DAVID ALANDETE
Enlace Judío México | Criticar a las autoridades palestinas se paga caro. De hecho bien puede conllevar riesgo de ruina. Lo sabe muy bien el empresario Mohamed al Sabawi, quien a finales de año pasado se atrevió a decir en público que “la gente quiere la caída” del presidente Mahmud Abbas. En represalia, fue detenido e interrogado durante nueve horas. Su familia inició entonces una campaña de protesta. Ahora el Gobierno palestino quiere forzarla a callar, privando a sus compañías de autorizaciones, privilegios y clientes. Hacerle la oposición a esos dirigentes se ha convertido en un ejercicio arriesgado en Cisjordania, justo en un momento en que la Autoridad Palestina negocia con Israel la creación de un Estado propio a iniciativa de Estados Unidos.
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Muchas organizaciones humanitarias opinan que esas coerciones no obedecen a una política gubernamental, sino a un exceso de celo de los servicios de seguridad. “El problema es que las fuerzas de seguridad palestinas no rinden cuentas por estos arrestos arbitrarios”, dice Bill Van Esweld, representante de Human Rights Watch en Ramala. “No hay evidencias fuertes de que los abusos estén conectados con el Presidente. Todo apunta a que son iniciativas propias de las fuerzas de seguridad”.
El empresario Al Sabawi, refugiado palestino que tiene pasaporte canadiense, expresó esa voluntad de ver marcharse a Abbas en noviembre, después de que las fuerzas de seguridad ocuparan, durante la visita a Ramala del presidente francés François Hollande y sin permiso, la terraza de uno de sus edificios, donde alquila oficinas Naciones Unidas. Su hijo, Khaled, tilda el arresto de “detención ilegal”. “¿Quién controla Palestina? Es Abbas. Él es responsable de sus empleados y de cómo actúan, incluidos los servicios de seguridad”, mantiene.
El general Adnan Damiri, portavoz de las fuerzas policiales palestinas, asegura que el arresto de Al Sabawi obedeció únicamente a motivos de seguridad durante la visita de Hollande. “El señor Al Sabawi debería dejar de proyectar sobre otros sus problemas económicos”, añade. “La policía palestina no hace política”, puntualiza. “No interferimos en las libertades de expresión, ni en las críticas al presidente ni a nadie. No tenemos problema alguno con las críticas políticas. Sí estamos en contra de la difamación, y aún así no arrestamos a nadie hasta que tenemos una orden de la fiscalía para ello”.
Al Sabawi, por su parte, opina que a su padre le están acosando al “más puro estilo de una mafia”. A la inmobiliaria Union Construction Investment, de la que Al Sabawi es accionista mayoritario, el Gobierno palestino le ha dificultado el registro de parcelas adquiridas para construcción, lo que impide su reventa. La aseguradora Al Ahalia, también propiedad de Al Sabawi, ha visto como la Guardia Presidencial palestina ha cancelado la compra de pólizas para sus empleados.
Las fuerzas de seguridad también han arrestado a periodistas palestinos críticos con el Gobierno. George Kanawati, presentador de un programa de quejas ciudadanas en una radio de Belén, fue detenido en noviembre y salió de su interrogatorio con un ojo morado. Mamdo Hamamreh, de la televisión Al Quds, fue condenado a un año de cárcel por publicar en Facebook una foto comparando a Abbas con un villano televisivo.
El propio Abbas perdonó a Hamamreh, algo que para las organizaciones humanitarias es significativo. “No es el presidente quien ordena estas acciones”, asegura Musa Rimawi, que dirige el Centro Palestino para el Desarrollo y las Libertades de Prensa. “Hay en las fuerzas de seguridad quien quiere demostrar que es muy leal, y lo hace así”.
Los territorios palestinos ocupan el puesto 138 en el nuevo índice de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, publicado la semana pasada, por detrás de países como Afganistán. El año pasado, varios periodistas palestinos protestaron en Ramala contra el silenciamiento de periodistas críticos. En una carta al primer ministro, Rami Hamdalá, denunciaron prácticas “dañinas” y “vergonzantes”.
Entre ellas, el arresto durante 10 días de 2012 de Yousef Shayeb, por escribir un reportaje en el diario jordano Al Ghad en el que dejó al descubierto una trama de corruptelas en la embajada palestina en Francia, que llegó a salpicar al ministro de Exteriores Riad al Malki. Por las presiones del Gobierno palestino, Shayeb perdió su trabajo en ese periódico y aún tiene pendiente de resolver una causa abierta por injurias.
“Pensé que recibiría reconocimiento, por denunciar abusos y avanzar la libertad de prensa en Palestina. Imaginé que abrirían una investigación”, dice hoy. “Al contrario, me detuvieron y me denunciaron”. Los servicios de seguridad le pidieron que delatara a sus fuentes y entregara los documentos en los que basó su investigación. Él se negó.
El mandato del presidente palestino expiró en 2010. El último año en que hubo elecciones fue 2006. Tras una guerra, el grupo islamista Hamás tomó el control de Gaza y el partido Al Fatah, en el que milita Abbas, se mantuvo en Cisjordania. Israel ocupó militarmente ambos territorios en 1967 y se retiró de Gaza en 2005. En Cisjordania la Autoridad Palestina sólo tiene control civil sobre el 40% del territorio. En el resto, Israel ha extendido unas colonias consideradas ilegítimas por el derecho internacional. Hay un consenso entre activistas, periodistas y observadores palestinos de que la peor amenaza para la libertad de prensa en Cisjordania es esa ocupación israelí.
Muchos disidentes creen que Abbas cede demasiado en las negociaciones con los israelíes. En 2012 el presidente decidió invitar a Ramala a quien entonces era viceprimer ministro de Israel, Shaul Mofaz. Aquello incendió las calles palestinas, pues Mofaz fue jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel durante el estallido de la segunda intifada, y muchos palestinos le acusan de haber ordenado un tortuoso aislamiento de Arafat.
La visita de Mofaz provocó una serie de protestas contra Abbas que fueron contenidas con mano dura policial. Los activistas recibieron palos y puñetazos. A Hafez Omar, de 30 años, le enviaron al hospital tras golpearle en la cabeza. Es autor de unos icónicos carteles que plagan las calles cisjordanas, muy críticos con Israel, la Autoridad Palestina y EE UU. Asegura que años de resistencia contra la ocupación israelí le han restado miedos.“Hay una crisis de confianza en Palestina. Estamos divididos. Gaza por un lado. Cisjordania por otro. Los que gobiernan no tienen legitimidad alguna. No nos representan”, dice.
El general Damiri admite que en esas acciones policiales “hubo algunas violaciones y sus autores fueron amonestados, pero hay exageraciones sobre el uso de violencia. No usamos balas, solo gas lacrimógeno y palos, algo común en todo el mundo”.
La mano de los servicios de inteligencia palestinos alcanza también a Internet, donde su celo no es menor. Hace un año Anas Saad Awwad, de 26 años, fue acusado de injuriar a Abbas y condenado a prisión por manipular una foto del presidente, para vestirlo con una camiseta del Real Madrid sobre el lema “nuevo jugador”. Fue sintomático que el juez empleara para ello el apartado del Código Penal de Jordania —algo permitido por la ley palestina— que prohíbe injurias a la corona.
Fuente:elpais.com
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