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Recientemente aparecieron publicadas dos esquelas de compañeros de la escuela primaria Yavne; él y ella murieron de cáncer a los 73 años. El año pasado, cuando asistí a un funeral en el panteón israelita, vi la tumba de otra compañera de la primaria. Asimismo, en el presente, varios amigos un poco menores que yo han sido operados o enfrentan problemas de salud. Todo esto lo menciono en virtud de que, como integrante de la tercera edad, surge en mí cierta angustia frente a la proximidad de la muerte; hecho que lleva a profundas reflexiones sobre lo que ha sido mi vida; aciertos y errores y cuál será el relativamente breve periodo del resto de mi existencia. Sobre esto último, pienso que lo que me haría más feliz sería una mayor cercanía con mi familia.

En este sentido, percibo que la relación con mi hijo menor de 26 años, que aún vive con mi esposa y conmigo, se ha hecho más afectiva, incluso me invitó al cine anteayer, se ha vuelto más amable y cariñoso y eso me satisface intensamente. Los viejos solo necesitamos un poco de cariño y atención para ser felices, yo no pido nada más.

En el entorno de la vida nacional es importante hacer notar que finalmente, después de varias décadas de posposición de reformas estructurales fundamentales para establecer bases firmes para el futuro del desarrollo de México, el Congreso las aprobó, al igual que sus leyes secundarias, básicas para hacerlas operativas. Después de varias administraciones gubernamentales, a las que les faltó decisión política para hacer los cambios estructurales, se había creado escepticismo en la población en cuanto a que algún día se pudieran realizar; de aquí que a la luz de los hechos, y sin asumir una posición ideológica específica, hay que reconocer el mérito del presidente Enrique Peña Nieto en la negociación pacífica con los diferentes sectores políticos y empresariales para que sus iniciativas de cambios estructurales fueran aprobadas en el Congreso por mayoría; era de esperarse que los legisladores de la llamada izquierda se opusieran, ya que ello les da vigencia frente a su membresía, particularmente frente a las próximas elecciones del 2015, en las que se disputarán más de dos mil cargos públicos en el nivel federal, en diecisiete entidades del país (9 gubernaturas, 500 diputados federales, 639 diputados locales en 17 legislaturas estatales) y 903 municipales (alcaldes y cabildos); llevar las reformas a la realidad y que sus resultados signifiquen mayor bienestar de la población, representará un verdadero desafío, intereses políticos y la rapaz corrupción existente en todos los ámbitos del país, pueden dificultar, e incluso, hacerlas fracasar.

Para nadie es un secreto que la reforma educativa no ha sido aceptada por el Congreso Estatal de Oaxaca a pesar de que su cumplimiento es obligatorio a nivel federal; en el Estado de Oaxaca quien gobierna es la disidencia del Sindicato de Trabajadores de la Educación; la dirigencia de la Sección 22 del mismo, una auténtica pandilla de gánsters, se empeña en que los maestros no sean evaluados en sus capacidades y que la designación de nuevas plazas magisteriales permanezcan en sus manos; estas prácticas, entre otras de carácter delictivo, les han dado poder político (el gobernador del Estado actúa bajo directrices de la Sección 22) y recursos financieros. Desde hace varios años los disidentes, supuestos maestros, han establecido plantones en el Centro Histórico de Oaxaca y bloqueos en calles y carreteras: sus acciones han deteriorado seriamente la economía estatal basada en la actividad turística, y el patrimonio de personas y el histórico de esa ciudad. El gobierno federal tendrá que enfrentar en breve este reto si pretende tener credibilidad con la sociedad y los inversionistas y así poder implementar las otras reformas.

Por otra parte, es previsible que las reformas y las leyes secundarias aprobadas tengan que experimentar modificaciones para evitar limitaciones en su operatividad; existe temor de que por el espíritu de corrupción, muy arraigado en todos los niveles de la administración pública, los nuevos inversionistas en los diferentes sectores con potencial de crecimiento, especialmente en el energético, no quieran involucrarse en la maraña de corrupción existente para el otorgamiento de concesiones, adquisiciones y autorizaciones de obra pública; adicionalmente, hay preocupación de que los sindicatos de este sector, escudados en nuevos membretes, pretendan dominar a la fuerza laboral que surgirá como resultado de nuevos proyectos.

Así, Enrique Peña Nieto tendrá que seguir desgastando su capital político para que se apruebe una efectiva ley anticorrupción y se suprima la impunidad en la que viven los corruptos y la delincuencia en general. Si existe interés auténtico de que México pueda avanzar, el gobierno tiene que minimizar la “transa”, se tendrá que castigar a servidores públicos, políticos, líderes sindicales y particulares corruptos y obligarlos a que reintegren al gobierno y/o a la sociedad, los recursos y bienes de los que se apoderaron ilícitamente, quizá esta demanda suene ingenua o idealista, lo cierto es que no hay manera para que el país salga del marasmo político y de la miseria de una gran parte de sus habitantes.