JACK KHOURY
Una colaboración de consejos civiles y organizaciones palestinas de derechos humanos solicitó este miércoles a la Suprema Corte anular la Ley de Regularización que permite a Israel expropiar tierras palestinas privadas de Cisjordania donde se han construido asentamientos israelíes.
ESTI PELED PARA AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO – Los demandantes incluyen a 17 gobiernos locales palestinos, 15 rurales y dos urbanos, así como organizaciones palestinas de derechos humanos en Cisjordania, la Franja de Gaza e Israel.
La nueva ley permite al Estado declarar tierras privadas palestinas sobre las cuales se construyeron asentamientos “de buena fe o bajo instrucción del Estado” como propiedad del gobierno, y negar a sus propietarios el derecho a usar o mantener esas tierras hasta que hasta que se resuelva la situación de los territorios.
La medida proporciona un mecanismo para compensar a los palestinos cuyas tierras serán incautadas. Un terrateniente puede recibir un pago de uso anual del 125 por ciento del valor de la tierra según lo determinado por un comité de evaluación por períodos renovables de 20 años, o un terreno alternativo si es posible, según su elección.
Se espera que la ley sea rechazada por la Corte Suprema de Israel.
Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas, dijo que podría estar obligado a suspender la cooperación de seguridad con Israel si continúa el aumento de los asentamientos israelíes.
“Si continúa la colonización israelí, no tendré otra opción, no sería mi responsabilidad,” dijo Abbas al Senado de Francia durante una visita a París.
La demanda palestina argumenta que la ley, denominada Ley Reguladora de los Asentamientos en Judea y Samaria 5777-2017, viola el derecho internacional humanitario y por lo tanto es ilegal. Su moción solicita a la Corte Suprema de Justicia que emita una orden judicial contra la aplicación de la ley antes de dictaminar el fallo.
La demanda fue presentada por los abogados Suhad Bishara y Myssana Morany del Centro Adalah, el Centro Al Mezan para los Derechos Humanos en Jerusalem y el abogado Saliman Shaheen del Centro de Jerusalem. La petición afirma que la ley viola gravemente los derechos de propiedad de los residentes palestinos en Cisjordania, haciendo que los “derechos básicos de los súbditos palestinos en Cisjordania no puedan ser protegidos bajo la ley, permitiendo que su propiedad privada sea expropiada a favor de los residentes israelíes en Cisjordania por motivos étnico-ideológicos”.
La ley establece que su objetivo es dar prioridad a los intereses de un determinado grupo, basado en la etnicidad, lo que lleva a la desheredación de los residentes palestinos, dicen las organizaciones.
La ley no puede ser válida porque suspende las normas del derecho internacional, argumentan, negando totalmente las defensas que el derecho internacional humanitario otorga sobre los derechos de propiedad. El derecho internacional prohíbe a Israel, como potencia ocupante, explotar la tierra ocupada para sus propios fines políticos y la de sus ciudadanos. Eso incluye la construcción de asentamientos en esa tierra, continúan.
La ley también daña la dignidad de los palestinos que viven en Cisjordania, dicen los peticionarios – perjudicando su derecho a la dignidad, explicando sin vacilación que los intereses de los asentamientos y los residentes judíos israelíes en la Ribera Occidental reemplazan y son superiores a los derechos de los palestinos y, por lo tanto, los palestinos pueden ser desheredados.
Los demandantes agregaron fotografías aéreas de los asentamientos construidos en terrenos vinculados con los gobiernos palestinos locales y urbanos. También afirman que los patrocinadores de la ley elaboraron una lista de los asentamientos que se habían construido en tierras privadas palestinas que serían expropiadas – sabiendo muy bien que en algunos casos los propietarios exigían recuperar la tierra.
Fuente: Haaretz / Reproducción autorizada con la mención siguiente: © EnlaceJudíoMéxico
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