JOHN BROWN
Teodoro Gauto mintió en sus documentos de inmigración, pero Israel decidió no revocar su ciudadanía debido a su buena conducta en sus 14 años de vivir en el país.
Tras dos años de deliberaciones, Israel ha decidido transferir a la Corte Suprema el caso del argentino Teodoro Aníbal Gauto, a quien se le acusa de haber cometido crímenes de guerra, de quien se sospecha que mintió en su solicitud de inmigración.
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Gauto cambió su nombre a Yosef Carmel y ahora radica en Haifa. En Argentina es acusado de crímenes contra la humanidad durante la dictadura militar del país (1976-1983), al servir en La Cacha, un centro de detención secreto utilizado por el régimen militar.
El periodista israelí Shlomo Slutzky había presentado una petición para extraditar a Carmel a la Argentina en base a una orden de arresto de la Interpol y el pasado noviembre el Estado anunció que estaba considerando anular su ciudadanía israelí.
Slutzky estaba especialmente interesado en la extradición, ya que su pariente había sido secuestrado, llevado a La Cacha y asesinado ahí mismo. El periodista solicitó la extradición de Carmel por su supuesta participación en secuestros y torturas de activistas de izquierda. Además, pidió anular la ciudadanía israelí que había recibido en base a la fe judía de su esposa. Sin embargo, el Estado ha rechazado sus peticiones alegando que durante los 14 años de su estancia en Israel, no ha cometido ningún delito.
El régimen militar en Argentina operaba varios campos de detención y La Cacha era considerado uno de los más brutales. El centro funcionó cerca de la capital de Buenos Aires de 1976 a 1978, y los presos fueron objeto de violación, tortura y asesinato. La documentación demuestra que al menos 135 personas fueron asesinadas en el campamento ubicado en las afueras de la ciudad de La Plata. Siete de las víctimas eran mujeres cuyos recién nacidos fueron entregados a soldados o policías leales al régimen.
Alrededor de 30,000 personas desaparecieron durante la dictadura argentina, lo que significa que fueron asesinadas, pero su matanza no fue documentada. Entre ellos había más de 2,000 judíos.
En el juicio iniciado en Argentina en 2013, 21 soldados y oficiales fueron acusados de abusos en La Cacha, incluyendo asesinatos, secuestros y detenciones ilegales. Los sobrevivientes que testificaron en el juicio durante el último año dijeron que las mujeres eran sistemáticamente violadas y torturadas para asegurarse de que sus gritos se escuchen en las salas de interrogatorio. En octubre de 2014, quince de los acusados fueron declarados culpables y sentenciados a cadena perpetua, y seis fueron condenados a diversas penas de prisión.
Gauto se salvó del juicio porque su paradero era desconocido y la ley argentina no trata a las personas en ausencia. En 2011, las autoridades argentinas ofrecieron una recompensa de medio millón de dólares por la información sobre su paradero. Finalmente fue localizado en Kiryat Bialik, un suburbio de Haifa, viviendo bajo el nombre de Yosef Carmel, después de haber emigrado con su familia a Israel en 2003. Al ser descubierto, se trasladó a Haifa.
Gauto niega su participación en crímenes contra la humanidad, alegando que su trabajo no implicaba más que clasificar a los activistas de izquierda por ideología (marxista, leninista, etc.) y construir sus expedientes. Sólo quería vivir una vida mejor en la Argentina de los años setenta, afirmó.
El Ministerio de Justicia comentó que su división internacional no proporciona información sobre los procesos de extradición, salvo en el caso de procesos abiertos y públicos en los tribunales.
Por su parte, Slutzky expresó su preocupación, diciendo que éste es un tema sensible para la comunidad judía de Argentina y afirmando que durante años, Israel había ignorado las órdenes de la Interpol para el arresto de Gauto. El periodista señaló que el Estado llegó a la conclusión de que Gauto había obtenido su ciudadanía israelí a través del fraude, y llamó escandalosa la afirmación de Israel de que Gauto merece consideración por su larga estancia en el país y la ausencia de conducta criminal. Slutzky agregó que se avergüenza de informar a las organizaciones de derechos humanos en Argentina sobre la decisión de Israel.
Fuente: Haaretz / Reproducción autorizada con la mención siguiente: © EnlaceJudíoMéxico
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