EZRA SHABOT
Enlace Judío México | La situación por la que atraviesa Michoacán es producto tanto de la incapacidad de la clase política en su conjunto para atender una situación de emergencia derivada de la infiltración del crimen organizado en amplios espacios de la entidad, como de la gran capacidad operativa de los delincuentes demostrada a través de la incorporación a sus filas de quien fuera, entre otros cargos, gobernador interino Jesús Reyna. Los doce años de gobiernos perredistas, y principalmente el encabezado por Leonel Godoy, condujeron al desmoronamiento de los aparatos de seguridad e impartición de justicia.
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La presencia de Julio Cesar Godoy, medio hermano del entonces gobernador y hoy prófugo de la ley, en el centro de los negocios ilegales en Michoacán, habla del grado de deterioro en el que estos individuos dejaron a la entidad después de seis años de tolerancia y posiblemente complicidad con las bandas del crimen organizado. Y esto, sin dejar de mencionar el despreciable espectáculo de la introducción subrepticia del señor Godoy Toscano a la Cámara de Diputados para obtener la investidura y así gozar de inmunidad parlamentaria suficiente para poder evadir la acción de la justicia.
Y si Michoacán representa un episodio trágico para el PRD, no lo es menos para el PAN y Felipe Calderón. El estado natal del entonces presidente fue el lugar escogido para iniciar la guerra contra el narcotráfico, y fue precisamente ahí donde el fracaso fue total. Esto, tanto por las acciones u omisiones del gobernador Godoy, como por la ineficiencia del gobierno panista para procesar exitosamente a toda una serie de funcionarios públicos ligados a los cárteles en el llamado “Michoacanzo”, en una demostración de fuerza de estos criminales al cooptar a jueces dispuestos a liberarlos ya fuera por la vía de la corrupción o del miedo.
La falta de habilidad de los operadores de Calderón terminó por convertirse en el talón de Aquiles de una estrategia en donde había que pasar por encima del gobernador perredista, y el presidente no pudo o no quiso hacerlo. Y así llegamos a la elección del 2011 en Michoacán, en donde el peso del crimen organizado podía mover la balanza a favor de uno u otro candidato. Las acusaciones de los candidatos en el sentido de que los delincuentes favorecían a uno u otro bando parecían ser parte de un lodazal en el que todos estaban involucrados.
Sin embargo, la presencia de Jesús Reyna como secretario de gobierno de Fausto Vallejo terminó por demostrar que los Caballeros Templarios habían obtenido buenas posiciones con el actual gobierno priísta. La enfermedad de Vallejo y la llegada a la gubernatura de Reyna convirtieron a Michoacán en un territorio bajo el mando de los templarios. El surgimiento de las llamadas autodefensas y el aumento de la violencia en la entidad obligaron al gobierno de Peña Nieto a dar un golpe de Estado para restablecer el orden legal. La llegada de Alfredo Castillo como gobernador de facto, la incorporación de las autodefensas al aparato de seguridad federal, y el abatimiento por parte de las fuerzas federales de los principales líderes criminales, rompieron el círculo vicioso que se vivía en Michoacán.
La decisión presidencial de restablecer el orden en la entidad, “cueste lo que cueste” implica correr muchos riesgos incluido el de perder la elección para gobernador el próximo año. Se trata de una decisión de supervivencia para Peña Nieto y para el Estado mexicano, asumiendo de entrada la irresponsabilidad de una clase política que no fue capaz de actuar a tiempo en esa entidad, ya fuese por ineficacia o porque simplemente calculaba que el deterioro les iba a beneficiar en uno u otro sentido. Lo que hoy pasa en Michoacán podría repetirse en otros estados donde el crimen todavía gobierna.
Twitter@ezshabot
Analista político
Fuente:eluniversalmas.com.mx
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