ESTI PELED PARA AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO – El plan del Ministro de Finanzas, Moshe Kahlon de introducir trabajadores chinos en la industria de la construcción con el fin de acelerar el ritmo de construcción de viviendas en Israel enfrenta un obstáculo diplomático, ya que Pekín demanda que sus trabajadores no sean empleados en asentamientos judíos de Judea y Samaria, supuestamente por razones de seguridad.
Por Meirav Arlosoroff
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La demanda de China condiciona la implementación de una resolución del gabinete desde hace aproximadamente un año que prevé un aumento de hasta 15,000 trabajadores de construcción extranjeros, como parte de un plan para aumentar la oferta de viviendas y reducir sus precios.
Los gobiernos de China e Israel han negociado sobre el empleo de los trabajadores chinos en Israel por varios años. El acuerdo reemplazaría el arreglo actual, en el que las empresas privadas negocian directamente con las empresas chinas que abastecen la mano de obra, un acuerdo que ha dado lugar a denuncias de graves violaciones de las leyes laborales.
Desde 2011, Israel ha firmado acuerdos bilaterales con Tailandia y Sri Lanka con respecto a los trabajadores del campo y con Bulgaria, Moldavia y Rumania para personal de construcción.
Negociaciones sobre acuerdos similares con Nepal y Sri Lanka para trabajadores domésticos en el área de salud están actualmente en curso.
Los acuerdos prevén el arribo de más de 12,000 trabajadores, y el gobierno israelí ha expresado su satisfacción de que los pactos bilaterales han funcionado en beneficio de todas las partes involucradas, protegiendo los derechos de los trabajadores extranjeros. Los trabajadores vienen a Israel sin cargas por deudas en comisiones y con acceso a una línea telefónica para cualquier queja que puedan tener, permite proteger sus intereses.
Sin embargo, el gobierno de China aún no ha firmado el acuerdo bilateral, pese a una gran presión de los constructores israelíes. En 2011, Israel prefirió no involucrarse en negociaciones con China, debido a las comisiones de agencias del gobierno chino y la corrupción en los gobiernos locales de ese país. Desde entonces, Pekín ha tomado medidas enérgicas contra la corrupción del gobierno y ha mostrado mayor interés en un acuerdo que regule las condiciones de los trabajadores chinos en Israel.
Como resultado, Israel renovó el diálogo con China hace alrededor de 18 meses, y acordó los puntos principales de un pacto laboral, incluyendo una cláusula sobre comisiones. Pekín ha insistido en que los gobiernos locales continuarán recolectando comisiones de cada trabajador equivalentes a un mes de salario por cada año de labores en Israel. Por lo general, los obreros chinos permanecen en Israel durante cinco años y ganan un salario mensual promedio de entre 5,000 y 7,000 shekels (aproximadamente 1,300 a 1,800 dólares), mientras que cada uno de ellos paga una comisión promedio de alrededor de 6,000 durante todo el período de cinco años.
Las comisiones están prohibidas bajo la ley israelí, por lo que los contratistas de mano de obra sólo pueden exigir que los trabajadores extranjeros paguen el costo de su vuelo a Israel. Por su parte, el país ha cedido a insistencias de China, sin embargo, bajo la condición de que la comisión sea liquidada por el contratista israelí y no por el empleado chino. Aparentemente, la Asociación de Constructores de Israel se ha comprometido a la disposición. Sin embargo, en un comunicado, la organización dijo que no había prometido “pagar 6,000 dólares por cada trabajador de construcción extranjero proveniente de China a través del acuerdo bilateral”.
Pese a la aparente resolución del último obstáculo para un acuerdo con China, éste no ha sido firmado, debido a la demanda de China de que los trabajadores no sean empleados más allá de las fronteras anteriores a 1967. Es decir, principalmente en la zona de Judea y Samaria, supuestamente debido a razones de seguridad. Actualmente, el gobierno israelí se niega a acceder a la demanda.
Aunque en ausencia de un acuerdo bilateral con China, el gobierno de Israel podría establecer su propia política en relación con el empleo de los trabajadores chinos, esa medida lo pondría en una situación difícil ante la Suprema Corte de Justicia y el Departamento de Estado estadounidense, generando también una fuerte oposición por parte de funcionarios israelíes. Durante la última década, funcionarios de los ministerios de finanzas, el interior, economía y vivienda han hecho esfuerzos por reducir el número de trabajadores extranjeros en el área de la agricultura y la construcción.
Desde 2011, esta política se sustenta en la decisión que todos los trabajadores extranjeros que ingresan al país deben hacerlo en base a acuerdos bilaterales con los gobiernos extranjeros a fin de evitar trata de personas. El abandono de esta política podría causar daños a la reputación de Israel y perjudicar los esfuerzos del país de motivar a más israelíes a trabajar en la agricultura y la construcción. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que continúan los esfuerzos para llegar a un acuerdo con el gobierno chino.
Fuente: Haaretz
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