La Constitución de los Estados Unidos contempla la posibilidad de celebrar un juicio político contra el presidente, un proceso en el que participarían tanto la Cámara de Representantes como el Senado
Todavía no ha sido investido, pero el batiburrillo de escándalos que Donald Trump lleva a cuestas no para de crecer. El presidente electo de Estados Unidos se enfrenta estos días a una nueva polémica. Un informe publicado por la prensa, todavía sin verificar y en principio filtrado por el MI6, el servicio británico de inteligencia, afirma que Rusia tiene en sus manos información comprometedora sobre el magnate; datos escabrosos —se habla de una orgía en un hotel de Moscú— que el Kremlin utilizaría para chantajearle una vez ocupara la Casa Blanca.
Por si no fuera poco, el documento también revelaría que el republicano colaboró con Moscú para perjudicar al Partido Demócrata durante las pasadas elecciones.
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Trump, que ha negado todas las acusaciones —«No tengo nada que ver con Rusia», afirmó, tajante, en una rueda de prensa celebrada este miércoles—, responsabiliza a la inteligencia estadounidense de azuzar la polémica para perjudicarle. Mientras el escándalo continúa y se mezcla con otros —las acusaciones sobre acoso sexual, el traspaso de su imperio empresarial a sus hijos—, algunas voces ya barajan que el presidente electo se enfrentará, cuando estrene su mandato, a un «impeachment», un juicio político que recoge la Constitución y al que puede someterle el Congreso, formado por la Cámara de Representantes y el Senado, si quiere forzarle a dimitir. Así lo afirmó hace meses Allan Lichman, el profesor de Historia de la Universidad de Washington que ha acertado quiénes serían los inquilinos de la Casa Blanca durante los 32 últimos años.
«Los presidentes de Estados Unidos no tienen inmunidad», subraya al respecto Julio Cañero, director del Instituto Franklin. El especialista explica cómo funciona este procedimiento: primero, señala, se crea «una comisión en la Cámara de Representantes [equivalente al Congreso de los Diputados] para analizar las acusaciones contra el presidente. Es como un proyecto de ley: se lleva al pleno y se vota, y se decide si hay causa suficiente». En caso afirmativo, «se promueve el verdadero proceso de ‘impeachment’, que tiene lugar en el Senado. El vicepresidente, que es la figura que preside las reuniones en el Senado, deja su puesto al magistrado jefe del Tribunal Supremo. Entonces se vuelve a votar y a debatir en el pleno del Senado la propuesta que viene de la Cámara de Representantes». Una mayoría de dos tercios le obligaría a hacer las maletas y abandonar la Casa Blanca.
Dos antecedentes
Solo dos presidentes de Estados Unidos se han enfrentado, en el pasado, a este procedimiento. El primero, el demócrata Andrew Johnson, lo hizo en febrero de 1864, cuando fue acusado por destituir a su Secretario de Guerra, Edwin M. Stanton. El más reciente lo sufrió el también demócrata Bill Clinton, en diciembre de 1998: «No fue realmente por el caso Lewinsky, sino porque había mentido en las sesiones de control del Congreso» sobre el escándalo, explica Cañero. Ninguno de los dos fueron, finalmente, destituidos.
«Es difícil saber lo que va a pasar. Sinceramente tiene papeles para pasar un proceso de ‘impeachment’ por sus negocios, por el fideicomiso famoso. Tomar decisiones que favorezcan a sus empresas, o decisiones que vayan en contra de los intereses de los Estados Unidos, puede ser una causa», detalla el especialista. Sin embargo, Cañero matiza que la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y en el Senado dificultaría que el proceso se saldase con la destitución. «La situación es confusa», concluye.
Fuente: abc.es
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