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El acuerdo judicial sin precedentes reconoce que el enclave de Amona fue construido sobre un “terreno privado registrado”.
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En un acuerdo judicial sin precedentes, el Estado de Israel deberá compensar económicamente a seis palestinos propietarios de unas parcelas donde se construyó un enclave judío en Cisjordania, por no poder cultivar sus tierras.
El acuerdo, firmado hoy entre los propietarios de los terrenos sobre los que se levantó el enclave judío de Amona -considerado ilegal por las autoridades israelíes- y el Estado de Israel, sigue a una demanda ante el Tribunal de la Magistratura de Jerusalén.
Según un comunicado difundido por la organización israelí de derechos humanos “Yesh Din” (Hay Justicia), el documento consensuado estipula que “los demandantes tienen derechos a la tierra que es objeto de la demanda, que es un terreno privado registrado”, y reconoce que las estructuras del asentamiento judío, “fueron construidas sin recibir la autorización legal”.
Apunta que hasta 2005, organismos gubernamentales israelíes transfirieron fondos para el desarrollo de infraestructuras en el lugar, y que la mayor parte de las construcciones levantadas en las parcelas en disputa no han sido evacuadas hasta la fecha.
“Como resultado de ello, a los demandantes se les ha negado el acceso a la tierra y la posibilidad de cultivarla”, reza el escrito.
El acuerdo pionero estipula que Israel deberá pagar a seis de las decenas de propietarios palestinos afectados por las pérdidas económicas un total de 300.000 shékels (63.985 euros).
Y en el caso de que al finalizar 2015 las estructuras del asentamiento judío sigan en pie y no hayan sido totalmente evacuadas, deberán percibir otros 48.000 shékels (10.237 euros).
La ONG, cuyo equipo legal ha defendido el caso, afirma que los demandantes estudian emplear la reparación económica que obtengan para establecer un fondo que ayude en la defensa jurídica de aquellos palestinos cuyas tierras han sido tomadas por israelíes.
En febrero de 2006 las fuerzas de seguridad israelíes evacuaron nueve viviendas en la colonia ilegal de Amona, decidida por el propio Gobierno y ratificada por el Tribunal Supremo. El desalojo se convirtió en una batalla campal y dio lugar a una ola de disturbios en la zona, donde se habían atrincherado entre 2.000 y 3.000 colonos ultranacionalistas.
Fuente:lavanguardia.com
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