LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO MÉXICO
En los comicios del pasado domingo se disputaron 1,365 cargos de representación popular a través de 12 gubernaturas (Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas; también en Veracruz y en Puebla donde el gobierno solo durará hasta el 2018); 965 alcaldías de las existentes en 2,445 municipios en el país, 428 diputados locales y 60 asambleístas que con otros 40 designados por el Presidente de la República (6), por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (6), por la Cámara de Diputados (14) y la Cámara de Senadores (14), serán los encargados de redactar la primera Constitución de la Ciudad de México, que de acuerdo a diferentes analistas, “es un proyecto que nunca tuvo pies ni cabeza”. Estas elecciones, sobre todo las de gobernadores, fueron de gran significación para marcar los territorios de las presidenciales del 2018.
Cabe destacar que las campañas electorales se centraron en la descalificación y las calumnias entre los contendientes; en diferentes casos se inventaron hechos delictivos y situaciones personales bochornosas de los candidatos, empero, también salió a la luz pública información que vincula a varios de ellos con actos de corrupción, y con actividades ilícitas, sin que por ley fueran retirados de la competencia electoral. Su impunidad estuvo al máximo esplendor. Por lo demás, el gasto electoral se ejerció con poca transparencia; a cuatro días de la jornada electoral más de la mitad de los 3,385 candidatos que participaron en la contienda no habían registrado sus gastos en el sistema de fiscalización “On line” del Instituto Nacional Electoral (INE); el Consejero Electoral, Ciro Muyarama, reconoció que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afectó los niveles de cumplimiento de los candidatos, cuando resolvió regresar las candidaturas a los gobiernos de Durango y Zacatecas a los miembros del Partido Morena, respectivamente, que habían entregado extemporalmente sus informes de gastos de precampañas al INE quien los había sancionado quitándoles la candidatura. Por lo demás, para nadie es un secreto que el crimen organizado infiltró candidatos y dinero a las elecciones. En este ámbito, en el Estado de Tamaulipas, considerado el más violento del país, 59 candidatos “se retiraron de la contienda por temor al narco”.
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En este contexto, el cierre de la campaña del Partido Nueva Alianza a la Asamblea Constitutiva rayó en un espectáculo de vodevil, en el cual varias modelos lucieron sus pechos desnudos con colores representativos de ese partido (body paint).
El consejero presidente del INE externó su preocupación por la forma, que en general, se llevaron a cabo las campañas, debido a la precariedad en el debate público y las propuestas o diagnósticos en relación a la problemática que en diferentes campos del orden social, político y económico enfrenta México. Un aspecto relevante en relación a las campañas electorales, es que la ley vigente prohíbe diseminar o dar a conocer estudios sobre intenciones de voto durante los tres días previos a los comicios y hasta después del cierre de las casillas el día de las elecciones, también que los partidos realicen actos de propaganda en los tres días antes de las elecciones; respecto a esto último, cuando la veda está operando, el jueves 2 de junio, recibí en mi domicilio una llamada a las 2:30 a.m. del Partido Morena invitándome, mediante una grabación, a votar por el mismo; Morena no respetó la ley electoral, empero, en su afán de ganar votos, pierden sus integrantes nociones básicas de mercadotecnia: ¿qué persona irritada por esta inoportuna llamada en la madrugada va a votar por ese partido?.
Se considera que quizá el gasto electoral más improductivo fue el realizado en la Ciudad de México, en virtud de que el abstencionismo superó el 70.0%. Morena, como se esperaba, fue el partido triunfador en la Ciudad de México, no obstante, su legitimidad y representatividad están cuestionadas por el escaso número de votantes. Por otra parte, ninguno de los 15 candidatos independientes que participaron en las elecciones de la Ciudad de México obtuvieron una diputación; entre todos tuvieron el 8.4% de la votación total. El resultado fue obvio, ya que los electores no los conocían; además, sin la maquinaria partidista es difícil el triunfo de los independientes, ello igualmente se constató en Chihuahua, en donde el candidato independiente a la gubernatura de esa entidad, un reconocido empresario, solo alcanzó 3.0% del total de los votos.
El presupuesto que el gobierno otorga a los partidos es cuantioso, este año casi 4 mil millones de pesos, empero, también se deberían contabilizar otras erogaciones indirectas como las destinadas a la vigilancia policiaca en las jornadas electorales; así por ejemplo, en los comicios del pasado 5 de junio en la Ciudad de México, estos fueron vigilados por 30 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y “se reforzó la vigilancia en el Centro de Control, Comunicación y Cómputo con el apoyo de 15 mil cámaras que cubrieron el 70.0% de las casillas”.
Una vez realizadas las elecciones, en contra de las expectativas existentes y los anuncios preliminares de representantes del PRI, en relación a que este partido habría ganado las gubernaturas en la mayoría de los Estados; sin embargo, el mapa político “se pintó de azul”; el PAN ganó en 7 Estados, tres de ellos en alianza con el PRD. El PRI perdió 6 entidades que había ganado en el 2010; Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo; recuperó Oaxaca y Sinaloa.
El resquebrajamiento del PRI refleja un voto de castigo al mal desempeño de sus gobernadores; el hartazgo de la población con la corrupción y la impunidad; esto también se registró en Oaxaca donde gobierna la alianza PRD-PAN. En el triunfo del PAN también influyó la baja popularidad del Presidente de la República por conflictos de intereses, la reforma fiscal, el limitado crecimiento económico y el avance de la desigualdad y la pobreza durante su administración.
El Partido Morena aumentó su participación en el pastel electoral, empero, sus candidatos no se pudieron imponer en Veracruz, ni en Zacatecas y Tamaulipas, como esperaba Andrés Manuel López Obrador, aunque en los dos primeros estados Morena se posicionó como tercera fuerza.
Los conflictos postelectorales ya surgieron, el PRI emitió un comunicado en el que consigna que existen elementos para impugnar los resultados en Aguascalientes, Veracruz y Durango. Asimismo, el candidato de Morena en Veracruz, que quedó en tercer lugar, indicó que impugnará el triunfo del candidato del PAN-PRD.
El gran reto para el sistema político en el presente es que se obligue a los gobernadores que perdieron a que rindan cuentas de su gestión a la ciudadanía, ya que sobre ellos hay evidencias de corrupción y lavado de dinero, entre otros delitos. Igualmente está pendiente que se lleve a la justicia a gobernadores que recientemente terminaron sus funciones y sobre los cuales pesan serias acusaciones de corrupción: Nuevo León, Sinaloa y Sonora, y no tan recientemente, el de Coahuila. También se tendrá que poner en tela de juicio al triunfador del PAN-PRD para la gubernatura de Veracruz, sobre el cual existen acusaciones de cuentas bancarias, negocios y patrimonio inexplicables.
Por lo pronto, el Presidente Nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, está de plácemes, porque con los triunfos electorales de su partido se fortalecen sus aspiraciones presidenciales; sin embargo tendrá que enfrentar a Margarita Zavala, miembro del PAN, quien también desea contender para la presidencia en el 2018. En tanto las posibilidades de que el Presidente Nacional del PRI, aspirante a la presidencia por ese partido en el 2018, se han reducido. Todavía es temprano para definir el rumbo de la contienda presidencial del 2018, que prácticamente se iniciará en breve.
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