Enlace Judío México | 28 de diciembre 2013.- Si la gente le da todos sus datos a Facebook o a Google, ¿qué motivos tiene para rechazar que el Gobierno tenga datos sobre sus llamadas telefónicas y búsquedas a través de internet, si éstas han sido aprobadas por un tribunal y no incluyen el contenido de las mismas?
Ése es el eje del argumento del juez William Pauley, de Manhattan, para considerar legal las operaciones de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos desveladas por el ex espía Edward Snowden, actualmente asilado en Rusia.
Pauley desechó ayer una denuncia por inconstitucionalidad presentada por la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU, según sus siglas en inglés), un grupo de izquierdas de defensa de los derechos humanos. La ACLU, que había planteado la denuncia el 11 de junio, apenas una semana después de que Snowden empezara a realizar sus revelaciones, declaró ayer su intención de recurrir la sentencia.
La sentencia de Pauley significa un paso en lo que cada día parece más inevitable: que el Tribunal Supremo se tenga que pronunciar sobre las actividades de la NSA, una organización que tiene un presupuesto de 10.000 millones de euros y que, en colaboración con las grandes empresas de internet, rastrea las telecomunicaciones de todo el mundo.
Sólo una de las unidades de la NSA, el Grupo de Fuentes Especiales, capta cada 14 segundos y 40 centésimas la información equivalente a toda la Biblioteca del Congreso de EEUU, un inmenso archivo en el que hay 34,5 millones de libros y 117 millones de fotografías, mapas y manuscritos. El escudo del Grupo de Fuentes Especiales es un águila con un manojo de cables en sus garras.
La razón por la que las actividades de la NSA podrían acabar en el Supremo es que hace menos de dos semanas, otro juez, Richard Leon, decidió exactamente lo contrario que Pauley: la recolección de datos por la NSA “es, casi con toda certeza, inconstitucional”.
El Supremo, en teoría, sería favorable a la NSA. Por un lado, hay una mayoría de jueces conservadores, que favorecen un enfoque duro en la lucha contra el terrorismo. Por otro, el propio presidente del Tribunal, John Roberts, es la persona que nombra a los jueces que forman parte del tribunal secreto que decide -y, de forma casi sistemática, aprueba- las solicitudes de la NSA para llevar a cabo sus operaciones.
Según el periodista especializado en el Supremo Lyle Denniston, que trabaja para la agencia de noticias Bloomberg, “la divergencia en las sentencias no es una sorpresa”, dado que “las cuestiones que rodean al programa global de metadata de la Agencia Nacional de Seguridad son nuevas y no son fáciles de resolver”.
Pauley sostiene que las actividades de la NSA son consecuentes con la Cuarta Enmienda de la Constitución, que protege a los ciudadanos contra “registros y búsquedas que no sean razonables” y establece la necesidad de que haya una orden judicial antes de llevar a cabo una operación de ese tipo. El juez afirma que la recolección de metadata por la NSA da una capacidad de “contragolpe” a EEUU necesaria para la lucha contra el terrorismo y la salvaguardia de la seguridad nacional.
Fuente:elmundo.es
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