Crónicas Intrascendentes. Parte CCXXXVI

LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO MÉXICO

Gasolinazo en tiempos difíciles

El primero de enero de este año entró en vigor un importante aumento de los precios de los combustibles en toda la República de entre 14.0% y 20.0% en promedio y se anunció que en febrero próximo y, probablemente en los meses subsiguientes se observaran nuevas alzas. En administraciones pasadas también se registraron importantes incrementos en los precios de los combustibles, la significación de los de enero es que se dan en un complejo entorno económico, social y político en el país y de gran incertidumbre en el mundial, particularmente en EUA, el principal socio comercial de México.

El alza de enero implica el inicio de una nueva etapa en la que se transita hacia la liberalización de los precios de las gasolinas en la que la cotización final al consumidor estará determinada “por el costo de referencia de los hidrocarburos más un impuesto fijo”, este último representa en el presente más del 40.0% del precio final de las gasolinas, así “se dan las condiciones para que el gobierno deje de intervenir en los precios de las gasolinas y estos respondan a los diferentes costos que se dan desde la extracción del petróleo, refinación, transporte, almacenamiento, entre otros, y las fuerzas de mercado.

El gobierno se vio precisado a elevar los precios de las gasolinas y terminar los subsidios a éstas por el aumento de 46.0% de las cotizaciones internacionales del crudo en el 2016 y que repercutieron en 17.0% en el de las gasolinas que importó México ese año y que representaron 53.0% del consumo interno de las mismas y por la devaluación del peso frente al dólar en 23.0% en ese periodo, con lo cual el costo de las gasolinas también subió en términos de pesos. Es importante destacar que el subsidio ha sido generalizado con un carácter regresivo porque el mayor beneficio se dio en las personas de mayor ingreso; 10.0% de la población de las percepciones más altas son los principales consumidores de gasolinas. Por otra parte, los subsidios han tenido efectos negativos en la ecología porque promueven un consumo más elevado de gasolinas.

El proceso de producción y distribución de gasolina ha estado controlado en todas sus etapas por Pemex, de aquí que sus costos “han estado ocultos, la liberación de los precios sacará a la luz todas las ineficiencias que se han generado por décadas: falta de capacidad de refinación, de eficiencia operativa, de infraestructura, de transporte, de instalaciones portuarias y de almacenamiento, se irán revelando conforme el precio de la gasolina se vaya determinando bajo condiciones de mercado”.

En este marco, el gobierno ya no podía absorber los crecientes subsidios a las gasolinas porque afectaría a las finanzas públicas con riesgo de ensanchar el déficit público, no tuvo margen fiscal para posponer o suavizar la liberación del precio de las gasolinas; en teoría la reforma energética atraerá importantes flujos de inversión, nacionales y foráneos hacia los procesos de producción, conducción, almacenamiento y distribución de las gasolinas, siempre y cuando los inversionistas operen en condiciones de seguridad mínimas: que los ductos no sean “ordeñados” por la delincuencia; que los hidrocarburos no sean detenidos por horas o días debido a bloqueos en carreteras o que se “vandalizen” las gasolineras entre otras; la prevalecencía del estado de Derecho es fundamental.

Sin embargo es preciso tener presente que detrás del gasolinazo está el costo de no haber hecho una reforma energética oportuna; los mexicanos tienen que pagar ahora porque la política económica se implementó inadecuadamente durante muchos años en los que existió opacidad y despilfarro en la asignación de los recursos públicos.

La reacción de la sociedad frente al precio actual de la gasolina “solo recoge el hartazgo frente a lo que se percibe como un robo y alguien está capitalizando esta situación a su favor”. Para la gente los impuestos a las gasolinas son acciones a través de las cuales se substraen recursos vía la corrupción que de manera cínica ha llegado a niveles de escándalo en el sector público. En el presente, los esfuerzos contra este lacerante fenómeno están basados en el sistema Nacional Anticorrupción, empero, solo están en el papel y falta mucho para que se materialicen.

En el presente están “en capilla” por lo menos media docena de gobernadores que con los montos que robaron en los gobiernos estatales podrían compensar el total de los impuestos especiales a la gasolina que se cobraron a los consumidores el año pasado, más de 240 mil millones de pesos, crecimiento anual cercano a 40.0% en relación al 2015. La Comisión Anticorrupción del Senado de la República tiene para su análisis y dictaminación un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, y a la Secretaría de Hacienda, vía el SAT, y a las autoridades competentes, que promuevan las denuncias e inicien las investigaciones contra 12 ex gobernadores que presuntamente causaron daño o perjuicio en contra de Hacienda.

La ciudadanía tiene derecho a protestar por el aumento de las gasolinas; no obstante, en por lo menos 11 entidades del país el nivel de violencia que alcanzaron las manifestaciones no tiene precedentes; bloqueos carreteros a instalaciones petroleras, gasolinerías cerradas, y robo de combustible, quema de vehículos, de instalaciones comerciales y de gobiernos estatales y municipales, saqueo masivo y destrucción de tiendas de autoservicio, departamentales, de conveniencia. Centrales camioneras cancelaron corridas a 9 estados cuyas carreteras estaban bloqueadas. El vandalismo y la inestabilidad social fueron impulsadas por agitadores profesionales, detrás de ellos supuestamente estuvieron partidos políticos, incluso se contrataron empresas especializadas en convocar disturbios a través de la difusión de mensajes en las redes sociales.

En la primera semana de enero, en virtud de actos violentos, fueron detenidas 1,500 personas y consignadas un tercio de ellas. En la segunda semana, varios partidos políticos convocaron a que la gente saliera a las calles a protestar, particularmente el PRD y Morena. El terreno es fácil para que el eterno candidato del PRD a la Presidencia y hoy de Morena, tenga más posibilidades de llegar a ésta en el 2018. Por lo pronto, una espiral inflacionaria empieza a cobrar fuerza; el consumo de gasolina significa 9.0% del gasto familiar promedio, sin embargo, los efectos multiplicadores de los combustibles en la economía en su conjunto son amplios, adicionalmente ya se experimenta un aumento de precios derivado de la especulación.

El gobierno se apresuró a establecer un Acuerdo para el Fortalecimiento y la Protección de la Economía a través del cual se comprometió a impulsar “acciones que permitan mantener la estabilidad de precios de la canasta básica, así como vigilar y sancionar cualquier abuso en los términos de Ley, y de ser necesario, se autorizará la libre importación de productos básicos”, entre otras.

En este ámbito, la COPARMEX, organismo empresarial, el más importante, ideológico y político, declinó firmarlo esgrimiendo que si bien urge un Acuerdo, es importante que este sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no solo sirva como estrategia de comunicación o imagen pública. En general, se evalúa el Acuerdo como reactivo, no preventivo.

Diferentes analistas piensan que el gobierno podría recuperar credibilidad si el componente de impuestos de las gasolinas se destina por ley al desarrollo del transporte público y a la inversión en infraestructura en puertos y gasoductos, entre otros rubros “y no acaben en cuentas bancarias de políticos en Suiza”.

Protección del gobierno de Francia a la corrupción

Christine Lagarde (CHL) directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) fue declarada culpable el 26 de diciembre pasado por cargos criminales relacionados con el uso indebido de fondos públicos durante su gestión como ministra de Finanzas de Francia (2007-2011) sin embargo, no tendrá que ir a prisión, según el juez encargado de su caso, quien consideró que las acusaciones contra CHL “eran muy débiles” y no parecían suficientes para recibir una condena.

El caso contra CHL se centró en el papel de Bernard Tapie (BT), dueño de Adidas, que estuvo en prisión por acusaciones de corrupción. BT acusó al prestamista Crédit Lynonnais, del cual el Estado francés era accionista, de hacerle trampa cuando supervisó la venta de Adidas en 1993. Siguieron años de disputas y en el 2007 CHL decidió mandar la disputa a una autoridad privada de tres personas que otorgó a BT más de 400 millones de euros por daños e intereses que le debería pagar el Estado Francés. Sus críticos dijeron que la decisión tenía tintes políticos y fue acusada de negligencia por permitir el arbitraje y luego no apelar al veredicto.

CHL fue considerada culpable por un tribunal de excepción, no obstante, se le libera de pena “lo que es impropio del país de Montesquieu; Francia, por razones políticas, logró evitar por segunda vez en cinco años que una compatriota al frente del FMI tenga que abandonar humillantemente su puesto. En el 2011, el también francés Dominique Strauss tuvo que dimitir como director del FMI por un escándalo sexual.