JONATHAN S. TOBIN / ENLACE JUDÍO MÉXICO –Los asentamientos israelíes en la Margen Occidental han vuelto a aparecer en las noticias. El Departamento de Estado condenó el visto bueno del Gobierno de Israel a la construcción de 486 viviendas en Jerusalem y los territorios diciendo que EEUU está “profundamente preocupado” al respecto. Un “alto funcionario” afirmó que esa medida “perjudica las posibilidades de una solución de dos Estados”.
A principios de la semana pasada Nicolay Mladenov, diplomático búlgaro que es actualmente coordinador especial de las Naciones Unidas para el Proceso de Paz en Oriente Medio, vino a decir lo mismo cuando declaró que esas construcciones son el principal obstáculo en los esfuerzos para poner fin al conflicto. Por si no fuese suficiente, el New York Times dedicó parte de su portada del 1 de septiembre a un artículo que pretendía decir que Israel estaba trabajando “discretamente” para legalizar otras viviendas que se habían construido sin autorización.
La imagen de Israel que surge de todo esto es la de un país que está buscando activamente impedir las negociaciones de paz y poniendo trabas a cualquier acuerdo que pudiese poner fin al conflicto. Pero aunque los israelíes pueden y deben debatir sobre la sensatez de las medidas de su gobierno, sí hay desde luego una cosa sobre los asentamientos que podemos decir, y es que no tendrán ningún impacto en la reactivación de las negociaciones con los palestinos, o en el éxito de las mismas, si es que se reanudan alguna vez.
La principal razón por la que los asentamientos no impiden la paz es que los palestinos ya han rechazado repetidamente las ofertas que les habrían dado un Estado y soberanía sobre casi toda la Margen Occidental. Los asentamientos ya existían antes de que se hicieran esas ofertas de paz, y que sigan existiendo –con o sin algunos bloques más– no impediría que el pueblo israelí aceptara un compromiso basado en el deseo genuino de poner fin permanente al conflicto si los palestinos fuesen alguna vez capaces de tal cosa.
Igual de importante, si no más, es el hecho de que casi todas estas nuevas viviendas están en lugares que incluso la administración de Obama ha reconocido seguirían siendo parte de Israel en caso de una negociación de paz exitosa. Israel no va a renunciar a barrios como Guiló, donde se están construyendo algunas de las nuevas viviendas. Ni a los asentamientos más próximos a Jerusalem o a la frontera oriental con la Margen Occidental, y nadie, ni siquiera la actual Administración, espera que vayan a hacerlo.
Entendamos también que el lenguaje empleado para describir estos proyectos es parte del problema. Nadie diría que un nuevo bloque de apartamentos en un barrio ya existente de Estados Unidos es una nueva ciudad, pero eso es básicamente lo que se dice cada vez que se construye una casa en alguna parte de Jerusalem o la Margen Occidental (siempre que sea una casa donde viven judíos): que es un nuevo asentamiento. Además, “los [asentamientos] pirata” que dice el Times que se están legalizando son casi todos extensiones de los asentamientos ya existentes. El artículo se centra en unas pocas casas separadas por una carretera de un asentamiento ya existente. Nada de eso es, como se describe universalmente, una apropiación de tierras.
También es fundamental comprender que las únicas construcciones a las que se les está dando un estatus legal de manera retroactiva son las construidas en territorio del Estado, no las propiedades privadas reivindicadas por los palestinos. Ninguna vivienda de la que se haya demostrado que está en un territorio de clara titularidad palestina ha sido legalizada.
Por supuesto, para los críticos y los enemigos de Israel, la semántica sobre los asentamientos y las cuestiones jurídicas sobre la propiedad de la tierra carecen de importancia. Creen que la presencia de cualquier judío en cualquier parte del territorio que Israel capturó a Jordania (que ocupó ilegalmente lo que denominó Margen Occidental –para diferenciarlo de su territorio al este del río Jordán– desde 1949 hasta 1967) es ilegal. Pero esa opinión, compartida por los palestinos, no tiene base jurídica. El derecho de Israel al territorio cuenta con una sólida base jurídica a partir del Mandato de Palestina de la Sociedad de Naciones, que reservó el país como patria de los judíos. Los palestinos que viven allí tienen sus propios argumentos para querer que sea parte de su Estado pretendido. Esta es una disputa que se puede resolver con voluntad, algo que los israelíes han demostrado constantemente que están dispuestos a ofrecer, y que constantemente han rechazado los palestinos.
Pero lo esencial aquí es que, si la Autoridad Palestina tuviera alguna vez la voluntad de retomar las conversaciones de paz con Israel y declarara que está dispuesta a reconocer la legitimidad del Estado judío, no importaría dónde se trazaran las fronteras, ni importaría cuántas casas nuevas se construyeran ni cuántos asentamientos existiesen. La abrumadora mayoría de los israelíes ha estado siempre dispuesta a aceptar los dos Estados, siempre y cuando tuviese la seguridad de que eso no significaba más guerra o más terrorismo. Y eso es algo que el pueblo palestino, cuya identidad sigue intrínsecamente vinculada a su centenaria guerra contra el sionismo, aún no ha demostrado que sea capaz de hacer. Mientras sigan considerando Tel Aviv “tierra robada” y hablen de “asentamientos pirata”, la paz es imposible.
Poner el foco en los asentamientos es la táctica que se han inventado los palestinos desde los Acuerdos de Oslo para justificar su estrategia de evitar la paz. Es vergonzoso que el Gobierno de EEUU, la ONU y cabeceras progresistas como el Times se hagan eco de sus consignas. Pero así sólo están ayudando a la AP a evitar las negociaciones y a hacer que las ya sombrías posibilidades de paz sean aún más remotas.
Fuente: Commentary/Revista El Medio