Tras seis horas de intenso debate en el pleno de la Knesset, los diputados aprobaron la controvertida “Ley de las ONGs.”
ESTI PELED PARA AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO – La nueva ley, formalmente titulada “Requisitos de Transparencia para Partidos Apoyados por Entidades Estatales Extranjeras – proyecto 5766-2016,” fue aprobada en su tercera y última votación por 57 votos a favor y 48 en contra.
La legislación es una fusión de tres proyectos de ley propuestos por la ministra de Justicia Ayelet Shaked y los diputados Robert Ilatov (Israel Beitenu) y Betzalel Smotrich (Habait Hayehudí).
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La ley exige que las organizaciones no lucrativas o empresas benéficas que reciben la mayor parte de sus ingresos de gobiernos extranjeros mencionen tal información en sus estados financieros y en el registro de la ONG en el Ministerio de Justicia, que publicará una lista de dichas organizaciones.
Además, las ONGs incluidas en la lista deberán destacar esta información en sus publicaciones, anuncios de televisión, periódicos, páginas de web o campañas en línea, así como en sus apelaciones por escrito a empleados públicos o funcionarios electos y en sus informes difundidos al público.
También están obligadas a informar al presidente de un comité de la Knesset que figuran en la lista cada vez que compadecen ante dicho comité.
Los críticos dicen que la ley apunta injustamente contra organizaciones de izquierda que critican las políticas de Israel hacia los palestinos, y busca etiquetarlas como agentes de gobiernos extranjeros.
Un análisis del proyecto por parte del Ministerio de Justicia presentado a la Comisión de Derecho de la Knesset el mes pasado muestra que las organizaciones que se verán afectadas por las nuevas exigencias de la ley son principalmente grupos de activistas contra la ocupación como B’Tselem, la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, Ir Amim, Gisha y Rompiendo el Silencio, así como ONGs pro-palestinas como Zojrot, que aboga por el retorno de los refugiados palestinos y sus descendientes a Israel.
Los defensores de la ley sostienen que el hecho de que tantas ONGs de izquierda son financiadas principalmente por gobiernos extranjeros es un tema importante del que el público debe estar consciente. La financiación crea dependencia, dicen.
En su prefacio explicativo, los autores de la ley argumentan que esos grupos “trabajan en Israel en nombre de entidades estatales extranjeras.”
El prefacio acusa explícitamente a las ONGs relevantes de establecer alianzas extranjeras. La ley tiene por objeto “hacer frente al fenómeno de las organizaciones sin lucro que representan los intereses de otros países de una manera no transparente,, mientras que fingen ser organizaciones nacionales que se preocupan por los intereses de la opinión pública israelí.”
Los detractores replican que los diputados de derecha que según ellos quieren transparencia para grupos financiados por el gobierno no imponen las mismas condiciones a grupos que obtienen gran parte de sus ingresos de donaciones privadas. Muchas ONGs de derecha y grupos de defensa son apoyados por judíos norteamericanos y otros países, así como por fuentes privadas.
“Algunas de estas reglas son similares en su esencia a las que se aplican actualmente a grupos de presión en la Knesset, cuyo estatus se establece en la Ley de la Knesset”, escriben los autores en el prólogo a la ley. Otras restricciones, reconocen, “son exclusivas de este fenómeno especial.”
La ley “simboliza el fascismo en ciernes que está creciendo y floreciendo en la sociedad israelí, y se “burla” del “derecho a organizarse, que es un principio básico en toda sociedad democrática,” manifestó el líder de la oposición y presidente de la Unión Sionista Isaac Herzog.
La ley refleja la “desnudez” del gobierno a la hora de hacer frente a los desafíos fundamentales de la sociedad israelí. Algunos de los grupos que se verán afectados, “promueven objetivos nobles como la igualdad de la mujer, la igualdad para homosexuales, para las minorías débiles, los necesitados, los desposeídos, los pobres.” Muchas organizaciones recurren a gobiernos extranjeros “porque este gobierno no ha logrado avanzar en estas cuestiones,” apuntó.
Esta ley es “un intento de evadir el verdadero debate sobre el carácter del país y los fracasos del gobierno,” acusó.
El líder de la Lista Árabe Conjunta Ayman Odeh dijo a los proponentes del proyecto de ley que la lista que establece la nueva ley es “una insignia de honor, un grupo de organizaciones no lucrativas valientes que sólo se verán reforzadas por su campaña de deslegitimación.”
“Ustedes han elegido perseguir a dos tipos de organizaciones: las que trabajan por la igualdad y las que luchan contra la ocupación. De esta manera, marcan claramente a sus enemigos – paz e igualdad,” destacó.
Todas las ONGs en la nueva lista que trabajan por la igualdad en la sociedad árabe israelí tienen un presupuesto mixto “que es aproximadamente igual al de un grupo de colonos llamado Elad,” acusó. “Pero a diferencia de aquellas organizaciones cuyos donantes serán publicados [a través de la nueva ley] directamente en su página web, el presupuesto de Elad proviene de fuentes anónimas, como corresponde a la gran tradición de transparencia” de la derecha israelí.
Tzipi Livni, número dos en la Unión Sionista y ex ministra de Justicia que ha propuesto su propio proyecto de ley de transparencia, señaló que los argumentos de la derecha para la nueva ley son “deshonestos”.
“Si realmente hubiesen querido transparencia, habrían adoptado mi propuesta, que requiere que todos, absolutamente todos reporten las fuentes de sus ingresos. Esta no es nada más que una campaña para dividir a la sociedad israelí, que ya alcanzó su apoteosis en las últimas elecciones,” subrayó.
“Lo único transparente acerca de esta ley es su verdadero propósito: intimidar y silenciar la esfera cívica, y los que abogan por el fin de la ocupación, en particular,” manifestó Daniel Sokatch, gerente general del New Israel Fund, una organización con sede en Nueva York que ayuda a financiar a organizaciones no lucrativas.
“Este es un movimiento profundamente anti-democrático, y los israelíes de todos los sectores de la sociedad civil ya están sintiendo su efecto negativo. Aquellos que estamos comprometidos con una visión de Israel como una democracia que ofrece una completa igualdad para todos sus ciudadanos como se prevé en la Declaración de Independencia debemos redoblar nuestros esfuerzos. La libertad de expresión de los israelíes no es lo único que está en juego, sino la posición de Israel como una democracia liberal.”
La declaración del NIF señala que la Knesset de Israel “nunca debería haber considerado seriamente – y mucho menos aprobado – el represivo proyecto de ley de las ONGs, ya que la legislación no pone a una nueva información a disposición del público, mientras permite a las organizaciones extremistas ultranacionalistas ocultar sus fuentes de financiación, socava el carácter democrático de Israel y contribuye a un efecto paralizante perjudicial sobre la libertad de expresión en la sociedad israelí.”
La ministra de Justicia Ayelet Shaked subió al podio para defender la posición del gobierno: “Hoy la Knesset dijo “no” a las intervenciones de otros países en los asuntos internos del Estado de Israel.”
“Así como el Estado de Israel se abstuvo de intervenir en el referéndum del Reino Unido, espero que otros países respeten la independencia del Estado de Israel. Y si no – al menos las organizaciones no lucrativas financiadas por gobiernos extranjeros estarán expuestas al público israelí. No permitiremos intervenciones de extranjeros sin revelar las fuentes de financiación externas y llevarlas al público.”
Y agregó: “Hasta ahora, hemos aceptado [dicha intervención extranjera], con la cabeza inclinada. Nuestras cabezas ya no estarán inclinadas. Esta ley no trata de nada más que la transparencia.”
Shaked pidió a los diputados de la oposición no llevar el caso a la Corte Suprema: “Recuerden que ustedes lucharon contra este proyecto de ley con herramientas parlamentarias. Su batalla debe librarse aquí [en la Knesset]. Así es como se lucha en una democracia saludable. No se fracasa aquí para llevar el caso a la Corte Suprema.”
El presidente del Comité de Derecho Knesset, Nissan Slomiansky (Habait Hayehudí) defendió la ley, diciendo que un gobierno donante “no siempre sabe exactamente qué organización está recibiendo su dinero. De saberlo, esas donaciones posiblemente no llegarían a las organizaciones, ya que esos países no querrían involucrarse en temas planteados por ciertos grupos.”
Fuente: The Times of Israel
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