ESTI PELED PARA AGENCIA DE NOTCIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO – Ninguna ley prohíbe que organizaciones como V15 sean financiadas desde el exterior ni que se involucren en actividades políticas.
Por Ido Baum
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Supuestamente, la principal fuente de financiación de campañas electorales proviene del presupuesto que los partidos reciben del Estado. Además, los partidos pueden recibir donaciones de votantes elegibles solamente, que se reducen a unos pocos miles de shekels.
Las partes están obligadas a publicar los nombres de todos sus donantes, por lo que las donaciones no pueden ser anónimas. Por otro lado, las donaciones de corporaciones u organizaciones no gubernamentales son ilegales, aunque se efectúen indirectamente mediante el pago a encuestadores del partido, por ejemplo.
La Contraloría del Estado se encarga de supervisar la financiación de la campaña. La sanción máxima que puede imponer corresponde a una multa del doble de la donación ilegal. En el caso de un procedimiento penal, el dar o recibir una donación ilegal es condenado con una pena máxima de un año de prisión. La evasión de leyes de financiamiento de campaña también puede implicar otros delitos, como la falsificación de informes a la Contraloría del Estado.
En el caso más importante de la campaña de financiación ilegal hasta la fecha, Omrí Sharon, hijo del ex primer ministro Ariel Sharon, confesó haber aceptado donaciones de empresas extranjeras para financiar la campaña de su padre en 1999 por el liderazgo del Likud. Omri Sharon fue condenado a siete meses de cárcel.
Pero el caso de Sharon no es la analogía que buscaban los funcionarios del Likud este domingo, y de hecho, las acusaciones que presentaron son de otra naturaleza. En cambio, V15 fue comparada con organizaciones no gubernamentales que ayudaron a financiar la campaña del primer ministro Ehud Barak en 1999.
Los orígenes del caso Barak provienen de la exitosa campaña del primer ministro, Benjamin Netanyahu tres años antes. Durante la campaña de 1996, el multimillonario judío australiano Joseph Gutnick financió la campaña publicitaria bajo el lema “Netanyahu es bueno para los judíos.” Esa fue la primera campaña electoral para la elección directa del primer ministro, y cuando el entonces Procurador General, Eliakim Rubinstein investigó si la propaganda financiada por Gutnick violaba la ley de financiamiento electoral, llegó a la conclusión de que, debido a una laguna en la ley de elección directa, el apoyo externo era legal, siempre y cuando no sea propiciado o coordinado por el candidato.
En las elecciones de 1999, varias organizaciones no gubernamentales explotaron deliberadamente esa brecha en la ley para colaborar para la elección de Barak. La investigación policial posterior trató de demostrar que la campaña de Barak había coordinado con las organizaciones no gubernamentales, pero fue frustrada por el hecho de que altos funcionarios de la campaña de Barak – incluyendo el entonces secretario del gabinete Isaac Herzog, hoy jefe del campamento sionista – ejerció su derecho a guardar silencioso. A falta de pruebas de una conspiración, Rubinstein cerró el caso.
Hasta el momento, el caso V15 parece ser una leve imitación de su hermana mayor, la investigación de la organización no gubernamental de Barak que se cerró por falta de pruebas. En el caso V15, ni siquiera existen suficientes evidencias para justificar el inicio de una investigación. Para ello, habría que demostrar que la organización se fundó sospechosamente alrededor de las elecciones, lo que podría indicar que no es más que un instrumento para los gastos de campaña. También sería necesario demostrar que es financiada con la ayuda de funcionarios del partido, lo que aportaría indicios de que la organización es una fuente de fondos ilícitos para la campaña.
Tampoco queda claro que una organización no gubernamental podría violar la ley mediante la ejecución de una campaña dirigida exclusivamente a derrocar a Netanyahu en lugar de fomentar la elección del campamento sionista encabezado por Isaac Herzog y Tzipi Livni.
Ninguna ley prohíbe que las organizaciones no gubernamentales acepten donaciones de empresas o ciudadanos extranjeros, ni que se involucren en actividad política. Por lo tanto, la aceptación de fondos extranjeros y su participación en actividades políticas en beneficio de un partido en particular no es ilegal. Una investigación estaría justificada sólo si existen evidencias de que la organización haya coordinado su campaña con el partido, o que éste aseguró su financiación.
Cualquier otra interpretación de la ley podría plantear algunas afirmaciones inquietantes. Se puede argumentar por ejemplo, que la existencia de un periódico que apoya consistentemente al primer ministro y es propiedad de un empresario extranjero que aún se reúne con el mismo para coordinar puntos de vista es una violación a la ley.
Traducido desde Haaretz para Agencia de Noticias Enlace Judío México
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