Por Eugene Kontorovich
La importancia del proyecto de ley no puede ser subestimada. Los países europeos en los últimos años han estado amenazando sobre los “riesgos jurídicos y económicos” de hacer negocios con empresas israelíes. La vaguedad de estas advertencias es un testimonio de su falta de fundamento legal. Pero estas tácticas de miedo afectaron la toma de decisiones de las empresas. Ahora, si hay algo de honestidad en los mensajes de la UE, debe advertir a las empresas sobre los riesgos jurídicos y económicos de negarse conscientemente a negociar con empresas israelíes.
En general, el proyecto de ley de Illinois es parte de un amplio rechazo político contra el movimiento BDS (“Boicot, Desinversión y Sanciones” – la estrategia de guerra económica y la deslegitimación de Israel). Mientras que el BDS ha tenido éxito entre sindicatos académicos británicos y cantantes de pop, los esfuerzos anti-boicot están siendo acogidos por gobiernos, a nivel estatal y federal. Esto se debe a que el mensaje del movimiento BDS – de que Israel es un país villano – es fundamentalmente rechazado por la gran mayoría de los estadounidenses.
De hecho, una ola de legislaciones anti-BDS está inundando EE.UU., dirigidas principalmente por las enmiendas bipartidistas a proyectos de ley emitidas por el Congreso con el objeto de “desalentar” el boicot en las negociaciones comerciales con los países europeos.
Las enmiendas de comercio no toman ninguna acción definitiva contra boicoteadores. Sin embargo, establecen claramente que el BDS no es similar a las protestas por los derechos civiles, sino que son boicots contra judíos, comunes en el mundo árabe y en la Europa del siglo 20. De hecho, en las últimas semanas, se han aprobado resoluciones que apoyan estas afirmaciones.
Un proyecto de ley más agresivo, y potencialmente más eficaz es la “boicotear a nuestros enemigos, no al acto de Israel” (HR1572) introducido en la Cámara por el Republicano Doug Lamborn y siete copatrocinadores, requiriendo que los contratistas del gobierno para certificar que no están boicoteando a Israel. De manera similar, el proyecto de ley de Illinois requiere de fondos de pensiones del estado para no invertir en empresas que boicotean.
Durante mucho tiempo, el gobierno federal ha impuesto restricciones a los contratistas como una forma de promover diversos valores sociales. Se les ha exigido abstenerse de una variedad de actividades legales de otro tipo, como no practicar la acción afirmativa. Por otro lado, los fondos de pensiones estatales han estado destinados a inversiones de “conciencia social”, evitando la inversión en empresas en función a medio ambiente, empleo o prácticas laborales. El proyecto de ley de Illinois no hace sino aumentar la discriminación en contra de Israel.
En Estados Unidos siempre se ha penalizado la participación en el boicot de la Liga Árabe contra Israel. El país puede oponerse a boicots privados, al mismo tiempo que puede patrocinar otros. De hecho, la separación no es inviolable, ya que muchas de las organizaciones que piden el boicot de Israel son apoyadas por gobiernos extranjeros.
No obstante, cabe señalar que las medidas actuales son menos restrictivas que las anteriores, ya que no prohíben participación en boicot contra Israel.
Una táctica importante de BDS es motivar a universidades estatales y otras entidades gubernamentales a cortar los lazos con Israel. No hay duda que los defensores de BDS están en su derecho constitucional de fomentar la acción gubernamental contra las empresas en respuesta a las supuestas malas acciones del gobierno de Israel. Pero esta protección constitucional es un arma de doble filo. Los partidarios de Israel pueden buscar la acción del gobierno en respuesta a las supuestas malas acciones de los boicoteadores.
La campaña BDS inevitablemente a un argumento, “¿Qué pasa con el boicot a Sudáfrica?” Sin embargo, su validez depende de que la conducta de Israel se considere como equivalente al apartheid, una visión rechazada por la gran mayoría de los estadounidenses. El hecho histórico del boicot a Sudáfrica no implica que los gobiernos estatales y federales no podrían, si lo desean, desvincularse de las empresas que se niegan a hacer negocios con los países islámicos a causa de los presuntos delitos del Islam.
El hecho de que los defensores del boicot reclamen que sus acciones están motivadas por los supuestos “crímenes” de Israel no requiere que otros a consideren su respuesta como justa y razonable, o incluso acreditar sus motivos. De hecho, el Congreso prohibió la participación en el boicot de la Liga Árabe, a pesar de que los estados árabes no lo han hecho por malicia desnuda hacia, sino en respuesta a la supuesta conducta de Israel. Los políticos vieron a través de eso, y están viendo a través de las defensas del movimiento BDS.
Fuente: The Washington Post
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