ISRAEL – Anteriormente, en febrero, el ministro de Seguridad Pública Gilad Erdan había expresado su frustración de que su iniciativa topaba con la oposición de Mandelblit.
SILVIA SCHNESSEL PARA AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO – El Fiscal General Avichai Mandelblit ha reiterado desde el domingo su vehemente oposición a la expulsión de familias de terroristas palestinos que viven en Cisjordania a Gaza como una violación tanto del derecho israelí como internacional. Mandelblit, al igual que Yehuda Weinstein antes que él, dijo que cualquier intento de este tipo podría jugar en favor de los adversarios que tratan de llevar casos de crímenes de guerra contra israelíes a la Corte Penal Internacional.
Guilad Erdan
El ministro de Seguridad Pública Guilad Erdan dijo a principios de febrero que había presentado el plan como una “medida disuasoria”, pero se encontró con una fuerte resistencia del fiscal general actual, así como de su predecesor.
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La cuestión se ha planteado antes, por ejemplo en julio de 2014 tras el secuestro y asesinato de tres adolescentes judíos que enfureció al país. En un artículo de opinión en The Jerusalem Post del 6 de julio de 2014, el ex director del Shin Bet (Agencia de Seguridad de Israel), Avi Dichter articuló exhaustivamente todos los potenciales beneficios de seguridad en la expulsión que muchos políticos proclamaron entonces y han vuelto a hacer ahora.
Él y otros citaron deportaciones israelíes anteriores de terroristas, o, tratando de satisfacer aun más el derecho internacional, intentaron distinguir entre la más controvertida expulsión al territorio de otro estado, tal como el Líbano, y la expulsión a la Franja de Gaza, que no forma parte de otro país y tiene conexión con Cisjordania.
Sin embargo, la administración legal en Israel es casi uniformemente contraria.
La raíz del asunto deriva de los artículos 49 y 78 del Cuarto Convenio de Ginebra, que prohíben el traslado forzoso de personas de las zonas ocupadas, pero permiten la “asignación de una residencia” dentro de un área ocupada.
En un caso histórico de 2002, el Tribunal Superior de Justicia votó 9-0 limitar explícitamente las deportaciones de palestinos que viven en zonas en disputa dentro de dichas zonas en disputa.
Esta distinción permitió soslayar la prohibición general de traslado forzoso fuera de una zona en disputa y permitió a Israel deportar afiliados de Hamas en la Ribera Occidental a Gaza debido a que Gaza era todavía parte de la misma zona en disputa palestina.
Pero este caso fue antes de la retirada israelí de Gaza de 2005 y de los repetidos esfuerzos post-2005 de Israel por defenderse de las acusaciones de crímenes de guerra y otras violaciones basado en los motivos específicos de que ya no ocupa Gaza.
En otras palabras, el mismo fallo del Tribunal Supremo que permitió la deportación en 2002, prohíbe explícitamente la expulsión a la “desocupada” Franja post-2005.
Las autoridades han dicho al JPost en el pasado que muchos están preocupados de que cualquier intento de justificar la expulsión de Gaza destruya el argumento de Israel de que su retirada de Gaza fue completa y está liberada de responsabilidades humanitarias de carácter jurídico (a diferencia de político) como “ocupante”.
Pnina Sharvit Baruch
En un comentario, la ex jefa de la división del derecho internacional de las FDI y jefa del Programa INSS para el Derecho y coronel de Seguridad Nacional (en la reserva) Pnina Sharvit Baruch, escribió un análisis detallado de la cuestión durante el debate de 2014, que establece que si la deportación a Gaza se convirtiera en política oficial podría “ser utilizada contra funcionarios israelíes, que podrían ser procesados por la ley penal” ante la CPI y otros tribunales extranjeros.
Sharvit Baruch no presentó esta posibilidad como un resultado inevitable, ya que hizo referencia a varios obstáculos sustanciales para que los israelíes fueran llevados ante la CPI, pero lo citó como una seria preocupación.
Parte de lo que parece inquietar a diversos funcionarios y a Sharvit Baruch es que las decisiones de expulsión se lleven a cabo (al menos parcialmente) en la realidad de la condición de estado post-palestino, ya que la Fiscal de la CPI reconoció a Palestina como estado en enero de 2015, lo que finalmente puede llevar la sombría amenaza de la CPI a las puertas de Israel.
Israel Katz
El ministro de Transporte e Inteligencia, Israel Katz, sin embargo, no se dejó disuadir por la postura de Mandelblit o consideraciones legales contra la deportación de familias de terroristas, diciendo el domingo que continuará promoviendo esta iniciativa y que es necesario que la ley israelí se adapte a la realidad del país.
“Tengo la intención de recurrir a diputados de la coalición y la oposición hoy e iniciar un cambio en la ley” para que se permita la deportación, dijo antes de la reunión de gabinete del domingo.
“Nuestro trabajo como gobierno es salvar vidas, y la expulsión de familias de terroristas reducirá la motivación de los menores de edad que están llevando a cabo ataques”, dijo. Katz dijo que estaba seguro de que después de expulsar a unas cuantas familias, el terrorismo que están llevando a cabo menores y otras personas llegará a su fin.
“Es nuestra obligación”, dijo. “Estamos luchando por nuestras casas, y nuestro trabajo es asegurar que esto [la ola de terrorismo] acabe”.
Recientemente, Katz ha tratado de presentarse como una alternativa al primer ministro, Benjamin Netanyahu, en la derecha. Aunque Netanyahu no ha respondido públicamente, sus asociados ni respaldaron ni descartaron la medida de expulsión.
Tzipi Hotovely
La viceministra de Exteriores, Tzipi Hotovely también apoyó la idea de expulsión.
“La expulsión de los terroristas es un paso necesario para aumentar la disuasión contra atacantes solitarios”, dijo. “Cuando Irán, junto con la Autoridad Palestina, desarrollan un sistema de financiación de las familias de los terroristas, y les dan una compensación por las viviendas destruidas por Israel, es necesario enviar el mensaje de que quien haga daño a inocentes en un acto terrorista será exiliado de su entorno natural y deportado”, dijo.
Irán anunció la semana pasada que pagará a cada familia de “mártir” $ 7.000, mientras que una familia cuya casa fuera demolida por el ejército israelí recibirá $ 30.000.
En un desarrollo relacionado, el Centro HaMoked para la Defensa del Individuo el domingo solicitó al Tribunal Supremo de Justicia bloquear la decisión tomada el 21 de enero del ministro del Interior, Arie Deri de cancelar la condición de residentes permanentes de Jerusalem a cuatro árabes supuestamente conectados con los recientes ataques terroristas.
El grupo de derechos humanos sostuvo que la condición de residentes de los árabes de Jerusalem oriental está protegida por el derecho internacional desde que Israel conquistó y ocupó la zona.
También dijo que la ley israelí doméstica no faculta al ministro del interior para cancelar la residencia en Jerusalem este, aunque se pudiera crear ese poder en relación con los demás, y que las protecciones y procedimientos internos no fueron seguidos por los sospechosos.
Por último, la ONG añadió que los sospechosos eran en su mayoría actores de menor importancia en los incidentes de terrorismo.
Gil Hoffman y el personal Jerusalem post contribuyeron a este informe.
Fuente: The Jerusalem Post / Yonah Jeremy Bob y Herb Keinon – Reproducción autorizada con la mención: © EnlaceJudíoMéxico
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