“Casi me cruzo con el terrorista y todo pudo haber sido diferente”, afirmó ayer, jueves, el ex subinspector en la vigésima audiencia del juicio oral y público, pero ello no ocurrió porque el 10 de julio de 1994, el día de la venta o entrega de la camioneta-bomba Trafic, no fue a la casa de Carlos Telleldín porque nació su tercer hijo.
AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO – El ex subinspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Diego Barreda dio a entender ayer, jueves, en la vigésima audiencia del juicio oral y público por encubrimiento de autores o cómplices del ataque a la AMIA, que si no hubiese nacido su tercer hijo el día de la venta o entrega de la camioneta Trafic, podría haber evitado “el atentado más aberrante de la historia argentina”.
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El testigo contó que hacia julio de 1994 sabía que Carlos Alberto Telleldín estaba comercializando vehículos adulterados y que si bien su casa estaba en jurisdicción de su dependencia, la Brigada de San Martín, no podía actuar por su relación personal con él y porque era un informante policial, así que le pasó el dato a su amigo y colega Mario Bareiro que revistaba en Vicente López; no obstante lo cual, hacía un relevamiento de la actividad del primero y ese domingo 10 pensaba ir a verificar si el rodado todavía estaba allí.
“Casi me cruzo con el terrorista y todo pudo haber sido diferente”, afirmó.
Previamente, Barreda explicó que conoció a Telleldín en 1988 porque eran vecinos y, además, éste regenteaba boliches y “saunas”.
Pero pasaron otras cosas en 1994: en su momento, el último poseedor conocido del coche-bomba denunció que el 14 de julio logró evadir un intento de detención por parte de efectivos de la Brigada de Vicente López, quienes por la noche fueron a su casa y arrestaron a su amigo Hugo Pérez por averiguación de antecedentes, con el propósito de que él pagara una coima por su liberación.
Sin saber de su involucramiento, “me pidió que intercediera para saber por qué lo investigaban, pero no podía hacerlo, así que le recomendé al abogado (Juan Alberto) Bottegal”, afirmó hoy el ex policía.
Según Telleldín, Pérez quedó libre después de que le transfiriera un barco al letrado, que habría estado confabulado con los uniformados.
Barreda no pudo referirse más a estos hechos porque sigue imputado como coautor de asociación ilícita, secuestros extorsivos y extorsión en contra de ambos, dado que la causa permanece abierta por una disputa de competencia entre dos jueces.
Pero sí pudo relatar que el 26 de julio de ese mismo año, la concubina del último poseedor conocido del coche-bomba, Ana María Boragni -también imputada en este juicio- lo llamó para pedirle ayuda porque notaba mucho movimiento cerca de su casa y le contó que su pareja se había ido en avión hacia la Triple Frontera porque intuía que le había vendido la Trafic que explotó en la AMIA a un extranjero.
Fue con Bareiro, hablaron con ella y al salir fueron interceptados por una comisión del Departamento de Protección del Orden Constitucional (POC) de la Policía Federal y la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE); tras identificarse como efectivos bonaerenses, les contaron que esperaban la orden de allanamiento del destituido juez Juan José Galeano y ellos se ofrecieron a convencer a la mujer de que los dejara entrar, tal como lo lograron.
En el domicilio quedó un “grupo de trabajo” integrado por ellos dos y otros tantos efectivos de cada organismo, a la espera de que Telleldín se comunicara; una vez que ello ocurrió, Barreda dijo haber hablado con él dos o tres veces, durante diez o quince minutos, para convencerlo de que no se fuera del país y se entregara si era inocente porque no era lo mismo ir preso por adulterar vehículos que por un atentado terrorista.
Pasadas unas cinco horas, los seis fueron al Aeroparque, lo reconocieron en el sector de la Policía Aeronáutica y tras su detención, declararon en el POC.
“Meses después, con Bareiro fuimos convocados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires para trabajar con (el hoy exiliado espía) Antonio Stiuso, con conocimiento de Galeano; nos pidió que nos ‘pegáramos’ a Boragni y Eduardo Telleldín, su hermano, para saber a quién le dieron la Trafic y conseguir agendas, pero nada nuevo obtuvimos en casi tres meses”, admitió.
“Al poco tiempo me iniciaron un sumario administrativo y la misma relación con Telleldín que usaron para investigarlo, les sirvió para exonerarme, en septiembre u octubre de 1995”, se quejó Barreda.
Fue detenido el 12 de julio de 1996 y al día siguiente lo llevaron al Juzgado Federal N° 9, donde se negó a declarar, pero enseguida entró Galeano y le anticipó -delante de al menos uno de los fiscales, secretarios y demás personal- que según lo que dijera le imputaría delitos comunes o el atentado, así que pese a no tener el asesoramiento de un abogado defensor, cambió de opinión porque no podía permanecer callado ante una acusación por “la muerte de 86 personas”, relató en referencia al número de víctimas que por entonces se creía que hubo y no una menos, como es en realidad.
El testigo estuvo preso 5 años y 8 meses, en diferentes destinos, y en febrero o marzo de 1997, cuando se encontraba en el Departamento Central de la Policía Federal lo visitó dos o tres veces el comisario inspector Luis Vicat, quien estaba a cargo de un Área Especial de la Bonaerense, invocó al entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, y alegó seguir instrucciones de Galeano.
El funcionario, hoy imputado por estos hechos, “me dijo que tenía que colaborar porque sabía más y que los candados de la penitenciaría estaban abiertos”, lo cual tomó como una amenaza; en otro encuentro “me ofreció mejorar mi situación procesal, beneficios económicos -2.000 ó 3.000 dólares por mes-, un cambio de identidad y salir del país si modificaba mi indagatoria y declaraba que había visto a Ribelli en una Trafic blanca, lo cual era falso porque recién lo conocí al día siguiente de mi detención, en la Alcaldía de Tribunales”, especificó.
Esto lo denunció -“no sé si no fui el primero en hacerlo”- en la prensa y en una carta remitida al entonces secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Brown, pero no penalmente, “atemorizado por lo que estaba pasando”, se justificó Barreda.
Por otra parte, “Román Lejtman y Raúl Kollmann fueron partícipes periodísticos de armar todo esto porque publicaban toda la historia que surgió del juzgado; después me enteré que el primero tenía una relación con Galeano” que no especificó, aseguró el querellante en uno de los fragmentos más resonantes de su testimonio.
Hoy fue la última presencia de Elizabeth Gómez Alcorta, quien había quedado al frente de la querella de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hasta esta jornada, tal como lo había adelantado en su carta de renuncia.
Fue acompañada por su futura reemplazante, Mariana Stilman, designada por el nuevo titular del organismo, el ex senador radical Mario Cimadevilla, tras la dimisión o despido de la mayoría de los integrantes de esa parte.
La semana que viene declararán los ex policías bonaerenses Oscar Bacigalupo y Argentino Lasala.
Fuente: AJN
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