ARNOLDO KRAUS
Son variopintas las amenazas que hoy nos atenazan. Las enfermedades del mundo no son gratuitas. La inmensa mayoría es responsabilidad del ser humano. El cambio climático, el Estado Islámico, el sida en África, los conflictos bélicos en Oriente o en Ucrania, la desnutrición, la epidemia por el virus del Ébola y el incremento en el número de refugiados son, entre una miríada, motivos de preocupación.
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Las drogas son parte de ese entramado. Éstas no se legalizan por falta de voluntad; no se aceptan porque publicitar “la verdad” afecta demasiados intereses. La contumacia no es atributo de los animales, es consustancial al ser humano. Las drogas no se autorizan por la obstinación de quienes deben adelantar los mecanismos para conseguirlo.
Siete ex presidentes, y catorce “líderes internacionales”, incluyendo al ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, presentaron este mes un informe en el que proponen cambiar la situación del mundo de las drogas.
Despenalizar el consumo y promover el acceso controlado a las drogas son leitmotiv del documento. No es para menos: La ONU estima que el valor del tráfico mundial de drogas ilícitas supera los 350 mil millones de dólares anuales, cifra, huelga decirlo, mayor que el PIB de muchos países.
La espiral de desastres empezó durante la era Reagan. A su equipo se le debe el obscuro término guerra contra las drogas. En 1982, el entonces presidente de Estados Unidos lanzó una campaña “contra las drogas” en vez de enfocar sus esfuerzos en investigar los motivos por los cuales se consumen.
Reagan apoyó la iniciativa de su zar antidrogas, Carlton Turner, quien aseguraba que la marihuana “incrementaba la participación juvenil en marchas contra las autoridades y las grandes empresas”. El zar también decía que el consumo de marihuana contribuía a que los adolescentes se convirtiesen en homosexuales. Aunque el origen del “no a las drogas” es múltiple, la estulticia de EU, responsable, en buena parte de la situación actual, inició con Reagan y colaboradores.
La prohibición del uso de drogas suma desaciertos inconcebibles, ampliamente concatenados. Los desaciertos se alimentan entre si y conducen a una espiral. Los políticos, en vez de apostar por la prevención, lo hacen por la criminalización. La apuesta ha sido muy costosa: se castiga a los desposeídos, negros, pobres, hispanos, no a los grandes. La criminalización ha incrementado la población carcelaria en EU: a partir de 1980 el número de reos ha aumentado 800%: los gastos económicos han sido enormes. Un gran porcentaje de éstos son personas adictas a drogas, la inmensa mayoría, consumidores o distribuidores pequeños. Pocos capos, de EU o extranjeros, se encuentran encarcelados.
La mayoría de los reos, al salir, es estigmatizada y no recibe, ni dentro, ni fuera de la penitenciaria, tratamiento adecuado. Las autoridades no comprenden que el problema debe abordarse como un binomio conformado por salud y derechos humanos. Quienes consumen tienen problemas de salud y así deberían ser tratados; quienes las utilizan mucho son víctimas de la pobreza y/o de narcotraficantes y por extensión víctimas de maltrato (poco se respetan los derechos humanos). En lugar de arriesgar por la prevención se apuesta por la criminalización de los pequeños consumidores y no por el castigo hacia políticos y narcotraficantes, mancuerna, en ocasiones, inseparable (quizás por eso sólo siete ex presidentes firmaron el documento).
La pregunta no admite no preguntarse: ¿por qué perseguir a los pequeños consumidores y no abocarse a detener a los grandes capos, sobre todo si se sabe dónde radican? El caso de nuestra Tuta ilustra la situación: ofrece entrevistas por doquier, sale, entre otros lugares en la BBC, pero aquí, en México, se ignora su paradero.
La política actual, en lugar de facilitar el acceso controlado y tratar a los adictos como enfermos, los hace delincuentes. En vez de perseguir a los capos para disminuir la sangría económica y la pérdida de vidas, y regular el uso de algunas drogas —marihuana, hoja de coca, ciertos psicoactivos—, los esfuerzos se dirigen a penalizar. No me sorprende que sean sólo siete ex presidentes los firmantes del documento. Los centenares que no lo hacen deben saber demasiado. Saben, imposible no saber, que de regularse la producción, la distribución y la venta de algunas drogas, mucho se pierde y muchos pierden.
Legalizar la marihuana y otras drogas, atenta contra el poder. Legalizarla, disminuiría la violencia, frenaría la erosión de los gobiernos y la sangría que representa los gastos carcelarios. Molesta que este entuerto deba aguardar hasta 2016, fecha en la que en la ONU se reunirán para debatir el problema. Preocupa porque el uso de drogas es un problema de salud y de derechos humanos.
*Arnoldo Kraus es médico cirujano por la UNAM.
Fuente:eluniversalmas.com.mx
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