Venezuela: Maduro aprueba el trabajo forzado por decreto

Todo empleado podrá ser obligado a trabajar en el campo para hacer frente a la crisis alimentaria.

G.D.O.

El Gobierno de Nicolás Maduro continúa aprobando medidas represivas. La última de ellas, ha sido imponer por decreto a la población venezolana que cualquier empleado pueda ser obligado a realizar labores agrícolas al servicio del Estado para hacer frente a la crisis alimentaria que azota al país y que el presidente Nicolás Maduro se niega a reconocer.

El decreto, oficialmente publicado esta semana, establece que aquellas personas que trabajen en empresas públicas y privadas pueden ser llamadas a trabajar en organizaciones estatales especializadas en la producción de alimentos. Estas personas deberán trabajar temporalmente en las explotaciones públicas por un mínimo de 60 días, transcurridos los cuales sus «contratos» pueden ser renovados automáticamente por un período extra de 60 días tras lo que se les permitirá regresar a sus trabajos originales.

El problema del desabastecimiento de productos básicos en Venezuela se inició hace poco más de tres años y se ha ido agravando con el paso de los meses. Ante la creciente indignación popular y el acoso de una oposición reforzada tras las elecciones legislativas de diciembre de 2015 y convencida de que el chavismo ha conducido al país a la ruina, el Gobierno de Nicolás Maduro ha aprobado numerosas medidas de corte estatalista para hacer frente a la escasez. Pese a que ninguna de ellas ha dado resultado, el régimen insiste en ellas y en que todos los problemas se deben a la «guerra económica» que turbios poderes capitalistas estarían librando contra la revolución bolivariana.

Pero una abrumadora mayoría de observadores independientes culpan de la situación a la ineficiencia y a la corrupción de las autoridades. La última voz en sumarse a las críticas fue la de Erika Guevara-Rosas, directora para América de la ONG Amnistía Internacional, que ayer dio cuenta de la visita que ha realizado al país para examinar la situación. El diagnóstico de Amnistía es demoledor para el Gobierno: «La negación casi obsesiva de las autoridades venezolanas de que la emergencia económica implica una crisis humanitaria en el país, su falta de autocrítica y su empeño en no solicitar ayuda internacional están poniendo las vidas y derechos de millones de personas en alto riesgo», denunció Guevara. La responsable de la ONG describió un panorama desastroso en el que «una combinación letal» de falta de alimentos y medicinas, unida a «altísimos niveles de criminalidad» y «persistentes violaciones de los derechos humanos» están haciendo insostenible el día a día de la gente.

«Catástrofe épica»

Guevara denunció que la respuesta oficial es exactamente la contraria a la que la emergencia requiere y no dudó en asegurar que las «políticas obstinadas» de Maduro son «la receta perfecta para una catástrofe épica». Amnistía coincide en la demanda de la oposición, que exige al Gobierno que abra el país a la llegada de ayuda humanitaria internacional. «La negación casi obsesiva de las autoridades venezolanas de que la emergencia económica implica una crisis humanitaria en el país, su falta de autocrítica y su empeño por no solicitar ayuda internacional están poniendo las vidas y derechos de millones de personas en alto riesgo», alertó Guevara.

Pese al dramático panorama, el Ejecutivo sigue en sus trece. Mientras el presidente Nicolás Maduro se pasó el jueves rindiendo homenaje a Hugo Chávez en el que hubiera sido su sexagésimo segundo cumpleaños, la diplomacia bolivariana cargaba contra Washington por urgir a la celebración del referéndum revocatorio que promueve la opositora Mesa de la Unidad Democrática y al que el Consejo Nacional Electoral se resiste a poner fecha. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, reclamó que la votación se celebre «inmediatamente», un llamamiento al que respondió la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, en su cuenta de Twitter. Rodríguez censuró las «atrevidas declaraciones» de Kirby y acusó a Estados Unidos de violentar la soberanía de Venezuela con sus «intrusivas órdenes».

Fuente:abc.es