El caso contra la CPI que investiga a Israel

SILVIA SCHNESSEL PARA AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO – En 2012 mi amigo y colega Luis Moreno Ocampo, que era entonces el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, descartó acertadamente que “Palestina no podría ser reconocida como ‘estado'”. Ahora parece estar de acuerdo con la conclusión de su sucesor de que “Palestina podría unirse al Estatuto de Roma”, supuestamente como estado. Discrepo respetuosamente.

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¿Cómo puede una entidad convertirse en un Estado, con el propósito de unirse a la CPI, sin fronteras? El supuesto parece ser que las líneas de armisticio pre-junio 1967 constituyen ahora de jure, si no de facto, las fronteras del Estado palestino, a pesar de la realidad de que incluso la Autoridad Palestina parece entender que no habrá nunca una vuelta a esas fronteras artificiales. Si el “estado” palestino, tal como acepta el Estatuto de Roma, tuviera que ser definido por las líneas de tregua pre-1967, seguiría que el Muro Occidental y su explanada – la zona más sagrada del judaísmo – es “territorio ocupado” y cualquier israelí que se traslade a esa zona sería un criminal de guerra, al igual que los líderes israelíes que autorizaran a judíos israelíes a orar en este lugar santo. Lo mismo podría decirse de la Universidad Hebrea, en el monte Scopus, porque su camino de acceso fue capturado por Jordania durante la Guerra de la Independencia de Israel y por lo tanto no era una parte de facto de Israel antes de junio de 1967. Lo mismo sucede con el barrio judío de Jerusalén, en el que los judíos han vivido durante miles de años, pero que fue capturado y brutalmente destruido por Jordania durante la guerra de 1948. Lo mismo es cierto de Guiló, Ma’alé Adumin y otros suburbios de Jerusalén, que los líderes palestinos han reconocido siempre como parte de Israel en cualquier acuerdo negociado, a pesar de ir más allá de la Línea Verde. Por otra parte, el intercambio de tierras, que serán parte de cualquier solución negociada, haría que algunas áreas que son ahora parte de Israel anterior a 1967 formen parte de un Estado palestino, y algunas áreas que están ahora fuera de la Línea Verde, formen parte de Israel. Estos límites cambiantes plantean un problema especialmente desalentador en el contexto de las reclamaciones palestinas – que han prometido llevar ante la CPI -de que es un crimen de guerra permitir que los israelíes vivan en áreas ocupadas, cuando tantas áreas de la presunta ocupación están en disputa y sujetas a futuros intercambios de tierra. Por otra parte, la resolución 242 del Asesor de Seguridad contempla que Israel retendría parte – aunque nunca se decidió la cantidad – de la tierra que capturó legalmente en la guerra defensiva contra Jordania en 1967.

Estos problemas prácticos simplemente ilustran las dificultades de reconocimiento de un “estado” que no ha acordado límites y cuyas fronteras últimas serán cambiantes en el futuro si se logra la paz. Ni siquiera está claro si el Estado palestino abarca actualmente la Franja de Gaza, que no ha sido contigua a Cisjordania desde que la ONU propuso la división de lo que quedaba de la Palestina del Mandato Británico después de la creación de Jordania. Gaza está ahora bajo el control de facto de Hamás, que es ampliamente considerado como un grupo terrorista que carece de toda apariencia de legalidad o compromiso con el Estado de Derecho. Los líderes de la Autoridad Palestina en Cisjordania ¿serán declarados legalmente culpables de los actos terroristas de Hamas, a pesar de que no tienen control sobre lo que ocurre en Gaza? ¿Los comandantes militares de Hamas rendirán cuentas aunque se nieguen a reconocer la autoridad de la CPI sobre ellos?

Además de los problemas prácticos que se plantean mediante el reconocimiento de una “Palestina” sin fronteras como “estado”, existen razones técnicas y legales importantes por las que las recientes acciones simbólicas de varios parlamentos y la Asamblea General de la ONU no cambian la situación jurídica de lo que se considera correctamente un no-estado tan recientes como 2012. Varios de los “reconocimientos” adoptados por los parlamentos nacionales no fueron aceptados por sus gobiernos y estaban condicionados a una solución negociada en el futuro. Al igual que el reconocimiento de la Asamblea General. La cuestión de lo que constituye un estado implica algo más que votos simbólicos, contingentes o aspiracionales diseñados por consideraciones políticas internas más que por serias consecuencias diplomáticas y jurídicas.

Más allá de estas razones prácticas y técnicas para no reconocer a Palestina en este momento están las consideraciones morales. Israel aceptó, y los palestinos rechazaron, la solución de dos estados en 1938 y 1948. Se ofreció tierra por paz en 1967, sólo para ser recibidos con los tres “noes”: no a la paz, no a la negociación y no al reconocimiento. Se ofrecieron propuestas generosas en 2000-01, 2008, y más recientemente en 2014, ninguna de las cuales fue aceptada. Recompensar ahora esta intransigencia con un reconocimiento unilateral es inmoral y no conduce a una paz negociada. Si los palestinos creen que pueden obtener el reconocimiento unilateral y sin negociación ni compromiso, tendrán menos incentivos para aceptar una solución negociada, una resolución de compromiso.

Por otra parte, independientemente de la creencia de buena fe de Ocampo de que la decisión palestina de llevar a los líderes israelíes ante la CPI “no debe interpretarse como un ataque a Israel”, esa es sin duda la forma en que el liderazgo palestino lo interpreta, al referirse a esta “tarjeta” como “arma”, y es un arma, porque busca crear una falsa equivalencia moral entre una democracia vibrante que se rige por el imperio de la ley; y una variedad de grupos sueltos – Fatah, Hamas, la Yihad Islámica y otros – que no aceptan los resultados de las elecciones, que asesinan a los disidentes sin nada que se parezca a un debido proceso, y que permiten que sus órganos oficiales de medios de comunicación inciten a la violencia contra la población civil en base a su religión. Asimismo, se pretende crear una falsa equivalencia moral entre un ejército que trata de defender a su población civil de ataques con misiles, terroristas suicidas y túneles del terror; y un grupo terrorista que asesina a civiles en sus camas, secuestra y mata niños y objetivos civiles desde detrás de escudos humanos.

Es revelador que Hamas haya expresado su satisfacción por la decisión de la CPI de abrir una investigación por la acción militar de Israel durante la reciente guerra en Gaza. La hipocresía de un grupo terrorista que se jacta de sus múltiples crímenes de guerra, que expresa satisfacción de que las víctimas de estos crímenes de guerra estén siendo investigadas por tratar de detener los ataques con misiles y túneles, debería ser evidente para cualquier persona razonable.

Más significativa es la respuesta de EE.UU., que emitió la siguiente declaración: “Estamos totalmente en desacuerdo con la acción del fiscal de la CPI. El lugar de resolver las diferencias entre las partes es a través de negociaciones directas, no de acciones unilaterales por cada lado”.

Ocampo reconoce que el principio de “complementariedad” descarta una investigación de la CPI de Israel a menos que “no haya investigaciones nacionales genuinas de los crímenes cometidos bajo su jurisdicción”. Estoy familiarizado con el sistema legal israelí y sus mecanismos para investigar presuntos crímenes de guerra. No hay país en el mundo con un sistema legal que sea más sensible a las demandas hechas por las víctimas de los crímenes de guerra. En la cúspide del ordenamiento jurídico israelí está su Tribunal Supremo, que es ampliamente admirado por los abogados de todo el mundo.  Si se llegara a dictaminar que el sistema legal israelí no facilita la complementariedad necesaria para negar la jurisdicción de la institución CPI como “tribunal de última instancia”, entonces ninguna nación pasaría esa prueba . Los Estados Unidos nunca se someterá, ni debería hacerlo, a la jurisdicción de un tribunal internacional que no considere al sistema legal israelí como en cumplimiento satisfactorio del principio de complementariedad.

A fin de cuentas, la decisión de abrir una investigación en contra de Israel en este tiempo dañará las perspectivas de una solución pacífica del conflicto y dañará la credibilidad de la CPI. Es un error grave y debe ser revocada.

Fuente: The Algemeiner