El asesinato por la espalda de dos policías israelíes en la Ciudad Vieja de Jerusalén en la Puerta de los Leones, en el acceso a la Explanada de las Mezquitas (donde se ubica la mezquita Al Aqsa, uno de los lugares más sagrados para los musulmanes y la Cúpula de la Roca) el pasado 14 de julio, fue perpetuado por tres terroristas árabes israelíes originarios de Umm al Faham en la provincia israelí de Haifa, que llevaban una pistola, varios cuchillos y dos ametralladoras.
LEÓN OPALÍN PARA ENLACE JUDÍO MÉXICO
Ante este atentado, como medida de seguridad, Israel cerró por 48 horas el acceso al santuario para buscar armas e instaló detectores de metales en algunas puertas de entrada al recinto religioso. Unos días más tarde, colocó un sistema inteligente de videos en los accesos a la Explanada, especialmente diseñado para descubrir personas que porten armas.
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Los feligreses musulmanes no pudieron realizar sus rezos habituales de los viernes, de aquí que sus líderes los convocaron a hacerlo al exterior de las Puertas, probablemente para exacerbar los ánimos contra los israelíes; lo que así sucedió vía violentas protestas que se enmarcan en la ola de violencia que se inició en octubre del 2015; la guerra de los cuchillos y atropellamientos en la que han muerto 50 israelíes, 4 personas de otras nacionalidades y alrededor de 250 palestinos; dos tercios de estos últimos fallecieron al llevar a cabo los ataques contra los israelíes.
Los líderes palestinos, irritados porque los detectores les restaban poder sobre el sitio, argumentaron que la instalación de detectores buscaba un cambio en el Status Quo del sitio Santo, basado en un Acuerdo entre Jordania e Israel en 1967 para que la Explanada fuera utilizada exclusivamente para el rezo de los musulmanes y ahora también para ser visitada por turistas no musulmanes. El control del sito fue encargado al Wafq, un Consejo Religioso afiliado a Jordania, empero, Israel controlaría el acceso al mismo.
En este contexto, cabe destacar que la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) no aceptó el Entendimiento de 1967, lo que implicaba que los judíos no podrían entrar al sitio, “que es de su propiedad, que los palestinos son los responsables de su seguridad bajo la soberanía de un Estado Palestino”. A pesar de que el gobierno de Israel expresó que con las medidas de seguridad establecidas, no tiene intención de cambiar el Status Quo, el Wafq, el Consejo Supremo Musulmán y el Gran Muftí de Jerusalén, hicieron público un comunicado para reiterar que no aceptarán ninguna nueva medida de seguridad que provenga de Israel en la Explanada, ya sean registros, detectores de metales o cámaras. Textualmente expresaron: reiteramos nuestro rechazo total a los arcos electrónicos y a todas las nuevas medidas de la ocupación que traerán cambios en el Status Quo histórico y religioso de Jerusalén.
En este ámbito, el Primer Ministro palestino, Rami Hamdallah, hizo un llamado a la comunidad internacional “para obligar a Israel a que retire los detectores” y, Al Fatah, brazo político del gobierno palestino, pidió a los palestinos realizar un “día de ira sobre Jerusalén”, es decir, de violentas manifestaciones. A su vez, los terroristas de Hamás hicieron una petición “para resistir la ocupación sionista”. Las protestas trascendieron los barrios de Jerusalén y Cisjordania y se extendieron a Jordania, Beirut, Estambul, y otros países árabes. En Amán, Jordania, dos jordanos entraron a la Embajada de Israel, y uno de ellos apuñaló a un funcionario israelí; uno de los atacantes fue abatido y el otro herido.
En el ambiente de odio contra los israelíes en Jerusalén y Cisjordania, el clímax de la violencia sanguinaria se registró el 21 de julio pasado, cuando en el asentamiento judío de Halamish al noreste de Ramala, Cisjordania, extremistas palestinos irrumpieron en la vivienda de una familia que celebraba la cena del Shabat, matando al abuelo de 70 años, a sus dos hijos de 46 y 36 años e hirieron a la abuela de 68 años. La esposa del hijo de 36 años logró escapar junto con sus cinco hijos.
Finalmente, en la noche del 24 de julio, el gabinete del Primer Ministro Benjamín Netanyahu, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de seguridad, decidió remover los detectores de metal, los cuales serán reemplazados por cámaras de seguridad de alta tecnología; este sistema de 25 millones de euros, será completado en los próximos seis meses, hasta entonces la policía aumentará de forma considerable su presencia en la zona de la Explanada. El acuerdo de retiro de los detectores de metales aparentemente fue resultado de un intenso esfuerzo diplomático del enviado estadounidense al Medio Oriente y de la conversación telefónica de Netanyahu con el Rey Abdalá II de Jordania, quien exigió retirar los detectores. Asimismo, se considera que Egipto habló con el gobierno de Israel para este propósito para aplacar la inestabilidad interna que surgió en ese país, donde una parte importante de su población se identifica con la causa palestina.
Por su parte, el Wafq nuevamente rechazó “rotundamente” cualquier cambio, incluyendo medidas tecnológicas; señaló que las puertas de la Mezquita de Al Aqsa deben abrirse a los fieles musulmanes sin restricciones de seguridad y garantizar la libertad de culto.
El ambiente para calmar los ánimos entre los palestinos es adverso para la tranquilidad. Altos clérigos musulmanes instan a los fieles a continuar manifestándose en las calles. Talib Abu Arar, miembro árabe israelí del Parlamento de Israel (Kneset) apuntó que la instalación de las cámaras inteligentes no ayudará a atenuar las tensiones existentes en Jerusalén, “la única solución aceptable es el fin de la ocupación israelí, particularmente de la Mezquita de Al Aqsa”.
Las tensiones son la carta de negociación de los palestinos. No habrá Acuerdo de Paz entre Israel y los palestinos mientras los terroristas de Hamás se mantengan en el gobierno de la Franja de Gaza y sigan proclamando la destrucción de Israel. El problema de la Explanada da al conflicto entre Israel y los palestinos una dimensión religiosa que lo hace más irresoluble.
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