La ayuda estadounidense se vuelve un pago de transferencia para los terroristas.
THE WALL STREET JOURNAL
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Los republicanos en el Congreso quieren detener el flujo de cientos de millones de dólares anuales en ayuda norteamericana a un estado patrocinador de terrorismo: la Autoridad Palestina. Esa es la misma AP a la que EE.UU. e Israel han apoyado durante mucho tiempo como un socio para la paz. Pero la AP no es tal cosa, así que esta es una oportunidad de alinear la política con las realidades moral y estratégica.
La campaña destaca un escándalo oculto a plena vista: los funcionarios de la AP dicen a los públicos extranjeros que ellos se oponen al terrorismo, sin embargo pagan recompensas generosas a los palestinos que llevan a cabo bombardeos, acuchillamientos y otros ataques contra inocentes en Israel. Estos pagos están codificados en la ley palestina, la cual ordena que cuanto más letal un ataque, más rica la recompensa. Los pagos igualaron u$s315 millones el año pasado, o el 8% del presupuesto de la AP.
Los beneficiarios incluyen a la familia de Bashar Masalha, quien el año pasado apuñaló a 11 personas cerca de Tel Aviv y mató a Taylor Force, de 28 años, un veterano del ejército de Estados Unidos que estaba visitando Israel en una pausa de la escuela de negocios. La policía mató a Masalha, pero sus parientes ahora reciben pagos mensualmente iguales a muchas veces el salario promedio palestino. Con oficinas especiales y más de 500 empleados públicos dedicados a desembolsar estos fondos, el mensaje de la AP es claro: el terrorismo paga.
Estados Unidos ha respaldado efectivamente este mensaje enviando miles de millones de dólares a la AP mientras pasa por alto su política de “paga para matar”. Pero ahora la Ley Taylor Force promete cortar más de u$s200 millones en ayuda económica anual a la AP a menos que ésta deje de pagar a terroristas. “No vamos a invertir en un grupo de personas que tienen leyes como ésta. Simplemente no es una buena inversión,” dice el Sen. Lindsey Graham.
La legislación enfrenta dificultades porque algunos demócratas e israelíes argumentan que cortar la ayuda causaría que la AP colapse, invitando al caos y a una posible captura de la Margen Occidental por parte de Hamás, que ya controla la Franja de Gaza. Según esta lógica la AP es el diablo conocido, y su apoyo al terrorismo en pequeña escala debe ser contrapesado con su cooperación con Israel en combatir amenazas de Hamás y el Estado Islámico.
Estas son preocupaciones reales, pero la AP y sus defensores tienen una larga historia de amenazar con el colapso para evitar la reforma. Esta es una razón por la que el Presidente de la AP, Mahmoud Abbas, de 81 años, que está en el 13° año de un mandato de cuatro años, siga recompensando aún al terrorismo. Es también el motivo por el cual los veteranos en seguridad israelíes apoyan cada vez más la acción contra la AP.
“Presionar a la AP para que termine su política de ‘asesinato por contrato’ va acompañado por riesgos políticos y de seguridad, pero la rectitud moral a menudo conlleva enfrentar peligros”, dijeron este mes el ex jefe del ejército israelí, Moshe Ya’alon, y el jefe de la inteligencia militar, Amos Yadlin. El Ministro de Defensa Avigdor Lieberman hace poco designó como organización terrorista al Fondo Nacional Palestino, el que desembolsa el dinero con sangre de la AP.
El Presidente Trump no ha comentado sobre la Ley Taylor Force, pero el Director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, co-patrocinó el proyecto de ley original en el Senado el año pasado. Un respaldo de la Casa Blanca sería oportuno cuando Trump ha invitado a Abbas a Washington “en el futuro cercano.” Siempre que esa reunión ocurra, finalizar la burocracia del terror de la AP debe estar por encima de la agenda.
Traducido por Marcela Lubczanski para Enlace Judío México
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