LEON OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO MÉXICO
Al final de mayo pasado el presidente de EUA, Barak Obama (BO), acudió a Hiroshima, tras concluir su participación en Tokio en la reunión del Grupo de los Siete (G7); fue el primer jefe de Estado de EUA que visitó esta ciudad después del ataque nuclear a la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945.
Japón es nuevamente un país militarista
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Al final del pasado marzo, en medio de numerosas protestas en Japón, entró en vigor la enmienda constitucional a través de la cual, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas armadas de ese país podrán actuar en el extranjero, un cambio radical en el pacifismo que caracterizó a ese país durante 70 años, después de que EUA realizara un ataque nuclear a la ciudad de Hiroshima el 6 de agosto de 1945, y tres días después, a la ciudad de Nagasaki; en la primera ciudad perdieron la vida entre 66 mil y 150 mil personas, tanto instantáneamente como por efectos posteriores de la radiación, en la segunda se estima que murieron entre 40 mil y 50 mil.
En este ámbito, Don Paco, directivo del Banco donde trabajé 25 años y buen amigo, comentó hace unos meses que si el entonces presidente de EUA, Harry Truman, quien aprobó los ataques, hubiera llamado a los militares de alto rango de Japón y les hubiera explicado, antes de lanzar las bombas nucleares a Hiroshima y Nagasaki, los efectos devastadores que tendrían sobre la población de Japón, quizá este último se hubiera rendido y evitado la muerte innecesaria de miles de personas. Los defensores estadounidenses del lanzamiento de las bombas atómicas señalan que esta decisión salvó muchas vidas; y que la alternativa hubiera sido una invasión terrestre de EUA a Japón con un mayor número de muertos en ambos bandos.
En este contexto, al final de mayo pasado el presidente de EUA, Barak Obama (BO), acudió a Hiroshima, tras concluir su participación en Tokio en la reunión del Grupo de los Siete (G7); fue el primer jefe de Estado de EUA que visitó esta ciudad después del ataque nuclear. Acompañado del primer ministro japonés, Shinzo Abe, BO colocó una ofrenda floral en honor a los fallecidos en el ataque y se entrevistó después de su alocución con varios sobrevivientes del fatídico suceso.
BO, en el discurso que dio en Hiroshima, dijo que había viajado a esa ciudad para “llorar a los muertos, que eran como nosotros, gente normal”; añadió que los artefactos atómicos son una prueba de que la humanidad tiene los medios para destruirse así misma y abogó por un mundo sin armas nucleares, expresión evaluada como retórica ante la política de modernización del arsenal nuclear que EUA llevó a cabo hace varios años.
El mundo civilizado esperaba que BO diera una disculpa al pueblo japonés por la devastación que causó en Nagasaki e Hiroshima y las autoridades japonesas no la exigieron dado que el interés mutuo de EUA y Japón, es reforzar sus lazos para frenar el ascenso militar de China en la región y la amenaza nuclear de Corea del Norte. Cabe mencionar que desde el final de la Segunda Guerra Mundial EUA ha tenido presencia militar en Okinawa, Japón.
Japón tiene un ejército relativamente pequeño, 150 mil efectivos; comparado con 800 mil de Rusia y 250 mil de Alemania. No obstante, se teme que por la disposición constitucional a través de la cual las fuerzas armadas niponas pueden actuar en el exterior, podría alentar un rearme acelerado de las mismas y reavivar el espíritu guerrero y expansionista que Japón ha mostrado en su historia.
Inseguridad y corrupción
Es innegable que en las dos últimas décadas el nivel de vida general de los mexicanos experimentó una mejoría y la economía se modernizó e ingresó a la globalización. Sin embargo, aún persisten importantes rezagos en material social, de democracia, de empleo de la fuerza productiva, de crecimiento económico, de infraestructura, institucional, impartición de justicia, distribución de la riqueza y superación de la pobreza, entre otros grandes rubros. En este ámbito, lo que más preocupa a la ciudadanía en el presente es el elevado nivel de inseguridad y corrupción prevalecientes en la República.
Ciertamente, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la inseguridad que prevalece en el país preocupa al 66.4% de los mexicanos y la corrupción al 50.9%. Esta encuesta, llevada a cabo el año pasado, se aplicó a la población de 18 años y más, que residen en ciudades de más de 100 mil habitantes. Ofrece información referente a la satisfacción con servicios públicos básicos y servicios públicos bajo demanda, así como las experiencias en la realización de trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos, además de otros contactos con autoridades.
De acuerdo a la encuesta, el 52.5% de los entrevistados mencionó que la principal experiencia de corrupción que han enfrentado ha sido en el contacto con autoridades de seguridad pública. Obviamente que la corrupción se extiende a otras esferas de la sociedad, entre las que destacan los políticos, legisladores y funcionarios públicos de todos los niveles. Cada vez más los actos de corrupción cubren a empresarios y a ciudadanos “de a pie”. Para nadie es un secreto que un gran número de fortunas en el país provienen de dinero mal habido. Hay evidencias claras en la administración federal, en las estatales y municipales sobre actos de corrupción que han elevado la deuda pública; es frecuente el ocultamiento del destino de millonarios partidas que son gastadas sin ningún recato.
La corrupción en México se ha convertido en un problema sistémico del país; “igual que la extorsión que practica el crimen organizado, la corrupción es una especie de impuesto a los negocios y a la actividad productiva”; la ciudadanía altamente irritada por los elevados niveles de corrupción existentes, la tolera por que la necesita para sobrevivir, e incluso, para obtener ventajas, como en el caso de acceder a contratos del gobierno; existe reticencia a denunciar estas prácticas por temor a represalias o a perder jugosos negocios.
Se estima que el costo de la corrupción para la economía de México representa alrededor del 10.0% del PIB; este porcentaje no incluye el costo de oportunidad que significa que un número indeterminado de inversionistas, extranjeros o nacionales, destinen sus recursos a otros países donde no enfrentan las dificultades y riesgos implícitos al operar en el cínico entorno de corrupción existente en México.
Con el avance tecnológico que se vive en el mundo, son más evidentes los actos de corrupción que se realizan en todo tipo de economías, desarrolladas o en vías de desarrollo o en instituciones internacionales. Así por ejemplo, en la sede de la Fuerza Interina de la ONU para Líbano (UNIFIL) se lleva a cabo actualmente una investigación para dilucidar el fraude en la reventa de raciones de comida que, destinadas al uso exclusivo de las tropas, se comercializan abiertamente en los supermercados libaneses. La red que maneja la reventa involucra a conductores y comerciantes libaneses, como a los Cascos Azules a cargo de la recepción de alimentos para avituallar a 10,000 soldados de la ONU en ese país.
La reventa fraudulenta de alimentos en Líbano no es la única práctica ilícita; existen denuncias en informes internos de la ONU en otras de las 16 misiones que actualmente tiene desplegadas en el extranjero, que no solo se refieren a alimentos, también incluyen combustibles; a estas operaciones se suman licitaciones concedidas fraudulentamente por funcionarios y militares de la ONU a cambio de “recompensas económicas”. La corrupción junto con la impunidad, la inseguridad y la violencia están impulsando la instauración de regímenes populistas en el mundo; estos factores han hecho viable que políticos populistas como Trump o Sanders aparezcan en el escenario electoral de EUA.
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