YONA JEREMY BOB
Los palestinos todavía tienen muchos aros legales y diplomáticos que saltar antes de que los israelíes se vean en el banquillo de los acusados en La Haya.
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El mundo es un lugar diferente y mucho más duro para Israel después de que los palestinos firmaran el Estatuto de Roma, lo que probablemente les permita acceder a la Corte Penal Internacional.
Este era el principal obstáculo que Israel había utilizado para bloquear la presentación de denuncias de crímenes de guerra de los palestinos ante la CPI desde su primer intento en febrero de 2009, después de la guerra de Gaza 2008-9 – que Palestina no era oficialmente un Estado, y que no había firmado formalmente el Estatuto de Roma.
A pesar del cambio de panorama, los palestinos aún tienen muchos escollos legales y diplomáticos que superar antes de que los israelíes (y no Israel, puesto que la Corte Penal Internacional sólo se ocupa de las personas) se vea en el banquillo de los acusados de La Haya.
En primer lugar, el Fiscal de la CPI debe reconocer a Palestina como miembro de pleno derecho y aceptar su firma del Estatuto de Roma (y los palestinos deben ratificar el estatuto ya que no basta simplemente con firmarlo). Esto no está garantizado ya que el Consejo de Seguridad de la ONU no lo ha hecho, pero es probable que lo haga tal como fue anunciado por el fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en la reciente decisión de las Islas Comoras al respecto.
En esa decisión, Bensouda decidió no abrir una investigación criminal completa sobre los soldados israelíes por la muerte de nueve personas de la flotilla Mavi Marmara en 2010 por motivos no relacionados, pero implicaba fuertemente la disposición a reconocer a Palestina como Estado si firmaba el Estatuto de Roma.
A continuación, los palestinos deben presentar oficialmente una denuncia contra los soldados y líderes israelíes individualmente.
Esto también está lejos de estar garantizado ya que podría exponer a los palestinos a la “mutua destrucción legal asegurada” con los palestinos enfrentando probablemente peores casos de delitos de guerra con el lanzamiento indiscriminado de cohetes y los israelíes enfrentados a complejos casos de guerra, en el mejor de los escenarios de los palestinos.
La ONG Shurat Hadin ya ha presentado algunas quejas contra los palestinos e Israel podría presentar incluso las más devastadoras utilizando inteligencia detallada y datos de guerra exclusivos de las IDF.
En tercer lugar, el Fiscal de la CPI debe decidir basado en la denuncia, pedir un examen preliminar y luego una investigación criminal completa.
Esta será probablemente la batalla primordial, ya que no puede hacerlo a menos que demuestre que Israel se niega, o es incapaz de investigarse a sí misma.
La Corte Penal Internacional es un tribunal especial de último recurso, es decir, si los países investigan sus propios crímenes de guerra, por lo general tiene poco que hacer y en los casos ajenos a Israel ha aparecido dispuesto a ceder ante las explicaciones de los incidentes de otros países si hacen algunas investigaciones.
Que Israel se investigue a sí misma no requiere un número determinado de condenas, sólo investigaciones razonables, e Israel ya ha pedido 13 investigaciones sobre la guerra de Gaza.
Pero, ¿qué es “razonable?” El ejército israelí ha decidido investigar incidentes en los que se atacó una instalación de la UNRWA y donde mataron civiles en una playa, pero ha cerrado opiniones preliminares sin una investigación exhaustiva en un ataque a una instalación de la UNESCO y el hospital Wafa.
Se ha dado explicaciones detalladas de por qué, y si Bensouda está dispuesto a aceptar las explicaciones de las FDI en el valor nominal, las propias investigaciones de la FDI pueden ser suficientes para mantener a la CPI al margen.
Pero en la decisión previamente mencionada de las Islas Comoras, Bensouda también declaró a Gaza ocupada y sin una cuestión de competencia técnica relacionada, pensó que probablemente los crímenes de guerra podrían haber sido cometidos por la IDF en el incidente Marmara – esto a pesar de que tanto la cuasi-gubernamental Comisión Turkel y la investigación de Palmer de la ONU no encontraron que se produjera ningún crimen de guerra.
Si Bensouda está dispuesto a cuestionar los resultados de las FDI, entonces la situación de los soldados y sus líderes podría ser mucho más grave.
Luego, es el Fiscal de la CPI, no Palestina, quien decide si procede o no acusar.
Para acusar, el fiscal tendría que creer que hay pruebas más allá de una duda razonable para condenar que no hubo esencialmente intento de asesinato, mientras que muchos incidentes en la guerra son opacos e involucran mera negligencia o error.
Por lo tanto, aunque Bensouda esté dispuesto a cuestionar los resultados de las FDI, sería difícil que los jueces de las FDI en sí, que han sido favorables a los acusados hasta ahora, condenaran a soldados israelíes.
Además, Israel no es parte en el Estatuto de Roma ni la Corte Penal Internacional y, al igual que algunos otros países que directa o indirectamente han ignorado a la CPI, podría optar por no revelar ni a sus ciudadanos ni las pruebas para el juicio.
Otra limitación importante es que los palestinos no pueden presentar quejas relacionadas con ninguna fecha anterior al 29 de noviembre de 2012, cuando la Asamblea General de la ONU reconoció a Palestina, e Israel, si se uniera a la CPI no podría presentar quejas relacionadas con ninguna fecha anterior al 1 de julio de 2002, la fecha de inicio efectivo de la CPI.
Esto puede ser sumamente relevante respecto al intento de acusar a los israelíes de crímenes de guerra en relación con los asentamientos, ya que significa que la mayoría de los asentamientos son “derechos adquiridos” al estar exentos de la participación de la CPI.
El académico Sigall Horovitz señaló que si Israel realmente firma el Estatuto de Roma, en virtud del artículo 124, podría impedir que la CPI investigue casos relacionados con los asentamientos durante siete años y bloquear permanentemente tales investigaciones si alcanzara un acuerdo de fronteras con los palestinos a finales de ese plazo.
En ausencia de eso, las acciones de los asentamientos en el período 2013-2014 podría ser un problema para los israelíes ya que Israel no los investiga ni los ve como pudiera hacerlo la CPI.
En pocas palabras, los israelíes están mucho más cerca de una situación jurídica más peligrosa que nunca, pero la guerra legal apenas comienza.
Fuente: The Jerusalem Post
Traducción: Silvia Schnessel
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