Rotherham, capital de la infamia

DANIEL ARI – “Se pretende que creamos que nadie está de acuerdo con la corrección política y, sin embargo, todos le tienen auténtico pavor. ¿Quién está detrás? La estructura del poder, dondequiera que estés” (Rush Limbaugh)

Una pequeña mordedura

SILVIA SCHNESSEL PARA AGENCIA DE NOTICIAS ENLACE JUDÍO MÉXICO – Los medios la conocen como Jessica. Su nombre real no consta por ser testigo protegido. En agosto de 2013, desafiando lo que parecía un pacto no escrito de silencio a escala nacional, Andrew Norfolk, periodista de The Times, contó su historia. Jessica había sido objeto de abusos sexuales y físicos de forma sistemática y prolongada desde los 14 años de edad. A los 15, tras quedar embarazada de su violador por segunda vez, había tomado la difícil decisión de denunciarlo a la Policía. La alentaba a dar ese paso no solo la desesperación, también la convicción de que su testimonio se vería respaldado por los informes que de ella poseían los servicios sociales y la propia Policía, que incluso incluían un diario que había escrito desde pequeña y que detallaban la relación sexual con el violador y una declaración de 11 páginas de su padre sobre lo que estaba sucediendo.

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Pero la Policía no solo no tomó cartas en el asunto, sino que aconsejó a la familia que no diera parte. Por lo demás, el diario y la declaración de su padre habían desaparecido.

De modo que Jessica y su hermana decidieron grabar en secreto la siguiente entrevista con los agentes de policía, en marzo de 2013. En ella, un agente explica que los oficiales que habían sido testigos de los abusos no iban a respaldar su historia por temor a “meterse en un fregado”.

Fue entonces cuando Norfolk, que había estado siguiendo el caso, publicó la historia. The Times llegó incluso al extremo de nombrar a Arshid Husain, el presunto violador, teniendo en cuenta que ni siquiera había sido investigado por tales delitos, mucho menos acusado o condenado.

“Lo hicimos porque las pruebas eran apabullantes“, explicó más tarde el periodista.

Antes de la publicación, cuando Norfolk contactó a la Policía para darle los detalles del relato a fin de otorgarle el derecho a réplica, los agentes presionaron a Jessica para que evitara que la historia viera la luz. Su hermana declaró en el tribunal de Sheffield Crown:

En cuanto el Times se puso en contacto con ellos, la Policía llamó a mi hermana y le dijo que necesitaban hablar con ella. Intentaron chantajearla y le dijeron que si seguía adelante no conseguiría que el caso llegara a los tribunales.

La Policía de South Yorkshire sacó una nota de prensa en la que lamentaba la decisión del Times de publicar un artículo sobre una compleja y reservada investigación en curso sobre casos de explotación sexual.

El veneno llega al torrente sanguíneo

Además de denunciar un caso muy grave que la Policía local había intentado ocultar, el artículo de Andrew Norfolk supuso el estallido de una olla a presión: el caso de Jessica dio lugar a la operación Trébol, de la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), que destapó decenas de casos más de similares características, y a una investigación encargada por el Ayuntamiento de Rotherham (250.000 habitantes, 10% de musulmanes) a Alexis Jay, catedrática y antigua asesora jefe de Asuntos Sociales de Escocia.

Las conclusiones iniciales del Informe Jay, que vieron la luz en agosto de 2014, fueron demoledoras. Entre 1997 y 2013, al menos 1.400 menores (la gran mayoría niñas de extracción pobre y hogares desestructurados con a veces sólo 11 años) fueron violados sistemáticamente por múltiples delincuentes, secuestrados, trasladados a distintas ciudades para ser prostituidos, golpeados e intimidados. (A medida que se van conociendo más casos de abusos sexuales y físicos, la cifra de 1.400 víctimas ha pasado a considerarse conservadora).

El equipo de investigadores encontró ejemplos de

niñas a las que habían bañado en gasolina y amenazado con quemar vivas; a las que se había amenazado con pistolas y obligado a contemplar brutales violaciones, amenazándolas con hacerles lo mismo si se lo contaban a alguien.

También se descubrió que a partir de 1999 se habían realizado algunas –tímidas– investigaciones policiales, pero que los abusos sexuales habían continuado sin cortapisas porque las autoridades locales tenían miedo a ser acusadas de racismo. La mayoría de estos informes nunca habían llegado a cerrarse y las personas que habían tenido la iniciativa de investigar por su cuenta, o que habían mostrado su preocupación por la negativa de sus colegas a investigar determinados casos, habían sido invitadas a abandonar su actitud y apuntadas por sus jefes en cursillos de multiculturalismo y de concienciación sobre minorías étnicas. También se habían producido robos de documentos y de pruebas incriminatorias, y mandos de la Policía y asistentes sociales habían participado activamente en el encubrimiento de los crímenes.

Los criminales eran todos musulmanes pertenecientes a la comunidad paquistaní de Rotherham, pero cuando los servicios sociales, la Policía y los medios locales se referían a ellos hablaban eufemísticamente de la “comunidad asiática”. El informe recoge que

varios funcionarios explicaron que en la base de su negativa a identificar el origen étnico de los criminales anidaba un temor a ser acusados de racismo; otros señalaron que sus jefes les habían prohibido tajantemente hacer este tipo de referencias.

Pese a que las Administraciones de Rotherham conocían la existencia de bandas de musulmanes que se dedicaban a acosar a menores en fecha tan temprana como 1996, un documento redactado por la Junta de Protección de la Infancia de la ciudad señalaba en 2010:

Este informe hará lo necesario para garantizar que sus hallazgos abracen la diversidad cultural de Rotherham. Es importante que se evite cualquier mención a un fenómeno cultural más amplio.

El Informe Jay señala que al principio los abusos sexuales solo habían tenido como objeto el placer de los perpetradores, pero que con el tiempo se había convertido en una fuente de ingresos, una oportunidad para ganar dinero. En un juicio reciente, el tribunal de Sheffield Crown condenó a seis paquistaníes a 80 años de prisión (entre 10 y 20 años cada uno) por abusar, violar y maltratar a varias niñas. Una vez conocida la sentencia, y mientras se les trasladaba fuera del juzgado, dos de los condenados gritaron “Alahu Akbar!”.

A raíz del Informe Jay, el alcalde de Rotherham y varios altos cargos de la Policía y los servicios sociales fueron cesados o invitados a presentar su renuncia. Las investigaciones siguen abiertas.

Anafilaxia

Lo de Rotherham no es un caso excepcional. En las últimas décadas se han detectado bandas dedicadas a los abusos sexuales, el tráfico de drogas y la prostitución de menores en varias ciudades del Reino Unido.

Los delincuentes detenidos hasta la fecha son en su aplastante mayoría varones de origen musulmán (paquistaníes, kurdos musulmanes, kosovares musulmanes, etc.) y las víctimas son en su aplastante mayoría niñas de comunidades no musulmanas (sijs, cristianas, etc.). Esto es algo que ni siquiera el Informe Jay menciona.

Si los partidos tradicionales no despiertan y empiezan a actuar, no ya por los europeos, sino al menos para evitar ser arrasados por las opciones populistas que asoman en el horizonte, el futuro nos contemplará desde un minarete.

Tampoco se suele hablar del hecho de que, en términos estadísticos, pese a que apenas suponen un 5,5% de la población del Reino Unido, los musulmanes son 154 veces más proclives a cometer delitos sexuales y de pedofilia que los no musulmanes. Por si fuera poco, la relación entre recién nacidos musulmanes y no musulmanes es ya de 2:1. La integración de las comunidades de musulmanes en la sociedad abierta del Reino Unido no solo está resultando complicada, sino que empieza a desplazar el modo de vida occidental en varios órdenes, tanto mediante la aparición de guetos y no-go zones musulmanes como a través de la adopción de elementos propios de la cultura del islam en los usos y costumbres de la mayoría no musulmana, desde la imposición de comida halal en colegios públicos hasta la celebración de tribunales de la sharía para asuntos civiles.

El fenómeno británico es muy similar a lo que está ocurriendo en Holanda, Suecia, Francia, Alemania y Bélgica.

En todos estos países, la cobardía de la clase política evidencia una grave disociación entre sus agendas relativistas y multiculturales y las necesidades y los problemas reales de los ciudadanos. Su absoluta incapacidad para establecer los límites de la convivencia, su traición a la cultura y los valores propios, su manga ancha para el crimen cuando los delitos los cometen musulmanes, todo eso está pasando una factura costosísima a nuestras sociedades. Si los partidos tradicionales no despiertan y empiezan a actuar, no ya por los europeos, sino al menos para evitar ser arrasados por las opciones populistas que asoman en el horizonte, el futuro nos contemplará desde un minarete.

Fuente: Libertad Digital