CHARLES B. RENFREW Y JAMES H. REYNOLDS
Una de las frases más conocidas del poeta romano Juvenal es quis custodiet ipsos custodes. ¿Quién vigilará a los vigilantes? Unos 2,000 años más tarde, esta pregunta es especialmente relevante para el sistema de justicia penal de Estados Unidos, dado el poder esgrimido por los fiscales federales. Muy a menudo su autoridad lleva a abuso significativo, como quedó demostrado por el caso de Sholom Rubashkin.
Rubashkin, un padre de 10 hijos, de 57 años de edad, es el ex vicepresidente de Agriprocessors, una procesadora de alimentos kosher con sede en Postville, Iowa. El 12 de mayo del 2008, agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos irrumpieron en la planta de la empresa y arrestaron a cientos de los obreros que eran inmigrantes indocumentados. Esto llevó a la empresa a la bancarrota muchos meses después.
Poco después, Rubashkin fue arrestado por funcionarios federales y acusado de fraude en la Corte de Distrito estadounidense, donde se desempeñó anteriormente uno de nosotros. El gobierno alegó que él movió ilegalmente dinero que debió haber sido depositado como colateral para un préstamo del Banco First con base en St. Louis.
Aunque Rubashkin fue condenado, no tuvo intención de causar ninguna pérdida al banco. Pero los fiscales federales que lo acusaron querían extraer una libra de carne, y luego algo—incluso al costo de exceder ilegalmente sus límites e interferir en la venta de la empresa en quiebra.
Como parte de su presentación de bancarrota, los asesores independientes valuaron los activos de Agriprocessors en u$s68.6 millones. Pero evidencias que ocultaron los fiscales y que encontraron durante los últimos años los abogados del Sr. Rubashkin, prueban que los fiscales impidieron que el administrador de la quiebra hiciera una venta a compradores potenciales a un precio razonable. En su lugar, ellos advirtieron que los compradores perderían el negocio si algún miembro de la familia Rubashkin mantenía una conexión con la empresa, aunque ningún otro familiar había sido acusado.
Por otra parte, la participación de los Rubashkin era una parte crucial del valor de Agriprocessors. La familia judía ortodoxa—especialmente el padre de Sholom, el fundador de la empresa—tenía significativo conocimiento institucional y experiencia en el negocio del procesamiento de alimentos kosher. Con la inexperiencia de la familia, la empresa se volvía significativamente menos atractiva para los compradores.
Los fiscales consiguieron la meta que se propusieron. Nueve potenciales ofertantes se salieron de la venta—incluido uno que había ofrecido u$s40 millones. La empresa fue vendida por u$s8.5 millones, una fracción de su valor real, asegurando que el banco no sería retribuido por el dinero que se debía. Incluso el banco objetó por escrito a los fiscales con respecto a las acciones del gobierno. Aquí también los fiscales ocultaron injustamente a la defensa las objeciones del banco.
En virtud de las directrices federales de condena mínima obligatoria para fraude bancario, la condena de un delincuente está vinculada directamente con la pérdida en que incurrió el banco que fue defraudado. La intromisión de los fiscales significó que el banco incurrió en una pérdida de u$s27 millones. Esto permitió a los fiscales buscar una sentencia asombrosa a cadena perpetua para Rubashkin, la cual ellos luego bajaron a unos todavía inaceptables veinticinco años. Los fiscales ocultaron su rol al solicitar el falso testimonio de Paula Roby, consejera para el administrador de la quiebra, quien dijo que los fiscales no interfirieron en el proceso de venta de la bancarrota. En la sentencia, los fiscales engañaron a la corte para que creyera que nunca ocurrió esta intromisión, un hecho que fue descubierto sólo hace poco.
El Sr. Rubashkin fue encontrado culpable bajo cargos de fraude financiero y condenado a 27 años tras las rejas. De haberse hecho verdaderamente justicia, él habría recibido menos de cuatro años. En abril del 2010, después de la condena pero previo a la sentencia, un grupo bipartidista de seis ex procuradores generales y más de una docena de otros prominentes expertos legales escribió una carta a la juez en la cual la instaban a mostrar clemencia a Rubashkin.
Este llamado se ha convertido en un clamor en los seis años que pasaron. En abril, un grupo bipartidista de cuatro ex procuradores generales de Estados Unidos, dos ex directores del FBI y docenas de profesores de Derecho y ex funcionarios del Departamento de Justicia escribieron al actual Procurador de Estados Unidos para el Distrito Norte de Iowa, Kevin Techau. Ellos describieron la condena de Rubashkin como “patentemente injusta” y le solicitaron que actuara para remediar lo que la carta llamó “nuevas evidencias asombrosas que los fiscales en su oficina presentaron a sabiendas del testimonio falso y engañoso en la audiencia de la sentencia.”
Rubashkin ahora ha cumplido más de siete años de su sentencia—más de dos veces lo que habría cumplido si su castigo se ajustaba a su delito. Cada día que él pasa en prisión es un día que él debe estar pasando como un hombre libre, con su familia.
Ese es el motivo por el cual instamos al Presidente Obama a indultar al Sr. Rubashkin antes de dejar el cargo en enero. El Congreso también debe tomar medidas para frenar el serio problema del abuso de los fiscales, el cual ha provocado preocupación bipartidista de muchos abogados, académicos legales y jueces federales. Una reforma posible incluye convertir en delito que los fiscales oculten o alteren deliberadamente pruebas que tienen peso en el resultado de una causa.
Los vigilantes deben ser vigilados. Si no lo son, el sistema de justicia penal impartirá muy a menudo el tipo de injusticia que está experimentando Sholom Rubashkin.
*Charles B. Renfrew fue juez de una Corte de Distrito de EEUU en el Distrito Norte de California (1972-80) y fiscal general adjunto de EE.UU. (1980-81). James H. Reynolds fue el procurador de EE.UU. para el Distrito Norte de Iowa (1976-82).
Fuente: The Wall Street Journal
Traducido por Marcela Lubczanski para Enlace Judío México