ANDRÉS OPPENHEIMER
Si la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner quiere superar la crisis política que vive el país, tras la misteriosa muerte del fiscal que la había acusado de tratar de encubrir la responsabilidad de Irán en el atentado terrorista de 1994 contra el centro comunitario AMIA de Buenos Aires, debería pedir una veeduría internacional de la investigación.
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Hasta el momento de escribirse estas líneas, no lo ha hecho. La presidenta no ha solicitado ningun tipo de ayuda externa para darle un mínimo de credibilidad a la investigación de la muerte del fiscal Alberto Nisman, que estaba a cargo de la causa AMIA, el atentado terrorista de hace dos decadas que dejó 85 muertos y 300 heridos.
Nisman fue encontrado muerto en su cuarto de baño con una pistola calibre .22 el fin de semana pasado, un día antes de que debía comparecer ante el Congreso para dar nuevas pruebas de su acusación contra Fernández y su canciller Hector Timerman. El fiscal los había acusado de haber conspirado con Irán para tratar de levantar las órdenes de captura internacionales contra los funcionarios iraníes sospechosos de haber perpetrado el atentado a la AMIA, a cambio de petróleo iraní.
A juzgar por la larga entrevista que Nisman dio al canal TN dias antes de su muerte y un correo electrónico que me envió el día de su muerte —en el que decía que “obviamente” le interesaba hacer una entrevista después de su testimonio ante el Congreso— Nisman estaba muy seguro de sí mismo y ansioso por declarar ante el Congreso. Incluso había dejado una lista de compras a su empleada doméstica para que fuera al supermercado al día siguiente.
La presidenta Fernández primero dijo en su página de Facebook que había sido un “suicidio”, y pocos días después —ante la incredulidad pública— afirmó que ahora estaba convencida que no se había tratado de un suicidio. Sus contradictorias afirmaciones, y la divulgación posterior de escuchas telefónicas que formaban parte de la acusación de Nisman —que avalan las acusaciones del fiscal sobre el pacto del gobierno argentino con Irán— han causado un descreimiento generalizado de la sociedad en el gobierno.
“Hoy, lamentablemente, el gobierno argentino tiene cero credibilidad”, dice Santiago Cantón, director del Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y los Derechos Humanos en Washington D.C. “La única forma de resolver esta investigación de una manera que sea creíble para la sociedad argentina es pedir la ayuda de expertos internacionales”.
Muchos países piden rutinariamente ayuda técnica extranjera para resolver casos criminales, como Francia lo hizo tras el reciente ataque terrorista a la revista Charlie Hebdo, o México cuando pidió la ayuda de peritos forenses para tratar de esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en septiembre pasado.
Líbano creó un tribunal penal internacional, integrado por once juristas nacionales y extranjeros y con sede en La Haya, para investigar el ataque terrorista del 2005 que acabó con la vida del ex primer ministro Rafic Hariri y otras 21 personas. El tribunal especial concluyó que Hariri fue asesinado por el grupo terrorista Hezbollah.
Del mismo modo, Guatemala pidió una comisión investigadora internacional supervisada por la ONU para investigar el escándalo que sacudió al país en el 2009, cuando el abogado Rodrigo Rosenberg fue asesinado tras dejar un videotape en el que acusaba al presidente Álvaro Colom y a su esposa de querer matarlo.
Tras la muerte de Rosenberg y la difusión del video, hubo manifestaciones masivas exigiendo la renuncia del presidente. Nadie creía en el dictamen de los investigadores guatemaltecos que decía —por más absurdo que sonara— que Rosenberg había orquestado su propia muerte para derrocar al gobierno. La Comisión de la ONU Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hizo su propia investigación, y concluyó que el extraño asesinato efectivamente había sido encargado a través de terceros por el propio Rosenberg.
Otros países han invitado equipos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos para conducir investigaciones políticamente explosivas, como México lo está haciendo ahora con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.
Mi opinión: El mejor favor que Fernández podría hacerse a sí misma sería nombrar una comisión internacional de expertos que sea creíble —no como la que creó UNASUR para mediar en Venezuela, que ha sido un chiste— para supervisar o observar la investigación del caso AMIA.
Como están las cosas, nada de lo que diga el gobierno o la justicia argentina será creíble para la mayoría de los argentinos. Hay que abrir un nuevo capítulo. Si la presidenta quiere sobrevivir a esta crisis política y restaurar la confianza en las instituciones, debería nombrar un fiscal especial independiente, o invitar a expertos de otros países, o designar una comisión de observación o supervisión internacional, o todo lo anterior
Fuente: elnuevoherald.com
#CasoNisman
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