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El informe constata “evidencias suficientes” de la autoría del Ejército israelí.
Ya es oficial. El proyectil que el pasado 28 de enero mató al cabo español Francisco Javier Soria Toledo en el sur del Líbano fue disparado por el Ejército israelí, tal y como concluye el informe de la comisión de investigación creada por la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL). “Existen suficientes evidencias técnicas para atribuir la responsabilidad del disparo [del proyectil que alcanzó la torre donde estaba el cabo español] a las Fuerzas Armadas de Israel”, asegura.
El documento, fechado el pasado 12 de febrero y elaborado por una comisión de investigación encabezada por un coronel, señala que la muerte del casco azul español la causó un proyectil de artillería de 155 milímetros de calibre “disparado desde el sur de la línea azul [que separa Líbano de Israel] durante el fuego de represalia del IDF [Fuerzas de Defensa de Israel] tras ser alcanzado un convoy del Ejército israelí en un ataque reivindicado por [la milicia chií libanesa] Hezbolá”.
El informe explica que, hacia las 11.30 del 28 de enero, se informó del lanzamiento de cohetes desde el sur de Líbano, inmediatamente después de que, a unos cinco kilómetros al este de las granjas de Shebaa, Hezbolá atacara con IED (artefactos explosivos improvisados) y seis misiles antitanque un convoy del Ejército israelí, causando dos muertos y siete heridos.
Los investigadores reconocen que, a las 11.39, el Ejército israelí, a través de los canales de enlace con el cuartel general de la FINUL en Naqura (Líbano), advirtió de que todos los cascos azules de la ONU, “y en particular de los del sector este”, debían permanecer en sus puestos y evitar salir al exterior. Se trataba de un claro aviso de que Israel se disponía a atacar el sur del Líbano.
El mando de la FINUL pidió información adicional, pero Israel no la facilitó, añaden los investigadores. Este punto resulta controvertido, pues el aviso que recibió el jefe del sector este de la FINUL (precisamente un militar español) no aludía a toda su zona de responsabilidad, sino solo al área de las Granjas de Shebaa, donde se intentaron evacuar dos puestos de cascos azules indios.
En todo caso, el capitán español al frente del puesto 4-28, próximo a la localidad de Ghayar, ordenó acuartelar el destacamento y regresar a las patrullas. A las 12.24, impactó un proyectil contra la torre de vigilancia G-7, que contaba con una puerta de hierro y paredes de hormigón. A las 12.46 se activó un helicóptero médico para evacuar al cabo herido en el ataque, y a las 13.37, mientras proseguían los bombardeos israelíes, se informó de su fallecimiento. En total, entre las 11.48 y las 13.43, el Ejército israelí disparó sobre la zona 118 obuses de artillería, 90 granadas de mortero y cinco proyectiles de tanque. Al menos 20 de las granadas de mortero contenían fósforo blanco, según el informe.
Los investigadores no se pronuncian sobre si el ataque se debió a un error o fue intencionado, ni si la respuesta a la agresión de Hezbolá fue o no desproporcionada. Se limitan a describir los hechos, pero dejan sobre la mesa del Gobierno español, y también de la ONU, la responsabilidad de decidir qué paso deben dar.
Hasta ahora, España no ha presentado ninguna queja diplomática ante Israel y el Consejo de Seguridad de la ONU, del que España forma parte, se ha limitado a formular una declaración en la que condena la muerte del casco azul y reclama una investigación inmediata y exhaustiva, pero sin señalar al presunto responsable.
Las conclusiones de la comisión de investigación, basadas en el análisis de los restos de la munición y la trayectoria de los proyectiles (seguida por los radares de la ONU), no deja dudas: Soria murió por fuego israelí.
La investigación exculpa a la propia FINUL y al batallón español de cualquier responsabilidad, al asegurar que se cumplieron los planes y directrices previstos y que las medidas de protección fueron adecuadas. La “rápida y decidida” aplicación de los protocolos, añade, permitió frenar la escalada y evitó mayores daños. Pese a ello, los investigadores proponen revisar el marco regulatorio y las medidas de protección y sugieren instalar cámaras en los puestos de vigilancia de la ONU.
Fuente:elpais.com
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