AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO
Organizaciones de izquierda y movimientos progresistas alertaron ayer sobre el peligroso ambiente de euforia entre grupos neonazis españoles por la reciente absolución en un juicio de miembros de una organización de esa tendencia.
Un comunicado de la Acusación Popular en el proceso concluido esta semana contra la organización Frente Anti Sistema (FAS) alerta que en las redes sociales e Internet se puede apreciar la animación de los neonazis por la decisión de dejar en libertad a los encausados.
En el juicio, el ministerio fiscal pidió penas de prisión de 18 meses a tres años por delitos de asociación ilícita, tenencia de armas prohibidas y de armas de fuego reglamentadas.
De acuerdo con la documentación de la guardia civil, el FAS se financiaba con la venta de armas y efectos de ideología nazi por Internet, además de difundir propaganda racista y xenófoba y alabanzas a la violencia.
Según la Acusación Popular, integrada por partidos de izquierda, la misma sala que declaró nulas las acusaciones, por considerar ilegal las escuchas telefónicas realizadas, absolvió en 2005 a 18 miembros de la organización nazi Armagedón.
Entre los 16 acusados del FAS se encontraban dos militares, un concejal de la población valenciana de Silla perteneciente a la organización por España 2000 y el asesino confeso de un activista antirracista en 1993, que sólo cumplió cuatro años de prisión.
La acusación considera legal y apoyada por abundante jurisprudencia la autorización de las intervenciones telefónicas de los acusados emitida por un juez.
Recuerda que un oficio de la Guardia Civil reportó una página web, asentada en el mismo servidor de otra con propaganda nacionalsocialista, mediante la cual se podían obtener artículos prohibidos como porras eléctricas, navajas automáticas y grilletes. La publicación de catálogos de las armas y sus precios, con dos direcciones de correos electrónicos para realizar pedidos constituyen, en opinión de la Acusación Popular, evidencias de comisión de delito suficiente para ordenar las escuchas.
Según la jurisprudencia, agrega, para una intervención telefónica se exige más que sospechas, pero algo menos que indicios racionales para el procesamiento.
Entiende que hay base suficiente para un recurso ante el Supremo, el cual ya comenzó a estudiar, mientras emplaza a la Fiscalía a presentar una casación frente a la sentencia.
Fuente:lostiempos.com
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