Según artículo publicado en el New York Times y haciéndose eco de los voceros del gobierno del país, miembros de los cuerpos de seguridad de Venezuela atacaron ayer martes la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas lanzando granadas desde un helicóptero.
Twitter ha publicado un video filmado desde una ventana en el que se ve un helicóptero sobrevolando el edificio del TSJ mientras se oyen explosiones.
Otros varios videos circularon en las redes sociales de un oficial uniformado identificado como Oscar Pérez, flanqueado por personas encapuchadas y fuertemente armadas luciendo uniformes negros, en el que asume la responsabilidad de la operación. El hombre dijo representar a una coalición de militares, policías y civiles contrarios a lo que calificó de gobierno “transitorio y criminal”.
“Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas”, dijo Pérez. “Este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad de Estado que permanecen en desacuerdo, es con la impunidad impuesta, sino en contra del gobierno nefasto. Contra la tiranía y la muerte de inocentes que luchan por sus derechos”.
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En imágenes del ataque con el helicóptero, se ve a un hombre, tal vez Pérez, pilotando la aeronave, acompañado por otra persona con el rostro cubierto con un pasamontañas y sosteniendo un cartel que dice: “Art. 350, Libertad”.
Es una referencia al artículo 350 de la constitución venezolana, alentando a los ciudadanos a desconocer “cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Se ignora con cuánto apoyo cuentan los atacantes. En otra parte de Caracas, miembros de la oposición dijeron que estaban siendo asediados por partidarios armados del gobierno en la sede de la Asamblea Nacional.
Según informa el New York Times, Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, dijo en la televisión nacional que el presidente Nicolás Maduro había sido informado sobre “un acto de violencia” perpetrado desde un helicóptero perteneciente a una agencia policial.
El ministro calificó el evento de “levantamiento contra la república y la constitución” mientras Maduro lo calificó como parte de un “intento de golpe de Estado”, condenándolo en un discurso televisado.
El mandatario explicó que los asaltantes lanzaron varias granadas, incluyendo una que no explotó, mientras se estaba realizando una “actividad social” en la sede del tribunal. Según dijo, los atacantes dispararon a las oficinas del TSJ y también sobrevolaron el edificio del Ministerio del Interior y Justicia.
“Pudieron haber ocasionado varias decenas de muertos o heridos”, aseveró el mandatario. También afirmó que había activado a todas las fuerzas armadas nacionales “para defender el derecho a la tranquilidad” y aseguró que “más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado”.
El periódico continúa informando que según diversos medios venezolanos, Oscar Pérez, el atacante del TSJ, es inspector de la Brigada de Acciones Especiales de la policía y en 2015 participó en una película venezolana llamada Muerte suspendida en la que interpretó a un oficial de policía y era uno de los productores.
El país ha visto múltiples protestas contra el gobierno, algunas de ellas violentas, a las que el gobierno ha respondido empelando tácticas cada vez más duras, incluyendo la tortura, según informan manifestantes detenidos y activistas de derechos humanos. Como resultado de estas manifestaciones y su represión, más de setenta personas han fallecido.
El martes, el tribunal parecía restar facultades al ministerio público al transferir gran parte de sus tareas de investigación a Tarek William Saab, el defensor del pueblo y miembro histórico del partido gobernante. La decisión fue vista como estrategia para disminuir la autoridad de Luisa Ortega, la fiscal general, quien ha cobrado gran notoriedad durante las protestas por oponerse abiertamente al presidente.
NYT continúa diciendo que las actuales protestas fueron desencadenadas por un fallo del TSJ que en marzo intentó anular la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, y transfirió el poder legislativo a los magistrados. Maduro tuvo entonces que ordenar al tribunal que revirtiera gran parte de su decisión después de un intenso ciclo de manifestaciones, tanto nacionales como en el extranjero, además de una fuerte crítica pública que le hizo Ortega.
En las últimas décadas, ha habido varios intentos de golpe de Estado que sacudieron la política venezolana. Hugo Chávez, luego convertido en presidente del país, dirigió una conspiración armada para tomar el poder en 1992 siendo teniente coronel del ejército. El levantamiento fue sofocado por los militares y Chávez terminó encarcelado.
En 2002, pocos años después de ser elegido presidente, un grupo de altos oficiales militares que se opusieron a sus políticas socialistas trataron de derrocarlo. Pero pocos en Venezuela creyeron que el ataque del martes tuviera alguna posibilidad de lograr sus objetivos.
Son tiempos difíciles para el país. El país ha experimentado los últimos la peor crisis económica en generaciones. Los altos precios del petróleo, que durante mucho tiempo impulsaron la economía y los programas sociales, se han desplomado. La inflación está en niveles récord y los estantes de los supermercados permanecen vacíos.
Fuente: The New York Times
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