TAOS TURNER Y REED JOHNSON
Temprano por la mañana del 19 de enero, un teléfono sonó en la habitación de Sandra Arroyo Salgado en el Hotel Saint Dominique en París.
Era el guardaespaldas de Alberto Nisman, el fiscal más famoso de Argentina y el padre de sus dos hijas. Nisman, le dijo el guardespaldas, había sido encontrado muerto en su departamento con un disparo en la cabeza.
El horror apenas la comenzaba a embargar cuando comenzó frenéticamente a llamar por teléfono a varios funcionarios argentinos.
Como jueza federal de ese país, Arroyo Salgado conocía bien lo que podría salir mal en las investigaciones de la policía y quería impedir que realizaran la autopsia antes de que ella regresara a Buenos Aires.
La juez tenía todas las razones para sospechar.
El señor Nisman, su ex compañero de toda la vida, estaba a pocas horas de presentarse ante el Congreso para acusar a la presidenta de Argentina de conspirar para encubrir la presunta participación de Irán en el atentado contra un centro comunitario judío en el que murieron 85 personas en 1994. Nisman había recibido numerosas amenazas de muerte.
La juez Arroyo Salgado desconfiaba en dejarles a las autoridades la tarea de averiguar lo que había sucedido. Así que puso en marcha su propia investigación.
“Necesito saber la verdad para explicar esto a mis hijas”, dijo en una entrevista reciente.
Los equipos de investigación rivales han ayudado a convertir el caso en una novela policíaca que ha acaparado la atención de la nación. Ni siquiera han podido llegar a un acuerdo en hechos tan básicos como el momento de su muerte. Tampoco se ha resuelto la pregunta más importante: ¿fue Nisman asesinado o él se suicidó?
La juez Arroyo Salgado no logró posponer la autopsia. El investigador principal del gobierno dijo casi de inmediato que el informe de la autopsia fue “categórico” en la determinación de que Nisman se quitó la vida con una pistola prestada Bersa calibre .22.
Sin embargo, dos pruebas mostraron que la supuesta mano de Nisman que disparó la pistola no tenía rastros de pólvora.
El equipo de la juez Arroyo Salgado no creyó el escenario de suicidio.
En un informe de 93 páginas, sugirieron que Nisman fue asesinado, le dispararon por la espalda mientras estaba hincado sobre una rodilla cerca de su bañera. El reporte, que fue revisado por Dow Jones, señaló que las pruebas químicas mostraron que alguien pudo haber lavado la sangre en un grifo cercano al cuerpo de Nisman, aunque la repetición de la prueba realizada por el equipo de la juez más tarde puso en duda eso.
La juez dijo que las autoridades no permitieron que su equipo realizara la prueba para detectar sangre en otro lugar o que analizara la pistola que lo mató.
También afirmó que las autoridades arruinaron el caso desde el principio, permitiendo a decenas de personas, entre ellas periodistas y a un alto funcionario de seguridad del gobierno, contaminar la escena del crimen caminando en los alrededores sin tener equipo de protección.
En un algún momento, dijo, las autoridades le pidieron a la angustiada madre de Nisman que limpiara el departamento y lavara algunos platos.
Casi cuatro meses después de la muerte de Nisman, a la edad de 51 años, todavía hay más preguntas que respuestas. Las encuestas muestran que la mayoría de los argentinos creen que fue asesinado, pero pocos creen que el caso será resuelto algún día.
“Si la investigación determina que fue un asesinato, la gente no lo creerá. Si señala que se suicidó, nadie va a creerlo tampoco, porque todo esto fue tergiversado. Y continúa siendo tergiversado”, dijo Luis Kvitko, un médico forense argentino y consultor internacional en escenas de crimen que no está involucrado en el caso.
La reacción del público ha pasado de la conmoción y la indignación por la muerte de Nisman, hasta la repugnancia y el cinismo acerca del sistema judicial de la nación.
Mientras los tribunales argentinos han sido políticos durante mucho tiempo, durante la presidencia de Cristina Kirchner se han convertido en un campo de batalla polarizado. Sus críticos la acusan de atestar los juzgados y las oficinas de la fiscalía con personajes leales a ella. La presidenta, que tiene programado dejar su cargo en diciembre, dijo que el poder judicial necesita purgarse de los intereses creados.
El mes pasado, un fiscal archivó la investigación de las denuncias de Nisman sobre la presunta conspiración de Kirchner para encubrir la participación de Irán en el atentado de 1994, el peor ataque antisemita perpetrado desde la Segunda Guerra Mundial. El fiscal, Javier de Luca, es miembro de Legítima Justicia, un grupo de jueces y abogados que están a favor de Kirchner.
De Luca, quien tomó la decisión, dijo se basó estrictamente en lo que dice la ley, a pesar de los llamados de otros dos fiscales y un juez para iniciar una investigación formal. Expertos legales dijeron que, salvo una orden sin precedentes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la decisión probablemente sea el final de los alegatos de Nisman.
Sin embargo, la investigación de su muerte produce desgaste. Un grupo de expertos designado por el investigador principal, está evaluando las teorías de asesinato y suicidio y trata de resolver la cuestión de una vez por todas.
Fuente:bs.sentidocomun.com.mx
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