RODICA RADIAN GORDON
Durante los últimos años la campaña palestina pretende presentarnos como un país que no respeta el derecho internacional.
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El año 2014 concluyó con una “ofensiva” diplomática palestina orientada a imponer pasos y decisiones unilaterales adoptadas en foros internacionales, tratando de intimidar así a Israel para que acepte una solución impuesta al conflicto israelí-palestino. Dicha “ofensiva” culminó —después de la derrota en el Consejo de Seguridad el 31.12.2014— con la decisión de unirse a 20 acuerdos internacionales, incluso el Estatuto de Roma, el cual permitirá al liderazgo palestino apelar a la Corte Penal Internacional (CPI).
Durante los últimos años la campaña palestina pretende presentarnos como un país que no respeta el derecho internacional y que es culpable de crímenes de guerra, además de aludir a la des-legitimidad de Israel a existir como Estado Judío. El “lawfare”, es decir, el uso de la ley internacional y del sistema judicial para poner en debate la soberanía y la legitimidad de un Estado y/o de sus representantes —en este caso Israel— para poder enfrentar situaciones conflictivas usando todas las herramientas a su disposición, e incluso su ejército, ha llevado a la formación de varias comisiones de investigación; a la nominación por la ONU de Relatores Especiales para los “territorios ocupados”; y ahora —a la posible apelación ante la CPI para que investigue los actos de Israel durante la operación Margen Protector.
Israel, sin importar cuáles serán los resultados de las elecciones el próximo mes de marzo, rechaza esta estrategia. Más aún, en el caso del CPI, el paso palestino de apelación puede ser un arma de dos filos, ya que la Autoridad Palestina —que no es un Estado y que en los últimos meses forma parte de un gobierno unitario con HAMAS, una organización terrorista— puede, ésta también, estar sujeta a investigaciones de la CPI tras los actos criminales en contra de la población civil israelí a lo largo de los años.
El problema que tiene Israel frente al “lawfare” es de politización y la satanización de que es objeto en foros internacionales, que muchas veces representan un bloque mayoritario automático. En realidad, el ejército actúa bajo las direcciones del gobierno, cuya responsabilidad es la de proteger a sus ciudadanos. Además, tenemos, ya desde hace algunos años, mecanismos bien establecidos para investigar y examinar presuntos casos de abuso en contra de la población civil en tiempos de conflicto. El ejemplo más reciente fue la orden del jefe del Estado Mayor General, en medio de la Operación Margen Protector, de establecer un Mecanismo para evaluaciones de los incidentes excepcionales que ocurrieron durante ésta, tales como daños no —anticipados a civiles o acontecimientos donde la actividad militar pudo haber resultado en daños a instalaciones médicas o de las Naciones Unidas. Cabe mencionar que países con una establecida reputación en sus mecanismos legales que se autoinvestigan de dicha manera hacen redundante la necesidad de una investigación externa.
Si bien, la estrategia de los palestinos está dirigida hoy a imponer una solución unilateral, ésta no llevará a resultados tangibles; al contrario —el diálogo directo bilateral es el único marco en el que se puede solucionar el conflicto. Ojalá que el daño causado por sus acciones sea posible de contener.
Fuente:excelsior.com.mx
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