Enlace Judío México.- El diario El País publica a última hora del miércoles 6 de setiembre que el independentismo catalán consumó su desafío y el Parlament aprobó la ley que servirá para convocar el referéndum de independencia del 1 de octubre en medio de una bronca política sin precedentes. Añade el diario que los partidos Junts pel Sí y la CUP impusieron su mayoría y desoyeron todas las advertencias que hicieron los letrados de la Cámara sobre las consecuencias penales que podría acarrear la aprobación, a la vista de los requerimientos realizados por el Tribunal Constitucional, que con toda probabilidad suspenderá este jueves la ley.
En el artículo, su autor el periodista Pere Ríos afirma que el debate parlamentario para aprobar la ley del referéndum había sido convocado para las 10.00, pero no se inició hasta pasadas las 19.30, después de múltiples interrupciones y suspensiones suscitadas por las críticas de los cuatro grupos de la oposición. Finalmente, a las 21.33 se produjo la votación. La ley fue apoyada por los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP. Los once diputados de Catalunya Sí que es Pot, la marca en la que está integrado Podemos en Cataluña, se abstuvieron y Ciudadanos, el Partit del Socialistes (PSC) y el Partido Popular abandonaron el pleno durante la votación para no dar cobertura a una “ilegalidad”. Tras la votación, Ciudadanos anunció que impulsará una moción de censura, que difícilmente prosperará dada la mayoría independentista en el Parlament.
El independentismo se había propuesto que el día no finalizara sin tener la ley aprobada, continúa El País, y lo consiguió, porque el calendario no dejaba ningún margen al aplazamiento. Quedan apenas nueve días para que empiece la campaña electoral y 24 días para celebrar el referéndum. El President de la Generalitat Carles Puigdemont y la mayoría independentista pretenden que el decreto de convocatoria se firme aprovechando las horas de vigencia que tendrá la ley antes del recurso que presentará el Gobierno ante el Tribunal Constitucional y que comportará la suspensión de la ley, dice Ríos.
A pesar de la trascendencia de la ley sometida a discusión, el debate parlamentario se resolvió en poco más de hora y media, utilizando una rendija del reglamento del Parlament y la interpretación particular que hizo la mayoría independentista de la Mesa de la Cámara, con su presidenta, Carme Forcadell, al frente. De haberse seguido el procedimiento habitual de la tramitación de la ley, habrían transcurrido semanas de debates en comisión y ponencia antes de que llegara al pleno y ahí precisamente radicaba la estrategia de secretismo empleada durante los últimos meses por Junts pel Sí y la CUP.
Tal y como estaba previsto, la Mesa se reunió una hora antes de que se iniciara el pleno para admitir a trámite la ley del referéndum. Con ello se daba el primer paso para modificar sobre la marcha el orden del día, en el que ese punto no estaba previsto, continúa el periódico español. Cuando la presidenta del Parlament anunció el acuerdo de la Mesa de alterar los temas a discutir limitando la actuación de la oposición y garantizando que se pasaría el rodillo independentista se desató la tormenta política.
El País describe que Ciudadanos, el PSC, el PP y Catalunya sí que es Pot coincidieron en que se estaban vulnerando los derechos de los diputados porque apenas se les dio dos horas para presentar enmiendas, excluyendo el escenario de enmiendas a la totalidad, privándolos de pedir un informe al Consejo de Garantías Estatutarias y optando por un procedimiento de urgencia que evitaba la comparecencia de expertos, la creación de una ponencia y la redacción de un dictamen. Por ese motivo, continúa el diario español, la oposición no participó en la votación para modificar el orden del día y sí lo hizo para oponerse a la limitación en los trámites de la ley. Tres diputados de Podemos se desmarcaron y se abstuvieron.
Los socialistas anunciaron la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y vieron cómo les daba la razón el Consejo de Garantías Estatutarias al reconocer que los diputados tenían derecho a reclamarles un informe, afirma el periódico. “Lo que están haciendo es una vergüenza”, dijo el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, acusando a la mayoría parlamentaria de saltarse el reglamento.
UN DEBATE SIN GARANTÍAS
La fórmula elegida por el bloque independentista para aprobar la ley del referéndum pasaba por modificar el orden del día del pleno del Parlament y, usando su mayoría, obviar los trámites a los que tiene que someterse cualquier norma. Por ejemplo, que sea objeto de examen por parte del Consejo de Garantías Estatutarias. El tiempo para presentar enmiendas al texto se redujo a dos horas. La presidenta del Parlament Carme Forcadell se negó a que se leyeran documentos en la sesión, una prerrogativa que tienen los diputados y que solicitaron en varias ocasiones, afirma El País.
Junts pel Sí y la CUP alegaron que esa era la única vía que les quedaba y culparon “al Estado español” de no dejarles otra salida, porque de haber optado por el trámite habitual el referéndum no se habría podido convocar con la ley vigente. “No nos ha quedado otro camino que éste, es una ley para votar y con todas las garantías y hoy no acaba nada sino que empieza todo”, dijo el presidente de Junts pel Sí, Lluís Corominas.
“En una Cámara estatal no os habríais comportado así”, aseguró Anna Gabriel (CUP), afirmando que se trataba de “un debate de legitimidad, no de legalidad”, al tiempo que reclamó al presidente y vicepresidente respectivamente Carles Puigdemont y Oriol Junqueras que asumieran su responsabilidad a partir de ahora y pusieran las urnas para votar por el plebiscito que conduzca la independencia de Cataluña el día 1 de octubre, dice Pere Ríos. Al respecto, el presidente catalán Puigdemont aseguró que independientemente del grado de participación en el mismo, el resultado del referéndum sería vinculante.
“España no es una prótesis que nos han impuesto a los catalanes, es nuestra casa y Cataluña se aleja más y más de sí misma con esta ley”, argumentó el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, quien arremetió también contra el Gobierno catalán por lo que calificó de “odio subvencionado contra España” y vaticinó que la ley no entrará en vigor y el referéndum no se celebrará, continuó El País.
Fuente: El País
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