ANA CARBAJOSA
El proyecto de ley para conceder la nacionalidad a los judíos sefardíes abre una puerta de consecuencias imprevisibles.
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La tramitación del proyecto de ley por el que se concederá la nacionalidad española a los sefardíes avanza sin que ni el Gobierno ni las comunidades judías sean capaces de vislumbrar la magnitud de la reparación histórica en ciernes. La complejidad del proceso es tal que les resulta imposible calibrar si la naturalización afectará a miles, a decenas de miles o a cientos de miles de sefardíes. “Estimamos de forma preliminar que podría haber 90.000 solicitantes, pero es un cálculo sin ningún rigor científico y que podría tener un recorrido muchísimo mayor”, reconoce Juan Bravo, subsecretario de Justicia. “Si al final nos encontramos con 200.000 solicitudes, no pasa nada. Somos conscientes de que abrimos una puerta histórica”, añade. Prueba de ello es que el ministerio trabaja en una plataforma informática para procesar un número muchísimo mayor de solicitudes del estimado inicialmente. Nada más trascender el proyecto de ley, multitudes se presentaron ante los consulados españoles en Rabat, Ankara, Jerusalén y Caracas.
La complejidad para determinar a cuántas personas afectará la nueva ley radica principalmente en la propia naturaleza de la iniciativa. Sefardí hace referencia a la palabra Sefarad, que en hebreo significa España e identifica a losLa mayoría de los judíos expulsados de España recalaron en el norte de África, en el sur de Europa y en los Balcanes. Muchos acabaron en Israel a partir de los cincuenta. Por otra parte están los judíos que proceden de Siria, de Yemen o de Irán, a los que el judaísmo mundial se refiere también como sefardíes al margen del origen de sus antepasados. Según esta última clasificación, sólo en Israel podría haber más de dos millones de judíos sefardíes. La ley en principio excluye a estos últimos.
Bravo explica que han intentado encontrar un equilibrio entre la reparación histórica y evitar que la ley se convierta en un coladero. Por la red circulan ya listas de apellidos sefardíes a utilizar. “Nos enfrentamos a un proceso complejo, que en muchos casos generará dudas. Se trata de otorgar un pasaporte Schengen y eso es algo muy valioso”, estima Bravo. Ese aspecto es el que más seduce a Albert Hatem, un sefardí de Estambul que quiere “tener derecho a viajar libremente por Europa y España”, afirma este ingeniero turco. Hatem cree que la ley “abre muchos interrogantes”. “No sabemos cómo van a decidir”, dice por teléfono desde Estambul.
Consultados los responsables de aplicar la ley, no son capaces de determinar con precisión cómo procederán y difieren sobre qué requisitos pesarán más o cuáles serán determinantes. “Hay apellidos como Cuenca, Soriano o León que hacen referencia a localidades en España y ahí no hay duda de que son sefardíes. Luego están las personas que hablan o entienden ladino —-el castellano que hablaban los judíos en España— y las que tienen documentos como contratos matrimoniales según la tradición de Castilla o de pertenencia a comunidades judías sefardíes como las de Salónica, Estambul o Sarajevo. Todo esto ayuda a la confirmación”, explica Abraham Haim, presidente de las comunidades sefardíes de Jerusalén. Haim, cuya institución cribará solicitudes, evita dar cifras, pero se decanta más por “muchos miles”, que por “millones”.
Refael Shmuel, profesor de literatura y pueblo judío de la universidad israelí de Bar-Ilan sí se atreve con las cifras, aunque insiste en la ambigüedad que rodea a la definición de sefardí. “En Israel podemos encontrar entre 350.000 y 500.000 sefardíes o con algún conocimiento de judeoespañol”, señala. “Y habría que añadirle entre 200.000 y 300.000 de América o Europa. Pero son sólo estimaciones”.es una denominación que se utiliza en contraposición a los judíos de origen centroeuropeo (ashkenazis). El problema es que no existe en el mundo un censo de sefardíes y ni siquiera un consenso sobre qué judíos son sefardíes. La ley española abre además la puerta a sefardíes que no sean judíos.
Joshua S. Weitz, biólogo de la escuela de Tecnología de Georgia, cree sin embargo, que la iniciativa española puede afectar a un grupo muchísimo más amplio. Weitz ha diseñado un modelo matemático de las identidades judías desde 1492, según el cual concluye que “hay un 99% de probabilidad de que todos los judíos modernos, sefardíes o ashkenazíes [unos 13 millones en total] tengan antepasados expulsados por España en 1492”. “Hay judíos ashkenazíes que tienen antepasados sefardíes porque hubo muchos matrimonios mixtos”, indica por teléfono. “Y si nos remontamos 500 años, cualquier judío tendría cientos de miles de antepasados, porque el crecimiento es exponencial”.
La clave, explican en Justicia, es que esas personas puedan probar su condición de sefardíes. La norma habla de “medios probatorios” que serán “valorados en su conjunto”. La comunidad judía de origen del solicitante y las autoridades rabínicas certificarán la condición. En España, la ley se apoya en la Federación de comunidades judías, quienes reconocen la escasez de elementos para la certificación más allá de los apellidos evidentes o los casos en los que exista ketubah o contrato matrimonial según la tradición de Castilla.
Saber ladino o español será un requisito imprescindible -los latinoamericanos no tendrán que acreditarlo-. Se exigirá el nivel básico (A2), de forma que cualquiera que hable ladino lo superará sin dificultad. En caso de que no dominen el ladino, como disponen de tres años (prorrogables uno más) para hacer la solicitud de nacionalidad, pueden aprenderlo. “En cuatro años, cualquiera puede alcanzar ese nivel de español”, estima Bravo.
El proyecto sale a la luz en un contexto de creciente asertividad en el mundo sefardí. Tras décadas de subordinación al dominio ashkenazí, los judíos orientales muestran un creciente poderío político, social y cultural. Las creaciones que evocan el pasado sefardí están muy en boga en el judaísmo mundial. “Hay cada vez más interés por el ladino, aunque los jóvenes ya no lo hablan”, relata Isaac Levy, que recopila cantos en ladino.
Sí lo habla Sima Taranto, una profesora jubilada de Caracas que se confiesa “ansiosa” por obtener la nacionalidad. “No tengo intención de mudarme a España, pero para nosotros es un derecho que nos quitaron hace 500 años”, asegura desde Venezuela, con la voz entrecortada por la emoción y el llanto.”Sentimos que es algo que nos deben. España nunca ha salido de nuestras casas”.
Fuente:elpais.com
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