El Gobierno de Netanyahu, que se había opuesto a colaborar con La Haya, ha aceptado que efectúe una gira divulgativa de su tarea.
JUAN CARLOS SANZ
Una delegación de la Corte Penal Internacional (CPI) ha viajado este miércoles a Israel y Palestina por primera vez desde la guerra de Gaza de 2014. Durante la visita no se van a recoger pruebas sobre las diligencias preliminares abiertas por la CPI por presuntos crímenes de guerra en el conflicto de la Franja palestina, según un comunicado emitido por la oficina de la fiscal jefe del tribunal, Fatou Bensouda. El objetivo central de su gira por Tel Aviv, Jerusalén y Ramala será dar a conocer la tarea de la justicia penal internacional para evitar suspicacias sobre su trabajo.
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El Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu se había opuesto a cooperar con La Haya hasta el pasado mes de julio, cuando, según informó entonces el diario Haaretz, aceptó abrir una vía de diálogo con la CPI, en el marco de la cual cabría enmarcarse la visita en marcha, que fue oficialmente solicitada hace un mes. La fiscalía mantiene abierta una investigación sobre el conflicto de Gaza, en el que murieron 2.200 palestinos, de los que unas dos terceras partes eran civiles, y 73 israelíes, entre los que figuraban 67 militares. Israel, que no ha suscrito el tratado que regula el tribunal penal con sede en La Haya, rechaza que Palestina pueda ser considerada como un Estado signatario.
Tras su ingreso como Estado observador de la ONU en 2012, Palestina se adhirió el 1 de abril de 2015 al tribunal penal y presentó dos meses después una acusación contra Israel por “crímenes de guerra y contra la humanidad” por presuntas violaciones de las leyes de guerra y humanitarias cometidas en el enclave costero. Sin embargo, la fiscal Bensouda ya había abierto en enero diligencias preliminares para determinar si tanto el Ejército israelí como las milicias palestinas de Gaza —a las que se atribuye el lanzamiento indiscriminado de cohetes contra objetivos civiles israelíes—pueden ser encausados.
“La delegación no va a dedicarse a recoger pruebas sobre supuestos crímenes ni a visitar los lugares donde pudieron cometerse; tampoco va a evaluar la capacidad de los respectivos sistemas legales para juzgar los crímenes que forman parte de la jurisdicción”, precisaba el comunicado difundido por la fiscalía antes de la visita de cinco días emprendida por su delegación. Los responsables de la CPI aspiran a evitar los malentendidos sobre su misión antes de que este se ponga en marcha. Por esta razón han decidido llevar a cabo esta visita de carácter divulgativo, en la que se incluyen reuniones con centros universitarios y entrevistas con medios de comunicación locales.
Los procedimientos tardan años en cuajar en la justicia penal internacional, de manera que pasará aún un largo tiempo antes de que se formulen imputaciones o se archiven las diligencias abiertas. “Estos procesos exigen analizar gran número de cuestiones legales complejas y revisar un gran volumen de documentos (…) para lo que se requiere el necesario espacio y tiempo”, advierte la CPI a su llegada a Israel y Palestina.
La CPI observa el principio legal de complementariedad, esto es, no entra a considerar casos que estén siendo examinados por tribunales locales. Después de examinar unas 500 denuncias, la justicia militar israelí ha archivado por falta de pruebas 13 sumarios por supuestos crímenes de guerra, algunos incoados tras las acusaciones presentadas por ONG israelíes como Breaking the Silence, un grupo de soldados veteranos que recogió testimonios anónimos de combatientes en Gaza. La fiscalía castrense mantiene aún abiertos seis sumarios penales por crímenes de guerra en el conflicto de 2014.
Precisamente este miércoles, la aviación israelí ha bombardeado posiciones de Hamás en Gaza en represalia por el lanzamiento de un cohete que cayó sin causar daños cerca de la ciudad de Sderot, conlindante con la Franja. Un grupo salafista opuesto a Hamás se atribuyó el disparo.
Fuente:elpais.com
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