Caso Nisman / Se debilita el ‘caso Nisman’

AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO – La muerte del fiscal Alberto Nisman, quien había denunciado a la presidente Cristina Fernández, pierde fuerza en manos de una justicia súper lenta.

Juan Ignacio Irigaray

A punto de cumplir tres meses, el ‘caso Nisman’ -la misteriosa muerte del fiscal antiterrorista Alberto Nisman, el pasado 18 de enero, que había denunciado a la presidenta Cristina Fernández- pierde fuerza en manos de una justicia súper lenta que no esclarece si se suicidó o se trató de un magnicidio.

No es la primera muerte oscura y cargada de sospechas. Desde la restauración de la democracia en 1983, Argentina acumula una lista de enigmáticos suicidios de personajes públicos, o fallecimientos en robo y accidente, que la justicia nunca ha aclarado.

También esta vez la pesquisa se entretiene investigando una cuenta bancaria que Nisman tenía en Nueva York con familiares. Y el miércoles hizo pruebas periciales sobre el gps del coche Audi que usaba el fiscal. Pero ni siquiera se conocen cuáles fueron sus últimas llamadas y visitas a páginas de Internet.

El suceso conmovió a Argentina y tuvo tanta repercusión nacional e internacional -hasta el ‘New York Times’ lo dio en sus noticias principales- que forzó a la presidente Cristina Fernández, viuda de Kirchner, a dar un mensaje por cadena nacional de radio y televisión. Pero el ‘caso Nisman’ ya no figura a diario en las portadas de los periódicos y el interés de los argentinos volvió al futbol y los programas televisivos de entretenimiento.

El último despropósito se produjo ayer cuando el jefe de gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, dijo que si él fuese fiscal ya hubiera mandado detener a la madre de Nisman, Sara Garfunkel, una octogenaria que actúa de querellante en el expediente judicial.

El funcionario apuntó sus sospechas sobre “la actitud de la señora” tras la muerte de su hijo y, según su opinión, debería haber sido detenida para determinar “qué es lo que sabe” sobre el suceso y “ver qué sucedió y cómo se movilizaron” los familiares.

También sembró dudas sobre el hallazgo de un arma de Nisman, el martes, en un trastero del piso de la mujer: “¿Qué hace la pistola en manos de la madre? ¿La madre, qué es lo que conoce? ¿Cuántas horas estuvo en el departamento (de Nisman)? ¿Había una carta del fiscal?”.

“Hay demasiadas cosas que pasaron cerca de la señora, que tienen que ver con ocultamiento de pruebas. No le estoy pidiendo que declare en contra de su hijo, estoy afirmando que está tergiversando la escena en todas sus formas”, ha disparado Fernández.

El intento del gobierno de la presidenta Fernández, que opinó que fue un homicidio, es cerrar el círculo de sospechas sobre los allegados a Nisman. Primero sobre Diego Lagomarsino, el colaborador informático que prestó a Nisman la pistola que lo mató, y, ahora, sobre Garfunkel.

Horas antes de ir al Parlamento

Nisman fue encontrado muerto en su piso con un balazo en la sien, horas antes de que fuera al Parlamento a explicar su denuncia penal contra la Presidenta. La había acusado de pactar con Irán la supuesta impunidad de altos cargos iraníes acusados por él del ataque terrorista a la mutual judía AMIA, que en 1994 causó 86 muertos.

Para el fiscal, se trató de una “confabulación criminal” el memorándum de entendimiento que Argentina e Irán firmaron el 18 de enero de 2013 en Etiopía. El convenio estipulaba que, por primera vez, los iraníes acusados aceptaban ser interrogados por el juez argentino que lleva la causa AMIA. Eso sí, en Teherán.

Tras la muerte del fiscal que investigaba el ataque a la AMIA, esa denuncia penal contra la jefa de Estado no fue admitida a trámite por inexistencia de delito en dos instancias distintas de la justicia federal. Primero el juez Daniel Rafecas y luego un tribunal de alzada, la Cámara Federal.

Y en su etapa final también se debilita, ya que la última palabra será del fiscal Javier De Luca, considerado un funcionario judicial afín con el Gobierno e integrante de la agrupación oficialista “Justicia Legítima”, que agrupa a fiscales y jueces simpatizantes del gobierno.

Fuente: elmundo.es

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