Nueva evidencia oficial demostraría que a Nisman lo asesinaron

JULIO BLANCK

Un giro dramático y decisivo está a punto de producirse en el caso Nisman. A poco de cumplirse dos años y medio de su muerte, ocurrida cuatro días después de haber acusado a Cristina Kirchner por encubrimiento en el atentado a la AMIA, la pericia que concluyen los peritos de la Gendarmería diría que hubo terceras personas que participaron en el hecho. Por lo tanto, quedaría descartada toda hipótesis de suicidio y la investigación se encaminaría directamente a determinar quién asesinó al fiscal.

La información fue confirmada a Clarín por dos fuentes judiciales, una del Gobierno, una relacionada con organismos de inteligencia y otra de la comunidad judía. La presentación del informe de Gendarmería al juez federal Julián Ercolini aún no tiene fecha, pero se estima que se produciría dentro de los próximos 30 días.

Una diligencia fundamental podría hacerse en la próxima semana: la reconstrucción de la supuesta escena del crimen. “Se parte de una escena desfigurada” se atajó ante Clarín una fuente con acceso directo a los trabajos periciales, en alusión a la grosera confusión y borrado de pistas perpetrado en las horas siguientes al hallazgo del cuerpo de Nisman en su departamento de Puerto Madero.

Para que sea formalizado el crimen como la hipótesis más probable faltaría definir algunas cuestiones de fondo, coinciden las fuentes. Sostuvieron que la posición del cuerpo de Nisman en el baño del departamento, el modo en que el cuerpo obstruía la puerta, y la aparición del arma, una Bersa calibre .22, en la escena, son elementos que precisan un ajuste final. Pero muy difícilmente cualquiera de estos elementos puede modificar la orientación de las conclusiones.

Lo que trasciende de las pericias, en forma extraoficial, es que Nisman “no pudo haber estado solo” en el departamento cuando se produjo su muerte. Que el lugar del supuesto crimen “fue el baño”. Y que la posición del cuerpo y el lugar donde se encontró el arma indican que había alguien más, lo que demuele la poco verosímil hipótesis del suicidio. También faltan detalles sobre cuál fue el momento exacto en que el fiscal recibió el disparo en la cabeza y murió. Todas esas imprecisiones formaron parte de la espesa niebla con la que el gobierno de Cristina intentó distraer y diluir la verdad sobre el caso.

Lo que parece seguro es que, de acuerdo a estas consideraciones, podría complicarse todavía más la situación de Diego Lagomarsino, quien era tenido por experto informático, colaboraba con la Unidad Especial AMIA que investiga el atentado de 1994 y frecuentaba a Nisman. Lagomarsino se declaró dueño del arma de donde salió el disparo que mató al fiscal. Dijo que se la había prestado el día anterior a la muerte porque Nisman temía por su seguridad. Fue, desde el comienzo, el principal sospechoso. Pero su posición comenzó a agravarse cuando la investigación quedó a cargo de la justicia federal.

Según informó el periodista Nicolás Wiñazki en Clarín el pasado 5 de febrero, empleados de la fiscalía de Nisman declararon en la Justicia que no recordaban que Lagomarsino les hubiese reparado alguna vez sus computadoras.

Hasta ahora, el equipo de peritos de Gendarmería trató de reconstruir la primera parte de la investigación que estaba severamente dañada por las malas prácticas de la fiscal, los forenses y los policías que estuvieron aquella noche en el departamento de Nisman. El fiscal federal Eduardo Taiano, que actúa en este caso, ya imputó por esos hechos a la entonces fiscal Viviana Fein y al ex secretario de Seguridad Sergio Berni.

El trabajo de los peritos en estos meses desembocará en la reconstrucción de los hechos. Para eso las autoridades, bajo indicaciones de los expertos, están preparando un predio donde se replica el interior del departamento de Nisman. Allí se hará la simulación decisiva para ponerle broche final a la pericia.

De la reconstrucción podrán participar las partes involucradas, a través de sus abogados y peritos si es que los designan. Confluirán allí, entonces, los representantes de la familia de Nisman –sus hijas Iara y Kala, su madre, su ex esposa la jueza Sandra Arroyo Salgado- y de Lagomarsino.

La defensa del experto informático había solicitado anular la acción del equipo de Gendarmería, pero en marzo la Cámara de Casación rechazó el pedido y respaldo el trabajo de la junta que depende de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza de seguridad. Aclararon entonces los jueces de Casación que los resultados de la pericia de los gendarmes podrá ser objetado por las partes. Y de hecho, la defensa de Lagomarsino ya tomó los recaudos necesarios para poder llegar con el caso hasta la Corte Suprema de Justicia.

Los abogados Gabriel Palmeiro y Martín Chasco, defensores de Lagomarsino, habían protestado porque se excluía de la tarea a los peritos oficiales que participaron en anteriores oportunidades. Detalle importante: mientras la fiscal Fein tenía la causa se había realizado un peritaje interdisciplinario parcial, en el que 13 peritos oficiales determinaron que Nisman estaba solo al momento del disparo que lo mató. Los dos peritos de parte nombrados por la defensa de las hijas de Nisman, en cambio, habían afirmado que el fiscal había sido asesinado.

Las autoridades del Gobierno han prestado atención a la opinión del Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, en el sentido de preservar el trabajo de los peritos de Gendarmería de toda tentación de utilización política, bajándole incluso el perfil. Es que la definición de esos profesionales acerca de la forma en que murió Nisman podría fácilmente inscribirse en un escenario exasperado como el actual, cuando faltan cuatro semanas para que se oficialicen las candidaturas legislativas para octubre y apenas 45 días para la realización de las PASO.

Si se logra poner este proceso a resguardo de la puja política, la capacidad técnica de estos peritos difícilmente podrá ser discutida. El equipo de Gendarmería lleva cuatro meses analizando archivos digitales y fotográficos, planimetrías, otras pericias y audios de los sistemas de emergencias médicas. Es un plantel integrado por médicos legistas, expertos en criminalística y entornólogos, psicólogos, radiólogos, expertos en balística y profesionales que operan equipos de alta tecnología como cromatógrafos y espectrofotómetros. Sus coordinadores son los comandantes mayor Orlando Caballero y Alejandro Piñeiro y el comandante principal Antonio Ramírez.

La hipótesis del asesinato de Alberto Nisman apareció como la más firme desde el momento en que el cuerpo sin vida del fiscal fue hallado en su departamento de Puerto Madero, en la madrugada del 18 de enero de 2015. Y se sostuvo en pie a pesar de los notables esfuerzos del gobierno de Cristina por encaminar todo hacia la hipótesis del suicidio y desacreditar al fiscal. En una maniobra de pinzas, mientras funcionarios y dirigentes kirchneristas denigraban a Nisman con asuntos de su vida personal, la Justicia ordinaria simulaba una investigación a cargo de la fiscal Fein y la juez Fabiana Palmaghini.

Después de un año no se había podido dilucidar siquiera si a Nisman lo habían matado, si se había suicidado o si lo habían inducido al suicidio, una forma indirecta de crimen. La propia ex Presidenta se involucró en esas maniobras de confusión, asegurando alternativamente que Nisman se había quitado la vida y que lo habían matado. Dijo, incluso, que tenía certezas pero no tenía pruebas. Fue una perfecta maniobra de dilación y confusión.

Pero el cadáver de Nisman no logró ser eliminado de la agenda pública. La enérgica iniciativa de un grupo de fiscales promovió marchas multitudinarias en reclamo de la verdad. Los impulsores fueron, entre pocos, Germán Moldes, Guillermo Marijuan y Ricardo Sáenz. En un reportaje para el ciclo “5 en 5” de Clarín.com, Marijuan recordó este año que cuando hicieron la propuesta, en una reunión amplia de fiscales tras la muerte de Nisman, muchos de sus colegas optaron por retirarse porque consideraban que era demasiado riesgo enfrentar al gobierno de Cristina, que estaba en su año final de poder.

Después de fuertes intentos políticos y judiciales para mantener el caso de la muerte de Nisman en el fuero ordinario, fue necesaria una decisión de la Corte Suprema de Justicia para que el expediente sea trasladado a la justicia federal, donde lo tomó el juez Ercolini. Pero el camino siguió plagado de obstáculos.

En diciembre del año pasado el fiscal Taiano recibió amenazas en su teléfono celular. “Dejate de joder con ese ruso hijo de mil puta. Te vamos a hacer mierda a vos y a Federico. Tienen los días contados”, le pusieron en un mensaje de texto. Taiano hizo la denuncia y el caso quedó a cargo del juez Claudio Bonadio, quien dispuso reforzarle la custodia.

Federico, hijo de Taiano, había sido víctima de un secuestro exprés en 2005, justo cuando el fiscal debía apelar el sobreseimiento que había sido otorgado a Néstor Kirchner por enriquecimiento ilícito. Aquella vez, Taiano decidió no apelar y la causa quedó cerrada sin más.

El origen de este drama inconcluso es la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner por encubrir a ciudadanos iraníes acusados de ser responsables del ataque a la AMIA en 1994. Ese encubrimiento, según Nisman, se habría concretado a través del Memorándum de Entendimiento que el gobierno argentino había firmado con Irán en 2012. Aquel pacto escandaloso, cuyos supuestos beneficios para el país jamás pudieron ser explicados, fue finalmente declarado inconstitucional y anulado por la Justicia.

En su texto, Nisman denunciaba la “existencia de un plan delictivo destinado a encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados” por la voladura de la AMIA, que produjo 86 muertes. También están involucrados en esa denuncia original el entonces canciller Héctor Timerman, el actual diputado y jefe de La Cámpora, Andrés Larroque, y los activistas ultra K Luis D’Elía y Fernando Esteche, entre otros.

La causa que investiga la denuncia de Nisman a Cristina quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, luego que la Cámara de Casación ordenara en diciembre pasado abrir finalmente la investigación. Ocurrió en la última semana de 2016, cuando Mauricio Macri ya era presidente.

Casación revocó así las decisiones que dos veces había tomado el juez Daniel Rafecas, avaladas ambas por la sala de la Cámara Federal que integraban Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, en el sentido de rechazar la denuncia sin admitir ningún tipo de investigación al respecto. Junto con esa decisión, se resolvió apartar del caso a Rafecas.

Así la causa llegó a Lijo, que es el secretario de la flamante Asociación de Jueces Federales y acaba de elevar a juicio oral el escándalo por la apropiación de la imprenta Ciccone, donde el principal acusado es el ex vicepresidente Amado Boudou.

En febrero Lijo ordenó medio centenar de medidas de prueba pedidas en su momento por el fiscal Gerardo Pollicita al juez Rafecas. A poco de andar, el fiscal incluyó a Carlos Zannini, Oscar Parrilli y Julio De Vido, los ex funcionarios más cercanos a Cristina, en la lista de sospechosos por el encubrimiento en el caso AMIA.

Hace dos semanas, en la más importante de esas medidas de prueba tomadas hasta el momento, juez y fiscal ordenaron revisar los llamados y mails de la ex Presidenta y sus funcionarios. También decidieron que se efectúen pericias sobre los equipos informáticos de Casa Rosada, Cancillería y Procuración del Tesoro.

Otro actor del caso, el antes mencionado camarista Freiler, se encamina a ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, paso inicial de su juicio político, bajo la acusación de “falta de decoro” basada en su fabuloso enriquecimiento. La suspensión de Freiler se haría efectiva el jueves próximo.

En febrero pasado el papa Francisco había recibido en el Vaticano a Iara y Kala Nisman, hijas del fiscal, y a su ex esposa la jueza Arroyo Salgado. La mujer señaló, al cabo de la breve entrevista que el Papa “me dijo que rezó mucho y que siempre reza por la memoria del papá de las chicas; yo le pedí ayuda y que siga rezando por la verdad”.

También en febrero se publicó el libro Memorándum, del periodista Daniel Berliner, director de la Agencia Judía de Noticias. En ese texto se revela una conversación del autor con Nisman, en la que el fiscal dice “la prueba está guardada de tal manera que aunque quieran matarme esto no tiene retroceso”.

El miércoles pasado, al ser electo como nuevo presidente de la AMIA, el dirigente comunitario Agustín Zbar sostuvo el compromiso, 23 años después, de “seguir empujando la causa del atentado” a la mutual judía; añadió que “la impunidad golpea muy duro” y afirmó que “nunca nos desviamos de una idea (…) aunque los cantos de sirena del gobierno anterior trataron de enamorarnos”.

Hace diez días, Natasha Niebieskikwiat informó en Clarín que el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien quedó en la mira por una denuncia de sobresueldos cobrados de la SIDE, había renovado ante Interpol la vigencia de las alertas rojas sobre los cinco iraníes acusados por el atentado a la AMIA. El mismo Canicoba había presentado esos virtuales pedidos internacionales de detención en 2006, por solicitud de Nisman.

La Justicia muchas veces demora demasiado y por razones que suelen ser bastante turbias, o que están clamorosamente claras. Pero cuando llega, sigue siendo Justicia.

Fuente: Clarín