ESTI PELED PARA AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO – La Jueza de la Corte Suprema de Justicia Daphne Barak-Erez rechazó la petición de Yesh Atid de impedir la enmienda de la Ley Básica para aumentar el número de ministros en el próximo gobierno.
Por Shlomo Pitrikovsky
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En su decisión, la jueza dictaminó que “luego de revisar las respuestas a la petición y la posición del Procurador General, no es apropiado acceder a la orden provisional solicitada, dirigida principalmente contra el proceso legislativo.”
El domingo por la noche, Lapid concedió al gobierno un plazo de 12 horas para responder a su apelación contra la extensión del gabinete de 18 a 22 ministros, que fue aprobada en una votación ministerial ese mismo día.
La iniciativa, presentada anteriormente por el diputado Ofer Shelah y los abogados de Yesh Atid, afirma que el gobierno de transición actual no está autorizado para modificar o actualizar las leyes básicas, aunque se reúnan los 61 votos necesarios para suspender temporalmente el límite de 18 ministros, como la ley lo prescribe.
Además, la iniciativa sostiene que el acuerdo de coalición prevé una distribución ilegal de fondos por parte de los partidos y diputados específicos, de acuerdo a lo estipulado por el Procurador General. Según los informes, numerosos diputados de Shas, Judaísmo de la Torá, y Habayit Hayehudí han recibido sumas específicas de hasta 20 millones de Shekels, para proyectos.
En su respuesta, presentada en nombre del Presidente de la Knesset Yuli Edelstein (Likud) y el Asesor Legal Eyal Yinon, la Knesset rechazó la petición de Yesh Atid debido a que el proyecto de ley aún no ha sido presentado ante la misma y por lo tanto es prematuro.
El Procurador General también presentó su respuesta a la petición afirmando que “no hay lugar para llevar a cabo las órdenes provisionales solicitadas” debido a las pocas probabilidades de que la petición sea ratificada y debido a consideraciones de tiempo y conveniencia en el proceso de formar el gobierno.
Asimismo, la Procuraduría General declaró que el caso no justifica la intervención de la Corte Suprema y que cualquier discrepancia en la ley será tratada internamente por una comisión intraparlamentaria.
Fuente: Arutz 7
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