Las fuentes dicen que el gobierno de Ramala suspendió en silencio los pagos a las familias de 277 presos y ex presos a principios de junio
La presión internacional sobre la Autoridad Palestina para detener los pagos a las familias de los palestinos detenidos en cárceles israelíes, entre ellos los condenados por ataques terroristas mortales, podría desencadenar una crisis política, dicen grupos de derechos humanos.
El presidente palestino Mahmoud Abbas se encuentra presionado entre la administración del presidente de Estados Unidos Donald Trump y una posible reacción de los palestinos, la mayoría de los cuales ve a los prisioneros como héroes.
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Los que mataron perpetrando ataques contra israelíes normalmente son venerados como “mártires”.
Funcionarios palestinos dijeron que unas 850.000 personas han cumplido condena en prisiones israelíes en los 50 años desde que Israel tomó el control de Cisjordania y la Franja de Gaza en la Guerra de los Seis Días de 1967. Israel se retiró unilateralmente de Gaza en 2005 y el grupo terrorista Hamas tomó el control del enclave costero en un golpe sangriento contra la Autoridad Palestina, dominada por Fatah de Abbas.
Actualmente Israel tiene unos 6.500 palestinos presos por una serie de delitos, el número comprende terroristas en ataques mortales.
Se dice que los pagos a las familias de los atacantes alienta más violencia, acusando a la dirección palestina de incitación en medio de una ola de ataques que comenzó en 2015 y ha persistido a menor escala desde entonces.
El presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas en una rueda de prensa en el palacio presidencial en la ciudad cisjordana de Belén, 23 de mayo de 2017. (AFP / THOMAS COEX)
Pero los palestinos dicen que tales pagos son una fuente clave de ingresos para las familias que en muchos casos perdieron su principal sostén.
También son simbólicamente importantes después de décadas de aspirar a la condición de Estado y la difícil lucha contra Israel.
Una encuesta reciente mostró que el 91 por ciento de los palestinos se oponen a la suspensión de los estipendios por delitos relacionados con la seguridad.
“Tocar los derechos de los presos es atacar la lucha palestina”, dijo Helmi al Aaraj, director general del Centro para la Defensa de las Libertades y derechos civiles.
Desde 2004 la ley palestina ha estipulado que el gobierno subvencione a las familias de los presos por ataques terroristas y actividades contre Israel y los israelíes.
La ley obliga a las autoridades palestinas a asegurar “una vida digna” a los presos y ex presos “garantizando sus derechos económicos y los de sus familias”.
“Si sus derechos son erosionados nos dirigimos a una verdadera crisis en la sociedad palestina y en un momento dado hacia una explosión”, Shawan Jabarin del grupo de derechos palestinos Al-Haq a la AFP.
‘Estados Unidos y la presión israelí’
La Autoridad Palestina ha hecho hasta ahora pagos regulares a las familias de los presos en función de la duración de su condena.
Van desde $ 400 por mes para familiares de presos encarcelados por hasta tres años, llegando a $ 2.200 a familiares de condenados a 18-20 años.
Fuentes palestinas involucradas en los asuntos de prisioneros dijeron a la agencia AFP en condición de anonimato que la AP había suspendido los pagos a las familias de 277 presos y ex presos a principios de junio. Ningún funcionario palestino se ha pronunciado hasta el momento y el silencio de la AP anima la especulación.
“Hay presión estadounidense e israelí para dejar de pagar estipendios a los presos y sus familias”, dijo Aaraj.
El secretario de Estado Rex Tillerson en junio dijo a los legisladores estadounidenses que Abbas había aceptado dejar de pagar a los agresores.
“Han cambiado su política, al menos he sido informado de que han cambiado esa política”, dijo Tillerson.
Sin embargo, Israel dijo que no veía evidencia de tal decisión y los funcionarios palestinos no lo confirmaron.
La oficial de policía fronteriza Hadas Malka, que murió el 16 de junio de 2017, en un ataque punzante cerca de la puerta de Damasco en Jerusalem. (Cortesía)
Después que un atacante palestino apuñalara fatalmente a la guardia fronteriza israelí Hadas Malka en junio, el primer ministro Benjamin Netanyahu pidió a los líderes mundiales “exigir el cese inmediato de los pagos de la Autoridad Palestina a las familias de los terroristas”.
El ministro de Defensa Avigdor Lieberman ha calificado el Fondo Nacional Palestina, que proporciona apoyo a los presos, una organización terrorista.
El asunto se planteó durante la visita de Trump a Israel y los territorios palestinos en mayo.
Se espera que el cese de los pagos sea una de las concesiones exigidas de los palestinos para reactivar las moribundas conversaciones de paz.
Israel recauda los derechos de aduana por las mercancías destinadas a los mercados palestinos y luego transfiere el dinero a la AP y está considerando utilizar ese arreglo para aplicar más presión. La Knesset está considerando un proyecto de ley para deducir de las transferencias la misma cantidad que la AP paga por estipendios de prisioneros.
En una audiencia del Senado el miércoles, los legisladores estadounidenses también expresaron su apoyo a presionar a la Autoridad Palestina para que detenga los pagos, pero algunos no ocultaron su preocupación de que recortar los fondos podría provocar inestabilidad.
El senador de Tennessee, Bob Corker (R), indicó que ni siquiera Israel apoya necesariamente recortar dinero a la AP, aunque los funcionarios hayan pedido públicamente la legislación, temiendo que pudiera debilitar a la Autoridad Palestina.
En un momento dado, Corker, quien por otra parte estaba entusiasmado con la Ley de la Fuerza Taylor, en nombre de un estudiante estadounidense asesinado en un ataque terrorista en Jaffa en 2016, recordó que cuando el Senador de Kentucky Rand Paul (R) propuso cortar la financiación estadounidense de la Autoridad Palestina por este tema en 2016, funcionarios del gobierno israelí lo contactó tratando de bloquear la legislación.
Pero los palestinos dicen que la AP todavía está siendo amenazada por tácticas estadounidenses e israelíes.
“Parece imposible que la Autoridad Palestina tome una decisión sobre este tema por presión estadounidense e israelí”, dijo el científico político palestino Abdel Majid Suilem.
Iman Nafie, esposa del prisionero palestino Nael Barghouthi, habla durante una conferencia de prensa en Ramallah el 26 de febrero de 2017. (AFP Photo / Abbas Momani)
La esposa del preso veterano Nael Barghouthi dijo que los pagos que recibía habían cesado sin explicación a principios de junio.
Barghouthi fue condenado a cadena perpetua en 1978 por participar en el secuestro y asesinato de un soldado israelí.
“Sólo queremos que se respete la ley (palestina) y que sepan lo que está sucediendo”, dijo Nafie Barghouthi en una reunión reciente de ex presos y esposas de reclusos actuales cuyos ingresos también se han interrumpido.
El ex prisionero Yasser Hijazi dijo que se sorprendió al ver que sus beneficios terminaron en el momento culminante del mes sagrado islámico del Ramadán, una época de mayores gastos familiares.
Había sido puesto en libertad en 2011 después de 11 años tras las rejas y no recibió ninguna explicación de los funcionarios de la AP por el repentino corte.
“No nos dijeron nada”, dijo.
Fuente: The Times of Israel – Traducción: Silvia Schnessel – Reproducción autorizada con la mención siguiente: ©EnlaceJudíoMéxico
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