LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO MÉXICO
A principios del siglo XX Argentina estaba despuntando como una potencia. No obstante sus vastos recursos naturales y una amplia extensión territorial, su devenir se ha caracterizado por una sucesión de crisis económicas y escándalos políticos. Una de las etapas más difíciles que ha vivido Argentina, y a la vez más aciagas, fue durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983, cuando se adoptaron políticas que determinaron la declinación de la actividad industrial y una mayor concentración de la riqueza; la inflación en 1978 llegó a 160.0% anual y, posteriormente, surgió la hiperinflación y la deuda externa subió de 7,875 millones de dólares en 1975 a más de 45,000 millones en 1983.
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La dictadura militar, calificada como Terrorismo de Estado, representó un proceso de represión ilegal, violencia indiscriminada, torturas sistematizadas, desapariciones forzadas de personas (30,000) entre las que sobresalieron las de los detenidos que desde aviones militares fueron tirados vivos al mar. La violencia demencial de los militares se extendió a otros países con la constitución de una organización clandestina internacional que practicó el Terrorismo de Estado a escala continental; así, surgió la Operación Cóndor que estableció un plan de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Bolivia con conexiones con las fuerzas militares de Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela y con la cooperación de EUA. La Operación Cóndor causó la muerte de 52,000 personas, 300,000 desaparecidos y 400,000 presos. Como en el presente, la comunidad internacional fue incapaz de detener o condenar la violación masiva de los Derechos Humanos, incluso la Iglesia Católica brindó apoyo al gobierno militar; pero en el 2002 pidió perdón por los pecados cometidos durante la dictadura militar.
Por otra parte, en 198 los militares argentinos desafiaron a Gran Bretaña para recuperar la soberanía de las islas Malvinas, ubicadas en el extremo Sur de Argentina. En una guerra pírrica de tres meses, en la que la Gran Bretaña movilizó a 30,000 efectivos, murieron 649 soldados de Argentina, 255 británicos y 3 civiles isleños. Argentina fue derrotada, hecho que precipitó la caída de la Junta Militar en 1983 y la vuelta a la democracia.
En el presente, Argentina experimenta un franco proceso recesivo; el PIB declinó 1.5% el año pasado y el Banco Mundial prevé un descenso adicional este año. Por lo demás, enfrenta una profunda descomposición social y política. La desaceleración de la demanda externa, particularmente los pedidos agrícolas de China, y la instrumentación de políticas gubernamentales expansionistas han causado significativos desequilibrios internos y en el exterior. La inflación, el desempleo y la economía informal han crecido de manera relevante; el sistema financiero muestra fragilidad, y existen dificultades para el acceso al financiamiento externo. También se observan presiones cambiarias, deterioro de las finanzas gubernamentales y en los servicios públicos, especialmente en los de salud, educación y transporte. Argentina vive una crisis energética por falta de inversiones sectoriales. Los problemas de inseguridad han aumentado, la delincuencia tiene en jaque a la sociedad. La corrupción se ha multiplicado.
En este contexto de adversidad, ahora Argentina está envuelta en un escándalo político que ha trascendido sus fronteras. El 14 de enero pasado fue asesinado el Fiscal Alberto Nisman (AN) de 51 años, designado hace una década por el entonces Presidente Kirchner para investigar el atentado que sufrió la Mutualista Judía de Buenos Aires, AMIA en 1994, en el que murieron 85 personas y 300 resultaron heridas. El atentado fue planeado por la inteligencia de Irán y ejecutado por terroristas de Hezbolá y apoyado por funcionarios del gobierno del Presidente Carlos Menen.
AN había denunciado ante la justicia a la presidenta actual de Argentina, Cristina Fernández (CF), la viuda de Kirchner, al Ministro de Relaciones Exteriores Héctor Timerman (HT) y a otros miembros Kirchneristas del gobierno en relación al Memorándum de Entendimiento que firmaron con Irán, aprobado en enero del 2013, y que pretendía brindar impunidad a los sospechosos del atentado de la AMIA a cambio de impulsar las relaciones comerciales entre ambas naciones y el intercambio de petróleo iraní por granos de Argentina. Cabe mencionar que el Memorándum nunca fue ratificado por el gobierno de Irán y en marzo del 2014 fue declarado inconstitucional por la Justicia de Argentina. AN había denunciado la confabulación de CF y HT con Teherán y que la presentaría al Congreso.
Tras la muerte de AN, la presidenta CF expresó que el Fiscal se había suicidado; no obstante, frente a este absurdo, cambió radicalmente de opinión y “denunció que la muerte de AN fue una conspiración para desestabilizar a su gobierno”; descalificó la acusación de AN y en una actitud desafiante frente al poder jurídico declaró “a mí no me van a extorsionar yo no les tengo miedo que hagan las denuncias que quieran”.
AN había señalado que tenía pruebas fehacientes para acusar a CF y a sus colaboradores en su intento en encubrir a los iraníes culpables del atentado de la AMIA. AN había estado profundamente involucrado en el caso del atentado; en el 2008 cuando pidió a las autoridades judiciales la detención del ex presidente Carlos Menen quien fue procesado sin prisión preventiva, junto con su hermano Munir, ex jefe de los Servicios Secretos, por irregularidades en la investigación del atentado de 1994. Se les acusó de ser instigadores de los delitos de encubrimiento, falsedad, violación de medios de prueba y abuso de autoridad.
Menen no solo tuvo responsabilidad en el atentado, resulto ser un verdadero delincuente; estuvo en prisión preventiva seis meses en el 2001 bajo la acusación de liderar una asociación ilícita por contrabando de armas. Igualmente en el 2004 fue incluido en una lista de políticos corruptos por una denuncia de Bancos Suizos “que vieron cuentas sospechosas de lavado de dinero sucio de narcotraficantes y de corrupción. A pesar de su historia delincuencial, Carlos Menen permaneció en el poder de 1989 a 1999.
El atentado contra la AMIA había sido declarado crimen de lesa humanidad y calificado como genocidio por el juez de causa. Los parientes de las víctimas han dicho que la herida no ha cerrado y demandan justicia.
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