periodos de tres años). La lista completa de miembros incluye a gobiernos dictatoriales y autoritarismos competitivos como los de la República Democrática del Congo, los Emiratos Árabes Unidos, Kazajistán, Pakistán y Venezuela.
El Consejo fue creado con el objeto de sustituir a la antigua Comisión de Derechos Humanos, un órgano creado por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) en 1946. Previo a su desaparición, la Comisión sufrió un proceso gradual de críticas y desprestigio, precisamente por el absurdo de que sus miembros eran mayoritariamente regímenes dictatoriales que se asociaban para bloquear y neutralizar cualquier posibilidad de denuncia verdadera sobre la grave situación de los derechos humanos en sus países. El mismo Kofi Annan, secretario general de la ONU en ese momento, indicó en el año 2005 que “la disminución de la credibilidad y el profesionalismo de la Comisión de Derechos Humanos” había menoscabado progresivamente la capacidad de desempeñar sus funciones. Específicamente, Annan criticó que algunos Estados se habían “hecho miembros de la Comisión no para afianzar los derechos humanos sino para protegerse contra las críticas o para criticar a otros”; dando como resultado “un déficit de credibilidad” que empañaba “todo el sistema de las Naciones Unidas”.
Para evitar que la desastrosa historia de la Comisión de Derechos Humanos se repitiera, la asamblea general estableció estándares mínimos que los Estados miembros deberían cumplir para pertenecer al recién creado Consejo. El numeral 8 de la resolución 60/251 estableció que al elegir a los miembros del Consejo, los Estados “deberán tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción y protección de los derechos humanos y las promesas y compromisos voluntarios que hayan hecho al respecto”. La resolución también indicó que se debía tener en cuenta el mérito de los candidatos para “aplicar las normas más estrictas en la promoción y protección de los derechos humanos”, así como para “cooperar plenamente con el Consejo”.
El pasado 4 de noviembre, Human Rights Foundation en conjunto con UN Watch publicaron un informe denunciando a varias de las candidaturas sometidas a decisión de la asamblea. El informe evaluó la idoneidad de cada uno de los candidatos de acuerdo a un análisis de dos fases basado en los criterios de selección desarrollados en la propia resolución de la asamblea general.
La primera fase del análisis consistió en examinar las credenciales de cada país en relación al respeto por los derechos humanos dentro de su territorio. La segunda fase consistió en examinar los antecedentes de cada país con respecto a la promoción de los derechos humanos en la ONU, bajo la premisa de que ésta no debe elegir Estados que probablemente utilizarán su puesto privilegiado en el Consejo para impedir resoluciones a favor de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en países donde estos son violados sistemáticamente.
De acuerdo con la primera fase del análisis, la idoneidad de un Estado debe estar determinada, en términos generales, por la calidad democrática o antidemocrática de su gobierno. Es decir, una dictadura (sociedades cerradas, regímenes completamente dictatoriales) estará por lo general considerada como “no calificada”, un régimen híbrido (autoritarismos competitivos, democracias no liberales) será también por lo general “no calificado” o “cuestionable”, y una democracia (democracias representativas, democracias liberales) estará por lo general “calificada” para integrar el Consejo.
La segunda fase del análisis consistió en evaluar si estos países (democráticos o no democráticos) ejercen o pueden ejercer una influencia positiva o negativa en el Consejo. En la mayoría de los casos, las probabilidades del voto futuro de un Estado pueden ser inferidas razonablemente en base al registro de votaciones anteriores sobre resoluciones en materia de derechos humanos.
Evaluando ambos aspectos entre las 17 candidaturas que este año pugnaron por 14 puestos, HRF determinó que solamente las democracias de Francia, Inglaterra, México y Macedonia estaban “calificadas” para integrar el Consejo, que los autoritarismos de Maldivas, Marruecos y Sudán del Sur, así como los gobiernos democráticos de Namibia, Sudáfrica y Uruguay eran candidatos “cuestionables”, y que las dictaduras de Arabia Saudita, Argelia, China, Cuba, Jordania, Rusia y Vietnam eran candidatos “no calificados”.
Resulta escandaloso, por ejemplo, que la asamblea general haya confiado la defensa y promoción de los derechos humanos a algunas de las peores dictaduras y regímenes autoritarios del mundo. Es el caso de China, cuyo gobierno mantiene en prisión Liu Xiaobo, Premio Nobel de la Paz 2010. Xiaobo fue condenado a 11 años de cárcel por haber liderado el movimiento democrático Carta 08, un manifiesto firmado por cientos de intelectuales y activistas chinos que pedía a Beijing democracia, libertad y derechos humanos. La Carta 08 estuvo inspirada en el movimiento Carta 77, encabezada por Václav Havel, primer presidente democrático de la República Checa y exsecretario general de HRF.
Lo mismo sucede con Cuba, la única dictadura que queda en el hemisferio occidental —luego de que cayeran las dictaduras militares anticomunistas en los años 80— y un régimen caracterizado por deshumanizar a cualquier opositor político con las etiquetas oficiales de “gusano” o “mercenario”. El pasado 12 de marzo, mientras Rosa María Payá (hija del disidente fallecido Oswaldo Payá, ganador del Premio Sájarov del Parlamento Europeo) dirigía unas palabras ante el Consejo gracias a la invitación de UN Watch, el representante de Cuba, Luis Amorós Núñez, interrumpió la intervención de Payá golpeando la mesa en repetidas ocasiones. Cuando el presidente del Consejo le cedió la palabra, Núñez expresó: “disculpe por el ruido en la sala, pero era necesario interrumpir la intervención de la mercenaria que ha osado venir a esta sala, y queremos preguntarle señor presidente, ¿si este debate del tema 4 es para referirse a cuestiones generales que puedan demostrar un patrón de violaciones de derechos humanos, o también se presta para abordar cuestiones específicas como lo está haciendo la mercenaria que está haciendo uso de la palabra en este momento? […] Agradeceríamos que nos las aclare [sic], y que también ilustre a la mercenaria que está haciendo esta intervención.” Inmediatamente, Bielorrusia, China, Nicaragua, Pakistán y Rusia apoyaron la moción del representante de la dictadura cubana.
En cuanto a la segunda fase del análisis, también resulta lamentable que se haya electo a países como Namibia y Sudáfrica, quienes a pesar de ser democracias liberales respetuosas de los derechos de sus ciudadanos, constituían candidaturas “cuestionables”, ya que frecuentemente votan junto a las dictaduras que dominan el Consejo bloqueando cualquier resolución a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos en países dictatoriales. En contrapartida, estos Estados suelen apoyar iniciativas como la resolución por los “derechos humanos y diversidad cultural” presentada por Cuba, que no busca apoyar a las minorías tibetana o uigur perseguida por el gobierno chino, ni a la minoría chechena masacrada por el gobierno ruso, sino que tiene la única finalidad de diluir los conceptos de democracia y derechos humanos para sostener que gobiernos como el de Kim Jong-un, el de Bashar al-Assad o el de Raúl Castro son “democracias populares” o “revoluciones permanentes” que protegen los derechos humanos a su manera. Por supuesto, en Cuba, los “gusanos” no son considerados seres humanos.
La flamante elección de Arabia Saudita, Argelia, China, Cuba, Rusia y Vietnam al Consejo de Derechos Humanos hacen recordar la lamentable historia que llevó al desprestigio y desaparición de la Comisión que lo antecedió. A tan solo 7 años de su creación, el Consejo ya presenta el mismo cuadro de enfermedad terminal que puso a los países democráticos en la disyuntiva de continuar participando o no de aquel circo.
En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, son los zorros los que cuidan el gallinero.
*Javier El-Hage es director jurídico y Roberto González abogado asociado de Human Rights Foundation, una organización internacional de derechos humanos con sede en Nueva York.
Fuente:elpais.com
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