El caso AMIA da un giro: el fiscal denunció a Presidenta argentina y canciller por encubrir a Irán

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Según confirmó la fiscalía a la Agencia Judía de Noticias, Alberto Nisman entregó un documento de 300 hojas en las que aseguró que existe una “confabulación criminal”. También estarían incluidos a Luis D’Elía, Andrés “el Cuervo” Larroque, y Fernando Esteche, entre otros.

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Por Yossi Khebzou

El fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, denunció a la presidenta argentina, Cristina Fernandez, y al canciller Héctor Timerman por encubrir a Irán y “desvincular en forma definitiva” a Teherán del atentado terrorista perpetrado en Buenos Aires en 1994, en el que murieron 94 personas, según confirmó la fiscalía argentina a la Agencia Judía de Noticias.

El titular de la Unidad Fiscal Especial de Investigación del Atentado a la AMIA, Alberto Nisman, presentó ayer, miércoles, una dura denuncia de casi 300 páginas, en la cual le pidió al juez Ariel Lijo, a cargo de investigar eventuales encubrimientos del atentado, la declaración indagatoria y el embargo preventivo de bienes por 200 millones de pesos de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner; su canciller, Héctor Timerman; el diputado y líder de La Cámpora, Andrés Larroque; el ex fiscal y juez Héctor Yrimia, “el referente comunitario y nexo local del régimen iraní” Jorge “Yussuf” Khalil, el dirigente social Luis D’Elía y el líder de Quebracho, Fernando Esteche -ambos reiteradamente sindicados como voceros oficiosos de Teherán-, y personal de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, como autores o cómplices del encubrimiento agravado de los imputados iraníes, estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público, según el caso.

El texto involucra directamente al prófugo Mohsen Rabbani y alude a los familiares de las víctimas y a las instituciones de la comunidad judía, todo en el marco de la abierta disputa entre el Ejecutivo, el oficialismo y la Fiscalía, que promovió con éxito la inconstitucionalidad del polémico e inconstitucional Memorándum de Entendimiento con Irán, y del descabezamiento de la Secretaría de Inteligencia, incluido uno de sus principales responsables, “Jaime Stiuso”, quien también fustigó ese acuerdo paralelo a la causa judicial.

Fernández de Kirchner y Timerman acordaron “la impunidad de Irán” antes de la firma del mismo, declaró el fiscal en una entrevista exclusiva con la Agencia Judía de Noticias (AJN).

“Esto lo vengo trabajando hace más de dos años porque está involucrado personal de la Secretaria de Inteligencia cuyos nombres no puedo dar”, agregó sin especificar.

Las evidencias presentadas por Nisman demostrarían que la Presidenta habría ordenado desviar la investigación y fabricar “la inocencia de Irán” para acercarse geopolíticamente a la República Islámica y restablecer relaciones comerciales para aliviar la severa crisis energética argentina mediante un intercambio de “petróleo por granos”, según un comunicado remitido a AJN por la Fiscalía.

“Para llevar adelante este plan delictivo el gobierno puso en marcha un canal de comunicación paralelo”, el cual “estuvo integrado por funcionarios, ex funcionarios y otros sujetos que ninguna vinculación guardaban con la función diplomática, pero que estaban estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las decisiones más trascendentales de la política argentina” y que habrían hecho llegar los mensajes presidenciales “tanto al Encargado de Negocios en Buenos Aires como a altos funcionarios de Teherán”, aseguró.

Asimismo, “cada paso del plan, cada mensaje presidencial y cada avance fue consultado y comunicado detallada y minuciosamente al prófugo Mohsen Rabbani, ex Agregado Cultural de la Embajada de Irán en Argentina para la época del atentado y cuyo poder decisorio, tanto en la comunidad iraní local como dentro del régimen, se ha mantenido incólume hasta la fecha”, afirmó Nisman en uno de los fragmentos más graves de su denuncia.

“Así, a través de canales clandestinos y por interpósitas personas, la Sra. Presidente negoció con el prófugo Mohsen Rabbani la compra de petróleo, la venta de granos y la mismísima impunidad”, insistió.

Fernández de Kirchner “se valió de personal de la Secretaría de Inteligencia de su confianza”, el cual desde noviembre de 2012, antes de la firma del Memorándum, “manipuló pruebas, personas y participó activamente en la fabricación de la hipótesis falsa para desviar ilegalmente el curso de la causa judicial, desincriminar a los acusados iraníes y -al mismo tiempo- acusar falsamente a terceros inocentes, atribuyéndoles con pruebas fraguadas la responsabilidad por el atentado”, prosiguió el fiscal en alusión a imputaciones contra “una ‘conexión de fachos locales’ u a otros responsables inventados”.

“A pesar de lo manifiestamente ilegal de estas acciones, el personal implicado jamás se preocupó por ocultar su identidad y/o su proceder, lo que demostró que estaba actuando por orden presidencial”, subrayó.

“Este personal proveyó información secreta y reservada a agentes iraníes y, siguiendo las directivas presidenciales, abrió las puertas de las estructuras del Estado para que los representantes locales de Teherán pudieran utilizar resortes y contactos en su favor”, al tiempo que “se comenzó a dar una relación de apoyo y protección del gobierno a los referentes del régimen iraní en Argentina”, reveló Nisman.

Fernández y Timerman “evaluaron que estaban ‘en otro país’, que era ‘otra situación mundial’ y que había ‘que trabajar en otro contexto’; es decir, el nuevo escenario internacional exigía fabricar un nuevo culpable del caso AMIA, distinto a Irán, cuyos funcionarios se encuentran seriamente comprometidos por las pruebas judiciales”, enfatizó.

Por otra parte, el ex fiscal de la causa AMIA Héctor Yrimia “aportó valiosa información para ‘acomodar toda la historia’ y darle verosimilitud, dado que contaba con conocimientos precisos del expediente judicial”, apuntó el funcionario.

“Este acuerdo de impunidad, negociado secretamente, también incluyó dar de baja las notificaciones rojas de Interpol que aún hoy restringen la movilidad transnacional de cinco de los imputados iraníes”, para “saciar intereses comerciales, políticos y geopolíticos de ambos países, pero fundamentalmente de Argentina”, lo cual “pudo evitarse”, recordó.

Nisman aseveró que “el primer paso registrado de esta maniobra criminal fue la reunión secreta mantenida en enero de 2011 entre los cancilleres de Irán y Argentina en la ciudad siria de Alepo, ocasión en la que el Ministro Timerman transmitió a Irán -en la persona del Canciller Salehi- la decisión del gobierno argentino de abandonar el reclamo de justicia en la causa AMIA”, lo cual había sido denunciado por el fallecido periodista Pepe Eliaschev y desmentido por el gobierno y sus voceros.

“Apenas un par de meses después de la muerte de Néstor Kirchner todo cambió” y “el caso AMIA dejó de ser una política de estado para convertirse en un fusible de ajuste, una pieza descartable, para lograr el restablecimiento de la relación comercial bilateral con Irán”, puntualizó.

En una curiosa frase, el fiscal sostuvo que “el camino criminal que decidió transitar su esposa había quedado despejado de su principal escollo: su difunto marido”.

“Cuando la impunidad había sido decidida, cuando la pista falsa ya estaba siendo elaborada, cuando la diplomacia paralela estaba operando plenamente, recién ahí, en enero de 2013, se firmó el Memorando de Entendimiento, ideado para brindar impunidad a los acusados iraníes y no, como falsa y continuamente lo afirmaron la Presidente y su Canciller, para favorecer la cooperación judicial en la causa AMIA”, volvió a refutar.

“El Memorando de Entendimiento, y esto es esencial para la cabal comprensión de su rol en este plan, fue la excusa esgrimida para solicitar a Interpol que diera de baja las notificaciones rojas”, así como “introducir una pista falsa, previamente armada y fundada en pruebas fraudulentas, que acuse a imputados inventados”, para lo cual “se estipuló la actuación de la ‘Comisión de la Verdad’”, señaló Nisman.

En ese sentido, “la confusa y ambigua redacción del documento y las innumerables y sucesivas fases de aplicación sin plazo alguno previstas en su letra pueden permitir que la impunidad rija indefinidamente”, anticipó.

El fiscal también habría probado “el compromiso de que, llegado el caso, Ahmad Vahidi -ex Ministro de Defensa de Irán- nunca sería siquiera interrogado por la ‘Comisión de la Verdad’”.

“Ese pacto secreto fue frustrado por la inesperada negativa de Interpol a dar de baja las notificaciones rojas”, e incluso “llegaron a circular fuertes rumores en la Secretaría Inteligencia de que ello estaba por suceder de manera inminente luego de la firma del acuerdo aunque, finalmente, no ocurrió”, afirmó.

“Se supo que ‘estaba firmado algo, donde estaba el tema de las cautelares’, en alusión a las notificaciones rojas y que ‘Timerman no cumplió con algunas cosas’ (…) porque Interpol se lo impidió”, lo cual -según habría contado Khalil al regresar de Teherán- “molestó sobremanera a las autoridades iraníes y generó el retiro del trámite de ratificación del Memorando de Entendimiento del parlamento iraní, pese a que ya había sido ingresado y tenía asignado un tratamiento prioritario”, relató Nisman.

Además, con Rabbani “se llegó a discutir si las reuniones para encaminar los intercambios de petróleo por granos y nada menos que la compra de armas de Irán a la Argentina se realizarían ‘en Beirut o Caracas’”, alertó.

Paralelamente se habría realizado “una campaña destinada a deslegitimar la investigación judicial y camuflar el plan que se estaba ejecutando, mediante puestas en escena, maniobras ardidosas, falsedades y manipulaciones a las víctimas del atentado, sus familiares y a la ciudadanía toda”, liderada por la Presidenta y el canciller, para “evitar que la opinión pública conociera la verdadera finalidad encubridora escondida detrás del acuerdo firmado con Irán”, acusó el fiscal.

Por otra parte, éste describió la presunta trastienda detrás del comunicado de Timerman del 28 de septiembre de 2013, en las Naciones Unidas: “por orden de Cristina Fernández se convocó a Luis D’Elía a la Casa Rosada quien, puesto en conocimiento de la orden presidencial, la transmitió a Jorge ‘Yussuf’ Khalil para que, por su intermedio, la comunicara a Mohsen Rabbani y al Encargado de Negocios iraní en Buenos Aires, con quien Khalil reunió a D’Elía de urgencia y quien -finalmente- la retransmitió a sus superiores”.

“Los damnificados por el atentado debieron enterarse de la firma del acuerdo con Irán por las redes sociales, mientras que Luis D’Elía, partícipe del plan, fue informado directamente por el entonces Secretario General de Presidencia de la Nación, Oscar Parrilli, con un expreso pedido de silencio por un período de diez días para no alterar los ánimos de la comunidad judía”, reveló.

“Consterna constatar que una Presidente que públicamente se ha regodeado frente a los sobrevivientes y a los familiares de las víctimas por su compromiso en la búsqueda de verdad y justicia, que ha declarado que su gobierno no permitirá que se use el caso AMIA en el ajedrez de la geopolítica mundial, que dijo haber tomado cartas en el asunto porque la causa estaba paralizada, que celebró la firma de un acuerdo al que calificó ‘histórico’ fue, en realidad, la principal artífice, junto con el Canciller Timerman, de la fraudulenta desarticulación de la investigación y del encubrimiento de estos acusados”, escribió Nisman en uno de los párrafos más fuertes.

“Era tan terrible lo que se pretendía esconder -el encubrimiento de terroristas prófugos- que se recurrió a cualquier medio para lograr ese objetivo; no se reparó en mentir y/o engañar públicamente al parlamento, a los damnificados, a las instituciones judías, a los familiares y a la ciudadanía toda si ello podía contribuir a mantener oculto el plan encubridor”, insistió.

Para el fiscal, “numerosas evidencias exponen al Ministro Héctor Timerman como el principal instrumentador del plan”.

“En la denuncia se verificó que D’Elía ha tenido contacto personal con, al menos, dos de los prófugos iraníes y se ha mostrado públicamente como un encendido defensor del régimen persa y de la organización terrorista libanesa Hezbollah, ambos involucrados judicialmente en el atentado”, y “si bien en la actualidad no ejerce la función pública, mantiene su cuota de poder dentro de la estructura gubernamental nacional, lo que le ha permitido actuar desde las sombras”, aseguró.

Respecto de Khalil, Nisman explicó que “ha sido el interlocutor iraní clandestino en Buenos Aires para cumplir con el iter criminis de la impunidad”, ya que “al no tener una función oficial, su figura ha encajado a la perfección en esa tarea, oficiando de canal de comunicación para recibir y entregar los mensajes secretos y clandestinos que se enviaron encubridores y encubiertos” y “justamente fue quien mantuvo constantemente informado de los avances y vaivenes del plan a Mohsen Rabbani”.

“Ahora bien, estos personajes no podían aparecer vinculándose con las autoridades de ninguno de los gobiernos”, así que el “nexo fundamental para la articulación del plan fue el Diputado Nacional Andrés Larroque, quien transmitió las decisiones presidenciales a sus ejecutores, a sabiendas de lo delictivas que eran”, continuó.

En tanto, “Esteche fue un activo impulsor del plan criminal, sumó a varios de los cómplices y realizó aportes que redundaron en el perfeccionamiento de la pista falsa para desviar la investigación”, ya que “posibilitó la vinculación del agente iraní en Buenos Aires, Jorge Khalil, con funcionarios del gobierno argentino, contactándolo con agentes de la Secretaria de Inteligencia y con el Dr. Héctor Yrimia, quienes participaron, entre otras cuestiones, del armado de la falsa hipótesis destinada a desplazar a la que involucra a los iraníes encubiertos” y él mismo “contribuyó con ideas específicas para la construcción” de esa alternativa, aseveró el fiscal.

Finalmente, como ex fiscal del caso, Yrimia “conoció los hechos en detalle, vio las pruebas, las declaraciones testimoniales, los peritajes, los informes técnicos, el resultado de los allanamientos, escuchó las versiones de los primeros imputados”, todo lo cual lo tornó “en un actor fundamental para el buen desarrollo del plan en el armado de la hipótesis falsa, dado que estuvo en condiciones de indicar con certeza si tal o cual teoría resultaba verosímil o no, si encajaba con las probanzas con que cuenta el expediente, si se debía modificar algún punto, etc.”, completó.

“Incluso, Yrimia preparó una coartada para el caso de ser descubierto, ya que enmascaró sus actividades delictivas detrás de cuestiones lícitas y legítimas que operaban como meras ‘excusas’: realizaron reuniones y contactos para el acercamiento entre la Iglesia Católica y el chiismo, detrás de los cuales camuflaron las acciones criminales del plan encabezado por la Sra. Presidente y el Sr. Canciller”, añadió Nisman.

Por otra parte, éste denunció que “personal de inteligencia implicado en el caso viajó a la Triple Frontera para avanzar con el plan, así como a Suiza, donde se realizaban los encuentros diplomáticos oficiales entre ambos países, previo a la firma del acuerdo”, inclusive uno de ellos “festejó junto a un agente iraní” con la frase “Ya ganamos”, como si fuera “un defensor más de los prófugos”.

La presentación del fiscal “se sustenta en un contundente conjunto de elementos probatorios, entre los que se encuentra el producido de intervenciones telefónicas ordenadas judicialmente”, que “resultó ser sumamente verosímil, dado que luego se comprobó un fuerte y concluyente correlato entre lo conversado y hechos de la realidad”.

“Más aún, las conversaciones interceptadas dan respuesta a prácticamente todos los interrogantes que la ciudadanía se había planteado desde un inicio sobre este oscuro Memorando de Entendimiento, cuya sola lectura despertó inmediatas y fundadas suspicacias”, memoró.

“Por último, la denuncia destaca la inusitada gravedad institucional de este plan criminal, que no solo buscó destruir la investigación judicial del mayor atentado terrorista que ha sufrido nuestro país, sino que en su ideación, planificación e instrumentación han participado algunas de las más altas autoridades del gobierno nacional, incluyendo la cabeza del Poder Ejecutivo”, finalizó el comunicado de la Fiscalía.

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