Los $400 millones: legales pero no correctos

MICHAEL B. MUKASEY

El acto de arrojar dinero a Irán por parte de Obama plantea preguntas: ¿Por qué dinero en efectivo, y por qué en un avión no marcado? La explicación no es agradable.

Si ustedes quieren un poco de evidencia de que no todo lo que es legal es también correcto, no miren más lejos que al envío por parte del gobierno de Obama, en enero, de un cargamento de $400 millones en euros y francos suizos a Irán—en dinero en efectivo en un avión de carga no marcado.

Algunos han sugerido que enviar el dinero a Irán podría haber entrado en conflicto con la ConstituBción. El gasto por parte del ejecutivo, después de todo, debe ser autorizado por parte del Congreso. Sin embargo, los fondos en cuestión llegaron aparentemente de un depósito en la década de 1970 sobre la adquisición de armas por parte del gobierno del Shah—un depósito que fue el objeto de una demanda legal por parte de Irán contra los Estados Unidos. No estuvo involucrado ningún fondo de contribuyentes de impuestos, y por lo tanto no hubo ningún delito hacia la autoridad de gasto del Congreso.

Cabe decir que había en el momento, y todavía hay, sanciones en vigencia que prohíben que alguien se involucre en transacciones en dólares con el régimen de Teherán. Por lo tanto, si Estados Unidos hubiese hecho simplemente una transferencia de fondos convencional a Irán en dólares, el régimen no habría podido utilizar fácilmente los fondos, porque los bancos y otros tendrían prohibido participar en esas transacciones. De ahí la necesidad de una transferencia en otras divisas—para evitar una potencial violación de las sanciones.

¿Pero por qué dinero en efectivo, y por qué en un avión de carga sin marcas? ¿Cómo es que Estados Unidos no transfirió simplemente los $400 millones que se nos dijo pertenecían a Irán hacia una entidad extranjera para ser convertidos en fondos extranjeros para transmisión bancaria convencional a Teherán? Eso habría permitido a Estados Unidos seguir el rastro de cómo Irán gastaba el dinero, al menos en alguna medida. Aquí, recuerden las garantías dadas por John Brennan, el Director de la CIA, que el alivio de las sanciones que ha recibido Irán hasta ahora ha sido utilizado para proyectos de infraestructura y apuntalar la divisa iraní, para ayudar a deshacer algo del daño que infligieron las sanciones sobre la economía del país. Nuevamente, ¿por qué dinero en efectivo?

La explicación aparente no es agradable. Existe principalmente una entidad dentro del gobierno iraní que tiene necesidad de fondos no rastreables. Esa entidad es la Fuerza Quds—la rama del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní enfocada particularmente en promover mundialmente los objetivos del régimen apoyando y llevando a cabo terrorismo. Esta es la entidad, por ejemplo, que estuvo vinculada a la conspiración frustrada para asesinar al embajador saudí en Washington, D.C., en el año 2011, tanto como la conspiración exitosa para volar un centro comunitario judío en Buenos Aires en 1994.

Notablemente, hay un estatuto federal que prohíbe la transferencia de “instrumentos monetarios”—dinero en efectivo o su equivalente en instrumentos al portador—con la intención de promover “actividad ilegal especificada.” Ese término es definido para incluir un delito de violencia o uso de un explosivo contra un país extranjero, una categoría que incluiría al terrorismo.

Siempre es difícil probar la intención, pero la ley federal reconoce que la renuncia consciente del conocimiento puede ser suficiente. Así, por ejemplo, no hace falta que a la persona que transfiere un arma de fuego a un ladrón de bancos conocido se le diga directamente que el arma será utilizada en un atraco a un banco a fin de ser responsable -cuando lo es—especialmente si toma medidas para ocultar la transferencia.

Como son las cosas, sin embargo, hay más de una razón por la cual nadie en la administración será procesado por renunciar en forma consciente al conocimiento de cómo será probablemente utilizado este dinero en efectivo, y violar así el estatuto anti-lavado de dinero—incluso con pruebas que ese dinero en efectivo fue transportado en un avión sin marcar. Por un lado, la ley se aplica sólo a las transferencias a o desde el territorio de Estados Unidos. Esta transferencia ocurrió completamente en el exterior.

Aparte, hay una doctrina legal que prohíbe la aplicación de estatutos penales a la actividad gubernamental en apoyo de negocios gubernamentales legítimos, a menos que esos estatutos estén claramente dirigidos a aplicarse a tal actividad. Así, por ejemplo, el conductor de un camión de bomberos no puede ser responsabilizado por acelerar en su camino a un incendio.

Se dijo que la transferencia de dinero en efectivo aquí ha sido arreglada en apoyo de conducir las relaciones exteriores de Estados Unidos. La conducta de las relaciones exteriores es una función enteramente ejecutiva. Los involucrados en esta transferencia tendrían el beneficio de esa doctrina.

Sin embargo, si esta transferencia hubiese sido hecha por una persona o entidad privada—digamos, en pago de una deuda a Irán—y los “instrumentos monetarios” pasaron a través de Estados Unidos, ¿hay mucha duda que un fiscal razonable consideraría al menos llevar el caso?

Entonces aquí tenemos el espectáculo del estado participando en conducta que expondría a un ciudadano privado al riesgo de la cárcel. Considerando que el gobierno existe tanto para servirnos como para enseñarnos, tal vez no sería pedir demasiado exigir una explicación: ¿Precisamente qué interés legítimo de Estados Unidos fue promovido cargando $400 millones en dinero en efectivo en un avión de carga sin marcar y entregarlo a un estado patrocinante de terrorismo?

Michael B. Mukasey se desempeñó como fiscal general de Estados Unidos (2007-09) y como un juez de distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de New York (1988-2006).

Fuente: The Wall Street Journal
Traducido por Marcela Lubczanski para Enlace Judío México