Terrorismo y Pena de Muerte en Israel

El artero asesinato de tres miembros de la familia Solomon el pasado 21 de julio, cuando celebraban en su hogar la cena del Shabat y el nacimiento de un nuevo nieto en el asentamiento Halamish, en Neve Tzuf, Cisjordania, causó una gran conmoción en la población de Israel; miles de personas asistieron al funeral que se llevó a cabo en el cementerio de la población de Modin.

LEÓN OPALÍN EN EXCLUSIVA PARA ENLACE JUDÍO MÉXICO20

El atentado aparentemente no fue planeado, simplemente la puerta de la vivienda de Solomon estaba abierta para recibir a sus invitados e inesperadamente entró a ella un joven de 19 años simpatizante de Hamás y se abalanzó con un cuchillo sobre tres miembros de la familia y no asesinó a más personas porque los gritos de los presentes alertaron a un vecino, soldado de guardia que no estaba en servicio, quien disparó al terrorista que resultó herido y fue trasladado a un hospital israelí. La madre del joven terrorista alabó la abominable acción de este y fue acusada de incitación al odio.

La familia del terrorista de Halamish recibirá 3,200 dólares mensuales de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como recompensa por el atentado. La ANP mantiene una legislación y una política de pagos desde hace tiempo con el propósito de subsidiar a los terroristas y a sus familias, lo que equivale a un sistema legalizado oficialmente de incentivos del gobierno de la ANP con el propósito de premiar a los que asesinan a israelíes. De acuerdo al presupuesto oficial de la ANP que aparece en las redes, el monto otorgado sumó 300 millones de dólares en el 2016. De acuerdo a un reciente estudio del Centro de Estudios Públicos de Jerusalén, la ANP pagó más de mil millones de dólares en los últimos cuatro años. La suma representa el 7.0% del presupuesto de la ANP y es equivalente a 20.0% de la ayuda exterior que recibe cada año.

El artículo 22 de la Ley Básica Palestina garantiza “el cuidado de las familias de los mártires y detenidos (alrededor de 6 mil en el presente en cárceles israelíes), así como su asistencia social y educativa. También les levanta monumentos y designan plazas con el nombre de los “Héroes”. La legislación palestina considera a los detenidos en cárceles israelíes como presos políticos; los prisioneros y los liberados “son un sector de lucha y una parte integral del tejido de la sociedad árabe palestina”.

Los líderes palestinos, en su objetivo de establecer un Estado Palestino, inducen a la población a luchar contra el sionismo de diversas maneras, resaltando las acciones terroristas; sus actores son héroes que luchan por una causa nacional y religiosa. Los pagos a los terroristas son una “luz verde” para motivarlos a la criminalidad; el adoctrinamiento del odio y deslegitimación de Israel refuerzan la radicalización de los palestinos.

En el presente, el Parlamento de Israel debate un proyecto de Ley, que inició en junio pasado, para deducir la parte proporcional de estos pagos de los impuestos que recauda el gobierno de Israel a nombre de la ANP.

En este ámbito, en el encuentro que el líder de la ANP, Mahmud Abás, tuvo con Donald Trump en Washington, al inicio de mayo pasado, este último le manifestó que EUA no tolerará que la ANP desembolse dinero a las familias de los terroristas por asesinar israelíes. Asimismo, instó a Abás a poner fin a la incitación antiisraelí del sistema educativo palestino y le pidió un claro compromiso para detener la retórica de incitación. Posteriormente, en el primer viaje de Trump al exterior al Medio Oriente a finales de mayo, volvió a tocar el tema con Abás, insistió “que la paz nunca se puede arraigar en donde la violencia es tolerada, financiada e incluso recompensada”.

Desde entonces Abás no ha actuado para frenar los asesinatos de israelíes, por el contrario, ha alentado la violencia de los palestinos contra Israel con el pretexto de la instación de detectores de metales y cámaras de vigilancia en torno a la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén, ha inflamado el odio que ha estado patrocinando activamente Irán y Turquía; inclusive; por iniciativa del presidente turco, Erdogan, se convocó a la Organización para la Cooperación Islámica (OCI por sus siglas en inglés) para celebrar en Estambul una reunión para discutir la escalada de violencia entre israelíes y palestinos tras la crisis en la Explanada; en el encuentro realizado el primero de agosto pasado se denunció lo que consideran “una acción provocadora del gobierno israelí por el cierre de la mezquita de Al Aqsa para los fieles y el resto de las medidas adoptadas es un ataque a los sentimientos de los musulmanes de todo el mundo”.

En el entorno de la condena mundial al asesinato de tres miembros de la familia Solomon, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró “que ha llegado la hora de aplicar ejecuciones para este tipo de atacantes, no deberían volver a sonreír”; varios ministro israelíes han coincidido con este punto de vista, como el titular de Defensa, Avigdor Lieberman, el de Educación, Naftali Bennett y la de Justicia, Ayeled Shaked. En Israel la pena de muerte solo se ha aplicado por los tribunales en una ocasión contra el dirigente nazi Adolf Eichmann en 1962, uno de los autores de la Solución Final, el plan de genocidio sistemático de la población judía europea durante la Segunda Guerra Mundial. Está establecido en la Ley y se requiere la decisión unánime de los jueces para aplicarla. El Parlamento de Israel ha rechazado en varias ocasiones las iniciativas para llevarla a cabo contra los palestinos terroristas.

A lo largo de la historia, la pena de muerte ha sido usada prácticamente por todas las naciones del mundo; no obstante, en las últimas décadas, un gran número de Estados la han prohibido. Amnistía Internacional, movimiento mundial de voluntarios que se esfuerzan para que se observen todos los derechos humanos, consagrados en la Declaración de Derechos Humanos, consigna que en el presente 70 países aún mantienen la aplicación de la pena de muerte en sus legislaciones, 91 la han abolido completamente, 11 la tienen para crímenes en circunstancias excepcionales como los cometidos en tiempos de guerra, 35 cuentan con leyes que permiten la pena de muerte para crímenes ordinarios, empero, han permito que no se aplique por lo menos durante 10 años. Algunos Estados practican esporádicamente ejecuciones extrajudiciales.

En la realidad las ejecuciones no han reducido la violencia común ni el terrorismo; frecuentemente la pena de muerte ha sido un instrumento de represión política y puede dar lugar a ejecuciones de personas inocentes, cada vez más existe oposición a la pena de muerte por razones éticas, en virtud de que se considera que el derecho a la vida está íntimamente ligado a la dignidad de las personas y esto debe ser inviolable. Igualmente, se evalúa la pena de muerte como un trato cruel e inhumano; la ejecución de una persona no es realmente un acto de justicia, sino de venganza, más que un castigo, legitima implícitamente el uso de la violencia del Estado.

Cabe destacar que en la Torá (el Libro Sagrado de los Judíos) está permitido la pena de muerte como un acto para corregir a la sociedad y proteger a las personas; tanto la Torá como su posterior legislación Talmúdica, establecieron los cuidados para que esta medida extrema no sea usada en abuso.

Analistas políticos consideran que la aprobación de la pena de muerte en Israel sería rechazada por la población que aún tiene presente una cultura de vida en contraposición a la cultura de muerte de los terroristas y constituiría un nuevo elemento para quienes quieren deslegitimar a Israel y a su democracia.