CAROLINE B. GLICK: Romper la corte imperial de Israel

Enlace Judío México.- Si la Knesset y el gobierno no actúan inmediatamente para poner fin al escalonamiento del golpe judicial de la Corte Suprema, dentro de 10 años no habrá ceremonia para marcar los 60 años de asentamiento.

El primer ministro Benjamin Netanyahu recibió una línea de aplausos que debería haber tirado abajo la casa en su discurso en la ceremonia oficial del miércoles celebrando los 50 años de asentamiento en Judea y Samaria, el Valle del Jordán y los Altos del Golán.

Netanyahu habló ante una multitud de miles en Gush Etzion, que fue destruido por la Legión Árabe en la Guerra de Independencia y reconstruido por los hijos de sus masacrados defensores inmediatamente después de que el área fuera liberada en la Guerra de los Seis Días de 1967.

Netanyahu prometió al público: “No habrá más desarraigo de asentamientos en la Tierra de Israel”.

Recibió aplausos entusiasmados. Pero no tiró la casa abajo. Y el resto de su discurso fue recibido con una recepción tibia en general, a pesar de que tocó todas las teclas.

Y eso tiene sentido. Por mucho que la audiencia quisiera creerle a él y sus promesas de continuar construyendo en el corazón bíblico y estratégico del país, no podían.

Sabían que bajo el actual régimen legal que gobierna el país, no corresponde a los funcionarios electos decir si las comunidades serán construidas o destruidas.

Eso depende de la Corte Suprema, cuyos jueces se han apoderado del poder para determinar cualquier aspecto de la ley y la política israelíes que deseen. Y la Corte Suprema, bajo la presidenta retirada Miriam Naor, estuvo boicoteando la ceremonia oficial del estado.

La decisión de Naor de lanzar el protocolo oficial de los siete vientos, dictando que un representante de la corte está presente en todas las ceremonias estatales, no fue automática. Primero había aceptado enviar un juez a la ceremonia. Pero después de recibir una petición del partido radical Meretz de reconsiderar su decisión, la revocó.

La ceremonia, insistió ella, era “polémica”.

Por lo tanto, el mismo juez que participó tanto en la ceremonia oficial para celebrar la reunificación de Jerusalem a principios de este año como en una conferencia auspiciada por grupos radicales y anti-Israel en diciembre pasado, anunció que no asistiría ningún representante de la Corte Suprema.

La decisión de Naor de unirse a Meretz, con su facción de cinco miembros en la Knesset, e ignorar 70 años de protocolo, no fue un evento aislado.

Durante las últimas semanas, el tribunal ha publicado una avalancha de decisiones radicales que, por separado y en conjunto, representan lo que muchos expertos refieren como una segunda revolución judicial.

La primera revolución judicial se llevó a cabo en la década de 1990 por el entonces presidente de la Corte Suprema, Aharon Barak. Basado en su dudosa interpretación de la Ley Fundamental: Dignidad Humana y Libertad, aprobada en 1992 por una Knesset desinteresada, (sólo 53 de los 120 miembros de la Knesset participaron en la votación), Barak se apoderó del poder para revocar las leyes de la Knesset.

La interpretación de Barak de la Ley Fundamental, junto con sus decisiones radicales que dieron pie a partidos no afectados por el fondo de sus peticiones ante la Corte Suprema actuando como Tribunal Superior de Justicia, inició su revolución judicial. Esa revolución convirtió al tribunal en el brazo más poderoso del gobierno, sin que la Knesset ni el poder ejecutivo pudieran controlar ni equilibrar su creciente poder.

Hasta sus recientes decisiones, como Barak, sus sucesores han tenido cuidado de mantener por lo menos una presunción de que sus decisiones se basan en la ley israelí.

Las sentencias recientes indican que los jueces ya no se sienten obligados a hacerlo.

Entre otras cosas, el tribunal dictaminó que la legislatura y el poder ejecutivo no tienen derecho a interpretar la Ley Fundamental que rige el presupuesto estatal para permitirles aprobar un presupuesto de dos años. Al hacerlo, la corte allanó el camino para que cancelara las Leyes Básicas, que se supone tienen una posición constitucional.

El tribunal canceló una ley que instituye un impuesto especial sobre las personas que poseen más de dos apartamentos.

El fallo no discutió los méritos de la ley.

Más bien, los jueces cancelaron la ley porque afirmaron que los legisladores no lo debatieron durante el tiempo suficiente antes de aprobarla. En otras palabras, el tribunal se dio el derecho de anular las leyes sobre cuestiones procesales más que sustantivas y legales.

El tribunal dictaminó que la ley que permite al gobierno deportar a extranjeros ilegales a terceros países no puede ser ejecutada a menos que el extranjero ilegal acepte salir. Así, el tribunal dictaminó que el gobierno no tiene derecho a hacer cumplir las leyes de inmigración de Israel y que la Knesset no tiene derecho a legislar leyes migratorias.

El tribunal decidió que el poder legal del ministro del Interior de remover los derechos de residencia de una persona es inaplicable en relación con los residentes de Jerusalem, miembros del grupo terrorista de Hamás, que han sido elegidos para servir como legisladores palestinos en el Consejo Legislativo Palestino.

En otras palabras, el tribunal decidió que la ley de 1952 es ilegal porque los jueces piensan que debería ser ilegal.

El tribunal canceló la ley de la Knesset que rige el proyecto de ultra-ortodoxos israelíes porque los jueces pensaron que no era lo suficientemente estricto.

Ninguna de estas resoluciones se basaba en la ley permanente. De hecho, en realidad no se basaban en la ley. Y como la próxima presidente de la Corte Suprema, Esther Hayut, dejó en claro esta semana, la ausencia de fundamentos legales para las sentencias judiciales no es coincidencia.

En un discurso ante el Colegio de Abogados, Hayut comparó a los jueces con Dios.

En sus palabras, “Hay una desventaja que tenemos los jueces de carne y sangre en comparación con el Creador del Universo. Incluso en las situaciones en que comprendemos con bastante rapidez el dilema que nos llevó a los peticionarios, a menudo sucede que la solución que consideramos justa y apropiada no es posible bajo la práctica y los requisitos de la ley. Estas situaciones, en mi opinión, están entre las más difíciles y complejas con las que nosotros, como jueces, debemos lidiar”.

Hayut continuó: “¿Cómo podemos establecer un puente entre la ley y lo que es correcto? Encontrar una respuesta a esta pregunta, descubrir el secreto … la “especia” es quizás una de las mayores tareas que tenemos ante nosotros como jueces“.

Dados los recientes juicios de sus colegas, las intenciones de Hayut son evidentes. Su corte abandonará la ley siempre que contradiga el sentido de los jueces de lo que es correcto. Y dada la uniformidad ideológica de la corte, el sentido de derecho de sus jueces siempre estará alineado con Meretz, que nunca, nunca ganará una elección nacional.

Lo que nos lleva a Turquía.

Hasta que el AKP del presidente turco Recep Tayyip Erdogan ganó sus primeras elecciones parlamentarias en 2002, Turquía era una semi-democracia. Los votantes turcos eligieron a su parlamento y a su presidente.

Pero los poderes de ambos fueron controlados por los militares. Los generales estaban constitucionalmente obligados a derrocar a cualquier político que de alguna manera pusiera en peligro el carácter secular de Turquía.

Menos de 15 años después de que Erdogan y su AKP llegaran al poder, los militares fueron abatidos, su poder constitucional eliminado. Pero también lo fue la semi-democracia de Turquía, y su carácter secular.

Erdogan hoy es un dictador. Y Turquía se hace cada vez más abiertamente islamista.

Lo que pasa es que Turquía no tenía historia democrática. Es por eso que los redactores de su constitución insertaron a los militares como guardianes del secularismo turco, para protegerlo de los impulsos islamistas y antidemocráticos del público.

En cuanto a los militares, los generales realmente limitaron sus intervenciones en la política a los casos en que los generales estaban convencidos de que el orden secular de Turquía estaba en peligro.

La situación es que Israel es diferente en ambos aspectos.

Los ciudadanos de Israel nunca han querido ni apoyado nada más que la democracia. No hay ninguna posibilidad de que esto cambie. De hecho, la devoción del público a la democracia ha crecido desde que Barak instituyó la primera revolución judicial hace 25 años.

En cuanto a los magistrados, a diferencia de los generales turcos, intervienen en todos los aspectos de la vida israelí que desean. Ellos no reconocen límites a su poder. Rechazan las preguntas sobre los exámenes actuariales. Ellos deciden que comunidades enteras deben ser destruidas o construidas. No hay nada que les impida decidir que el gobierno no tiene derecho a ordenar a las FDI que vayan a la guerra. Y de hecho, dado su actual aferro al poder, hay toda razón para asumir que tal decisión es posible.

En un intento por frenar el poder del tribunal, este mes, el ministro de Educación, Naftali Bennett, y la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, presentaron un proyecto de ley que dicen que hará el truco. El proyecto de ley Bennett-Shaked modificaría la Ley Fundamental: la Knesset de manera que permitiera a la Knesset anular las decisiones de la Corte Suprema para cancelar la legislación.

Hay varios problemas con el proyecto de ley.

En primer lugar, es demasiado limitada. Los jueces no sólo han aprovechado el poder de la Knesset para aprobar leyes. Se han apoderado del poder del gobierno para ejecutar las leyes.

A menos que también se trate, la Corte Suprema continuará gobernando sin controles ni equilibrios.

Entonces, también, si la enmienda propuesta se aprueba, realmente dará poder al tribunal.

Una vez más, Barak no tenía base legal para arrogarse el poder de cancelar las leyes debidamente promulgadas. Si el proyecto de ley Bennett-Shaked pasa, proporcionará a la corte el poder legal que le falta y por lo tanto hará su revolución irrevocable.

Finalmente, como dijo Hayut, y como muestran recientes decisiones judiciales, el tribunal ya no está interesado en las leyes de la Knesset. Además, se ha apoderado del derecho a cancelar las Leyes Básicas. En consecuencia, no dudará en anular y anular la enmienda Bennett-Shaked de la Ley Fundamental: la Knesset.

Para abrogar las acciones de la corte y restaurar la democracia israelí, la Knesset y el gobierno no pueden adoptar medias medidas. Deben modificar la Ley Fundamental: Poder Judicial, para negarle al tribunal el derecho a cancelar las leyes.

Deben instituir reglamentos y, si es necesario, aprobar leyes que obliguen al Tribunal Superior de Justicia a basar sus resoluciones en pruebas.

El Comité de Selección Judicial, que permite que los magistrados se designen a sí mismos, se debe cerrar. El poder para seleccionar jueces debe ser transferido al gobierno. La Knesset debe estar facultada para aprobar los nombramientos judiciales.

El gobierno y la Knesset deben poner fin al control efectivo de la corte sobre el fiscal general, la fiscalía estatal y los asesores legales de los ministerios gubernamentales y la Knesset.

Con este fin, todos los nombramientos de consejeros superiores deben ser prerrogativa del gobierno, el ministro pertinente o, en el caso de la Knesset, del presidente de la Knesset. Los nombramientos deben ser finales y no susceptibles de impugnación judicial.

Por último, la afirmación de Barak de que “Todo es justiciable” debe ser rechazada ya sea en la legislación o a través de los reglamentos del Ministerio de Justicia. Para presentar una petición ante el tribunal, los peticionarios deben demostrar que están directamente afectados por lo que sea que están solicitando.

Esto nos devuelve a la ceremonia oficial en Gush Etzion el miércoles por la noche. Dada la velocidad de la toma de poder por parte de la corte y su abierta alianza ideológica con Meretz, si la Knesset y el gobierno no actúan inmediatamente para poner fin al escalonamiento del golpe judicial de la Corte Suprema, dentro de 10 años no habrá una ceremonia para marcar los 60 años de asentamiento en Judea y Samaria, los Altos del Golán y el Valle del Jordán.

Los jueces no lo permitirán.

Fuente: The Jerusalem Post – Traducción: Silvia Schnessel – Reproducción autorizada con la mención: ©EnlaceJudíoMéxico