EZRA SHABOT
Enlace Judío México | La aprobación de reformas constitucionales generó un rechazo por parte de aquellos sectores que se verán afectados por la puesta en marcha de las mismas, una vez que las leyes reglamentarias sean aprobadas y estén en concordancia con el texto constitucional. De hecho, la disputa por la legislación secundaria, se presenta como la última oportunidad para que los dueños de los privilegios obtenidos durante la época del partido único puedan rescatar algo de lo perdido.
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Estas resistencias se presentan primordialmente en el tema de las telecomunicaciones, pero también en el de competencia económica, e incluso en la propia de la reforma educativa.
Las empresas declaradas preponderantes en telecomunicaciones, Telmex y Televisa, buscan mantener a través de las leyes secundarias, aquel espacio que les fue otorgado en el pasado y que consideran legítimo, incluso si aceptan las nuevas condiciones a partir de las cuales nuevos actores se incorporan al mercado. Las restricciones impuestas a la telefónica aparecen como más drásticas que las de la televisora, pero también el tamaño del mercado de la primera, es mucho mayor que el de la segunda.
En todo caso la necesidad de que más empresas participen en el negocio de la convergencia-imagen-voz-transmisión de datos, obliga a los preponderantes a aportar buena parte de su infraestructura a los nuevos jugadores para que puedan competir realmente.
De ahí los intentos por parte de los monopolios de evitar que las leyes reglamentarias hagan realidad la reducción de sus ventajas, y con ello sean obligados a disminuir su control sobre el mercado y con ello sus ganancias. Es esta una lucha del Estado mexicano por recuperar su capacidad de fijar políticas de desarrollo económico ante antiguos aliados que hoy, por su tamaño y capacidad de influencia político-económica, son obstáculos para el proyecto de gobierno y también para el crecimiento de una economía competitiva y por lo tanto no monopólica.
Incluso la prohibición para que Telmex se introduzca al mercado de la televisión durante dos años, supone la acción misma del Estado con la intención de no permitir al preponderante en telecomunicaciones una entrada inmediata a la radiodifusión, generando de esta manera una mayor concentración en la industria en su conjunto. Es por ello que la legislación en el área de la televisión y específicamente a la televisión restringida, deberá hacer énfasis en la imposibilidad de que un solo consorcio domine en forma casi total el negocio porque de no hacerlo, se cancelaría la posibilidad de generar competencia en un segmento que cada día tiene más consumidores.
Las resistencias de estos actores de la telecomunicación son similares a las de otros sectores de la economía que le temen a un ente regulador autónomo, ante el cual se perciben legalmente indefensos. Y si bien es cierto que sería absurdo crear monstruos reguladores sin control alguno, también lo es el hecho de que las grandes concentraciones económicas de este país se han comido a cuanta institución reguladora le han puesto enfrente. Hoy, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, tienen la capacidad legal y el apoyo político necesario para enfrentar el desafío de la ruptura del orden monopólico que tanto ha dañado al país.
El acuerdo al que se llegue en la legislación secundaria, será fundamental para reafirmar la capacidad de acción de estos entes, al mismo tiempo que les dé garantías a los participantes de no quedar atrapados sin defensa alguna ante una resolución que pudiese afectar legalmente sus intereses. De todas formas, si lo que se pretende es crear condiciones para una sana competencia, habrá que romper las resistencias de aquellos que pretenden seguir gozando de los beneficios de un pasado que debe ser superado.
twitter@ezshabot
Fuente:elsiglodetorreon.com.mx
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