EMILI J. BLASCO
Detectada una red para la circulación de presuntos extremistas islámicos desde Brasil hacia Centroamérica, con aquiescencia chavista.
Autoridades de varios países suramericanos han sido alertadas sobre la existencia de una ruta de posibles elementos extremistas islámicos, cuyo paso a través de Venezuela ha quedado documentado. Esas personas en tránsito llegan a los aeropuertos internacionales de Brasil; después de un tiempo se desplazan a la frontera con Venezuela, país que intentan atravesar para alcanzar Colombia y luego probablemente seguir su itinerario hacia Centroamérica y quizás Estados Unidos.
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La alerta fue realizada en 2014 por quien entonces dirigía la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo de Venezuela, Gyoris Guzmán. La denuncia de Guzmán, que ahora se encuentra en España, donde ha pedido asilo, no supuso ninguna especial reacción del Ministerio del Interior venezolano, cuya titular entonces, Carmen Meléndez, desestimó la gravedad de lo revelado por las investigaciones.
Según asegura, “todos los obstáculos puestos por la ministra estaban muy vinculados con el alto mando político del Gobierno, en el que ya para esa fecha el actual vicepresidente, Tareck el Aissami, tenía injerencia en decisiones de envergadura en el manejo de las relaciones con grupos activistas musulmanes”.
“En Venezuela hay una total falta de compromiso del Gobierno para una lucha franca, sincera y acertada contra la criminalidad”, lamenta Guzmán. Advierte que el régimen chavista “ni siquiera cumple con compromisos internacionales adquiridos con la ONU o con organismos regionales como Unasur y Mercosur”. Es la ausencia por completo de un Estado”, acevera.
Acuerdos secretos del chavismo para acoger en territorio venezolano células de Hezbolá, el grupo radical chií de origen libanés, ya han sido relevados con anterioridad. También han trascendido operaciones encubiertas desde embajadas de Venezuela en Oriente Medio para facilitar pasaportes a elementos extremistas islámicos. Ahora, queda al descubierto otro modo elemento de esa ayuda chavista al radicalismo musulmán: una ruta a través del territorio nacional.
De acuerdo con las investigaciones que hizo el equipo de Guzmán, expuestas en un foro de seguridad de Mercosur, entre 2013 y 2014 hubo cerca de cuarenta personas supuestamente vinculadas al extremismo islamista que, en diferentes viajes, entraron ilegalmente en Venezuela desde Brasil por el puesto fronterizo próximo a Santa Elena de Uairén.
Al parecer, habían llegado a Brasil a los aeropuertos internacionales de Sao Paolo y Río de Janeiro. Después de cortas estancias en el país se desplazaron, posiblemente en vuelos locales, hasta Manaos, en el corazón del Amazonas. Luego siguieron su camino por carretera. Una vez en Venezuela pretendían atravesar el país y entrar a Colombia por Cúcuta. La mayoría fueron detenidos nada más entrar en Venezuela, pero otros lo fueron a punto de pasar a territorio colombiano.
La mitad de los detenidos eran de nacionalidad somalí, pero también había personas procedentes de Bangladesh, Etiopía y Kenia. “Todos eran musulmanes y pudimos constatar su radicalismo; aunque no fue posible establecer ninguna vinculación directa con grupos terroristas concretos, concluimos que algunos provenían de zonas en las que podían haber estado en contacto con Daesh o franquicias de Al Qaeda”, afirma Guzmán.
Las investigaciones demostraron que la ruta ya se había asentado, gracias a contactos locales que habían permitido crear una red para pernoctar en hoteles escogidos y que incluso podían lograr permisos de trabajo (dos de los detenidos contaban con visas de empleo expedidos por las autoridades brasileñas). «Lo que detectamos muy posiblemente era el ensayo de una ruta, que con el tiempo podía funcionar a mayor escala, para enviar yihadistas hacia el Norteamérica, porque en Colombia no se iban a quedar», razona Guzmán.
Venta de pasaportes en Malasia
La venta de pasaportes venezolanos a miembros de movimientos yihadistas fue investigada también por la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo cuando era dirigida por Guzmán. De acuerdo con este, en 2013 tres funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) llegaron a trasladarse a Malasia, a donde conducían algunas pistas.
A pesar de la falta de colaboración de la embajada de Venezuela en la capital malaya, los agentes pudieron establecer que en un específico local comercial se vendían pasaportes venezolanos, pero no lograron determinar nombres de personas que habían pasado a disponer indebidamente de esos documentos. La operación llevó a la detención en Venezuela de más de una decena de funcionarios del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime)
La venta de pasaportes venezolanos ha sido expuesta en diversas informaciones. Ya hace un año, Misael López, que ejerció de número dos en la Embajada en Irak, denunció que en la legación diplomática de Bagdad se habían estado vendiendo pasaportes de modo habitual. Además, aportó pruebas que ponían en evidencia cómo elementos vinculados a Hezbolá disponían de varios documentos de identidad, algunos de ellos expedidos por las autoridades venezolanas. La CNN emitió en febrero un reportaje al respecto.
Por otra parte, también se ha denunciado la facilidad de entrada a Venezuela que han tenido ciudadanos iraníes sospechosos de actividades ilícitas. Gyoris Guzmán recuerda el caso de cuatro de ellos que, junto con un afgano, fueron detenidos en Caracas en noviembre de 2013 cuando ya habían abordado un avión con destino a Canadá. Fueron detectados cuando, antes del despegue, la tripulación contó el número del pasajeros y comprobó que había cinco que no figuraban en la lista. Guzmán asegura que varios de ellos se habían alojado en el hotel Galaxy de Caracas, conocido como lugar de preparación de mulas para el transporte de droga. Una de las personas ya había sido detenida previamente por narcotráfico al regreso de un viaje a Ecuador.
Posibles primeras condenas
Por primera vez en Latinoamérica, en los próximos meses los tribunales podrían condenar por terrorismo a individuos pertenecientes a grupos islámicos extremistas. Como recordó el experto Joseph Humire en una reciente intervención ante una comisión del Congreso de Estados Unidos, en Perú se está celebrando el juicio contra el libanés Mohamad Ghaleb Hamdar, quien fue detenido en 2014 en Lima por presuntamente haber proyectado un atentado terrorista. Sería la primera vez que un país latinoamericano califica de facto a Hezbolá como grupo terrorista.
Por su parte, en Brasil se está llevando a cabo el juicio contra doce brasileños detenidos en Río de Janeiro en julio de 2016, acusados de preparar un ataque con armas cortas en varios escenarios de los Juegos Olímpicos. El grupo expresó obediencia al Daesh en un mensaje encriptado.
Según declaró Humire en el Congreso, “durante muchos años, las redes terroristas islamistas han operado en un estado de gracia legal en América Latina. Más de la mitad de los países de la región no tienen ningún marco legal antiterrorista. Y quienes tienen leyes antiterroristas, todos excluyen organizaciones terroristas extranjeras.
Fuente: ABC Internacional
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